- Se avanza en la Controversia Constitucional y en los Juicios de Amparo promovidos en favor de las comunidades zoques, expuso el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado.
El Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, Víctor Hugo Alejo Torres, señaló que existe un importante avance en el proceso de la Controversia Constitucional presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para lograr una solución definitiva al problema limítrofe que mantienen San Miguel y Santa María Chimalapas con el estado de Chiapas, con la confianza que antes que concluya la actual administración estatal, se tenga el fallo de ese Máximo Tribunal Constitucional del país.
En el marco de su comparecencia ante diputados de la Comisión Permanente de Administración de Justicia de la LXI Legislatura local, el funcionario expuso también el avance que se tiene en los Juicios de Amparo 141/2012 y 143/2012, que se siguen en el Juzgado Sexto de Distrito en Salina Cruz, precisando que este 10 de abril se presentarán las pruebas testimoniales de la violación por parte del vecino estado de Chiapas ante la creación del supuesto municipio de Belisario Domínguez en territorio oaxaqueño.
Esperamos –dijo- acreditar la violación de Chiapas contra Oaxaca y que quienes incurrieron en ello -dependiendo del rango administrativo- sean sancionados, precisando que se puede llegar hasta el juicio político, toda vez que se cuenta con documentación de la licitación, ejecución y presupuesto autorizado en obras de infraestructura para ese supuesto asentamiento chiapaneco, lo cual constituye una violación a los derechos territoriales que favorecen a los pueblos zoques.
Asimismo y en presencia de autoridades agrarias y municipales, así como de habitantes de San Miguel y Santa María Chimalapas que acudieron al recinto legislativo, el Consejero Jurídico destacó el trabajo de investigación y documentación histórica que ha promovido el Gobierno del Estado ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que se reconozca los límites trazados en el año de 1549, para lo cual se ha ofrecido pruebas con el sustento documental, jurídico y constitucional correspondiente.
“No se busca que se establezca un nuevo límite, sino que se reconozca la misma línea limítrofe”, recalcó
Dijo que esto ha permitido que se nombre a una perito especialista en Geografía, para que determine cuales son realmente los límites territoriales entre ambas entidades, pero sobre todo, que se reconozcan los derechos de los pueblos y comunidades Chimas.
Apoyado a través de un video ilustrativo que muestra los cambios socio-demográficos que ha tenido la zona de los Chimalapas ante las invasiones por parte de Chiapas, Alejo Torres mencionó que por instrucciones del Gobernador Gabino Cué Monteagudo, este problema se está atendiendo como no se había hecho en administraciones pasadas, que solo buscaban soluciones temporales.
“Hoy hemos iniciado una acción de Controversia Constitucional sustentada en una investigación seria, con el debido sustento documental y jurídico”, asentó.
Alejo Torres mencionó que en esta Controversia participan 19 ayuntamientos de la zona del Istmo de Tehuantepec y 12 ayuntamientos del Distrito de Yautepec, es decir, al día de hoy participan en la defensa territorial de los Chimalapas, un total de 31 municipios de la entidad.
Precisó que en total son tres las Controversias Constitucionales interpuestas ante el máximo tribunal de justicia en el país, así como dos juicios de amparo en curso. En ambos existe una ordenanza para que ninguna de las dos entidades realice acciones que contravengan a las indicaciones señaladas por las autoridades judiciales correspondientes.
En su exposición, recordó que a partir del 14 de febrero del 2012 existe una suspensión otorgada en favor de Oaxaca, tanto por la Controversia como por los juicios agrarios que se han promovido.
Finalmente, el Consejero Jurídico mencionó que la labor de la Consejería ha sido permanente en este caso y refirió que se han llevado a cabo 21 reuniones informativas y recorridos por los Chimalapas, además de asistir en 33 ocasiones al Juzgado de Distrito para ofrecer pruebas en los juicios de amparo, así como acudir en varias ocasiones ante la Suprema Corte de Justicia, para dar seguimiento a la Controversia Constitucional.
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