* En el caso del proyecto Eólica del Sur, en el Istmo de Tehuantepec, una vez más el gobierno es el promotor del modelo de explotación eólica en el que los beneficios reales quedan fuera de las comunidades locales y en el que los ecosistemas se conciben como el obstáculo a vencer para el desarrollo de infraestructura.
Fernando Córdova Tapia / Animal Político
En los últimos años, la implementación de parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec ha causado muchos conflictos debido a que ha estado acompañada del despojo de las comunidades locales, la exclusión de la población en la toma de decisiones, graves impactos ambientales, opacidad en los beneficios económicos y el menosprecio a las opiniones de los especialistas. El modelo de explotación eólica imperante en el Istmo favorece a las empresas desarrolladoras, limitando los beneficios para las comunidades locales y acrecentando el rechazo social a los proyectos (1). En el siguiente mapa se pueden observar todos los parques eólicos de la región. Actualmente, la zona no cuenta con un estudio regional que evalué los impactos acumulativos tanto ambientales como sociales. La falta de este estudio es sumamente grave si tomamos en cuenta que otorgar permisos para construir más parques en la región es una prioridad para el gobierno federal.
Por primera vez en México, en octubre de 2014 se realizó una consulta para una mega-inversión. Se trata del proyecto “Eólica del Sur”. De acuerdo con el Convenio 169 de la OIT, esta consulta debe ser previa, libre, informada y culturalmente apropiada. Sin embargo, en este caso la consulta no fue ni previa, ni libre, ni informada, ni culturalmente apropiada. En esta liga se puede consultar toda la información respecto a la consulta indígena en Juchitán de Zaragoza para la instalación del parque eólico “Eólica de Sur”. Dentro del marco de la consulta se conformó un Grupo Asesor pluridisciplinario e interuniversitario. Como parte de las actividades del Grupo Asesor, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS) analizó la Manifestación de Impacto Ambiental y el Resolutivo emitido por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. A continuación se enlistan los puntos más importantes del estudio “Análisis de la Manifestación de Impacto Ambiental y del Resolutivo del Proyecto “Eólica del Sur” MIA-20OA2013E0071”.
1) Existe un conflicto de interés en la elaboración y autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental. El Socio Fundador de la empresa que elaboró la Manifestación de Impacto Ambiental es actualmente el Subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
2) Existen muchas inconsistencias con respecto a la superficie de Selva Baja Espinosa que será talada para la construcción de este proyecto. Nuestro análisis muestra que existe falsedad de información y que el promovente pretende talar el 100% de la superficie selvática sin proponer ninguna medida de compensación.
3) La delimitación del Sistema Ambiental Regional es arbitraria y excluye casi por completo los 11 parques eólicos que se encuentran ya en operación en la región. Esta omisión deliberada hace imposible que exista una evaluación real del impacto acumulativo de las plantas eólicas a nivel regional.
4) El promovente omite la importancia biológica de esta zona. De acuerdo con la CONABIO, la zona en la que se pretende realizar el proyecto es un Corredor Biológico que forma parte del Corredor Biológico Mesoamericano. Esta es una macroregión geográfica y cultural de vital importancia por su diversidad, donde confluye la S. M. Oriental, S. M. Occidental, S. M. del Sur y el clima húmedo del Golfo con el seco del Pacífico, lo que le da una gran riqueza de flora, fauna y un alto grado de endemismos.
5) Los muestreos de fauna son insuficientes, por lo tanto, tienden a subestimar lo impactos del proyecto.
6) De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental, de los 147 impactos que se generarán, el 81.63% corresponde a impactos negativos, mientras que únicamente el 18.37% se reconoce como un impacto positivo.
A pesar de estas inconsistencias, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT aprobó el proyecto de manera inadecuada mediante recomendaciones limitadas. Esto resulta completamente inaceptable debido a la magnitud del proyecto y a los impactos ambientales y sociales que generará a mediano y largo plazo.
Una vez más el gobierno es el promotor del modelo de explotación eólica en el que los beneficios reales quedan fuera de las comunidades locales y en el que los ecosistemas se conciben como el obstáculo a vencer para el desarrollo de infraestructura. Así pues, es evidente que estamos lejos de comprender lo que significa la energía “verde” en México y sobre todo de lograr una transición hacia la generación de energía sustentable.
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