Que controversia…
En cifra millonaria aún no revelada, la Secretaría General de Gobierno del estado de Oaxaca a cargo del contador Jesús Martínez Álvarez, contrató los servicios de los abogados Pedro Alberto Nava Malagón y Eduardo Romero Tagle de la ciudad de México, para que elaboraran la demanda de Controversia Constitucional que tiene en riesgo un basto y rico territorio oaxaqueño en la región de los Chimalapas. La contratación de los mencionados abogados se hizo sin la intervención de la Consejería Jurídica del Ejecutivo y sin consultar al propio Gobernador. Ante el riesgo de que no sea admitida la demanda, o que aún siendo admitida el juicio, sea sobreseído, desde ahora perversamente se ha buscado a un chivo expiatorio, el Consejero Jurídico, licenciado Víctor Hugo Alejo. Lo anterior se sabe, por la magnitud de las nuevas atribuciones que la Reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo le concedieron a esta último y se necesita un pretexto para bajarlo del cargo.
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