Oscar Rodríguez
Integrantes de la agrupación civil denominada “Ciudadanos Organizados por la Democracia”, denunciaron que la Constitución de Oaxaca es inexistente y que el documento ubicado en el Archivo General del Estado es falsificado.
Representado por el abogado Ramsés Reyes Retana, los inconformes demandaron al gobierno de Oaxaca se otorgue una explicación clara y precisa sin ambigüedades, respecto a la falta de autenticidad del documento que ampara la constitución de Oaxaca, cuando se han encontrado en el documento varias inconsistencias y deficiencias en el documento original que hacen parecer que fue falsificado y en consecuencia demandan que se presente los peritajes de autenticidad del documento.
“Hemos revisado el documento que fue presentado como documento catalogado y que se refiere a la promulgación de la Constitución de Oaxaca de 1922 y su bando solemne y encontramos que presenta sellos distintos, además de medidas y bordes distintos que generan duda.
También hay equivocaciones en las fechas y textos de las actas ya que el documento no fue publicado, pero fue promulgado, ademas hay una ruptura que divide al bando solemne en dos segmentos y no hay coincidencias entre sí”.
Reyes Retena, afirmó que en la búsqueda de verificar la autenticidad de la constitución se ha acudido ante juzgados federales que a su vez han pedido a la Secretaria de Gobernación (SEGOB) como a la Procuraduría General de la República (PGR) se habilite un perito en discordia para certificar con uso de alta tecnología si el documento que se encuentra en el archivo central de Oaxaca y que tiene la leyenda de constitución de 1922 es auténtico o falso.
El abogado califico como grave de confirmarse la inexistencia de la constitución, ya que se generaría en Oaxaca un vacío legal de enorme consecuencias civiles que tendría que ser resuelto mediante un juicio de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por que muchas normas y actos legales quedarían inciertos y se tendría que llamar a un nuevo constituyente para cumplir con el principio legislativo.
Incluso afirmó en primer punto se tendría que llamara cuentas para que sean sancionados penalmente a los funcionarios del gobierno de Oaxaca que habrían incurrido en la presunta falsificación del documento que ha sido presentado como constitución, entre ellos el propio Consejero Jurídico Víctor Hugo Alejo Torres y el ex director del archivo central Carlo Magno, además del actual titular de dicha oficina Manuel Antonio Iturribarria.
“Nosotros ya estamos preparado una denuncia penal contra los servidores públicos que estuvieron involucrados en la falsificación del decreto de promulgación de la constitución de 1992 y del bando solemne correspondiente
¿Qué lo llevo a llevar a cabo esta investigación, donde usted descubre que la constitución de Oaxaca es falsa?.
-La defensa jurídica de unas personas procesadas por un delito del fuero común y donde la Litis es declarar de inexistente el código penal que viene emanado como ley secundaría de una constitución falsa e inexistente-
¿De quién depende declarar la invalidez de la constitución y el vació legal en Oaxaca en caso de comprobarse que el documento en cuestión es falso?
-A los jueces de distrito y ministros de la SCJN con su sentencia.
¿Y que esta deteniendo tal sentencia?
-El peritaje que se ha pedido a SEGOB y la PGR del documento en duda radicado en el archivo central del estado-
Reyes Retana afirmó que no hay prescendente histórico en el país respecto a una constitución inexistencia y falsificada como la que se esta exhibiendo en Oaxaca.
Además de que puntualizó que el archivo general de la Nación, no se encuentra algún documento que ampare la constitución general de Oaxaca.
Lamentó que haya falta de voluntad del gobierno oaxaqueño para aclarar la situación y denunció que el actual director del archivo central Manuel Iturribarria, ordenó sacar al equipo que intentaba realizar peritajes judiciales al documento en cuestión, con el pretexto de que no había el personal que nos brindara resguardo del documento, a pesar de que ya había un mandato legal ordenado por un juez de distrito.
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