• Ante resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre recursos de reclamación, adelanta que se agotarán las vías legales para defender el territorio oaxaqueño • No está en riesgo nuestro territorio ni nuestra soberanía, pues únicamente posponen la resolución del conflicto, observa el mandatario • La defensa integral incluye al menos 12 acciones legales que el Gobierno del Estado ejerce ante diferentes instancias
El Gobernador Gabino Cué Monteagudo reiteró su compromiso irrenunciable e impostergable de defender con la razón y el derecho el territorio Zoque-Chimalapa, así como la jurisdicción política y administrativa que históricamente corresponde a Oaxaca, “defensa que haremos por todos los medios legales a nuestro alcance”.
Este miércoles, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conoció y resolvió los recursos de reclamación número 5/2012, 6/2012 y 7/2012, derivados de las Controversias Constitucionales interpuestas en contra del decreto número 008 emitido por el Congreso del Estado de Chiapas, mediante el cual erigió el nuevo municipio “Belisario Domínguez” en territorio oaxaqueño.
El mandatario estatal explicó que las controversias presentadas forman parte de una amplia estrategia de defensa legal, por lo que el desechamiento de las controversias “no ponen en riesgo nuestro territorio ni nuestra soberanía, pues únicamente posponen la resolución del conflicto hasta que concluya el proceso de reforma Constitucional en el que se devuelve a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la facultad de resolver estos conflictos”. Sin embargo, mostró su respeto a la resolución emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque dijo que hasta el momento no han sido notificados formalmente de la determinación adoptada.
“Respetamos plenamente la resolución emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque, como hemos señalado no compartimos sus consideraciones. Lo resuelto debe entenderse dentro de los escenarios previstos en esta acción legal”, agregó.
Enseguida recordó que la premisa fundamental con la que el gobierno y ambos municipios parten para plantear las Controversias Constitucionales, es que no existe conflicto por límites entre Oaxaca y Chiapas, al estar definido el límite político administrativo en nuestra Constitución y en la Constitución chiapaneca, “ ni tampoco existe expediente de conflicto por límites en el Senado de la República”, puntualizó.
Consideró que no se analizó a fondo, pues no se ocuparon de los argumentos planteados por los municipios de Santa María y San Miguel Chimalapa, ante la violación a sus derechos indígenas a la consulta y consentimiento libre previo e informado, así como a su derecho a la integridad de sus territorios ancestrales y como pueblos.
“Los municipios señalaron que con independencia de que exista o no conflicto limítrofe, esta violación es suficiente para decretar la anticonstitucionalidad del decreto que crea el pretendido municipio ‘Belisario Domínguez’ pues implica la segregación de 6 Agencias Municipales de los pueblos chimalapas. Con esta resolución, se soslayan derechos contenidos en tratados internacionales suscritos por la Federación”, explicó.
Afirmó que esta resolución constituye un pronunciamiento de forma, relativo a la competencia de la Corte en el que “esperábamos una definición de lo que habría de entenderse por conflicto por límites; la resolución de fondo sobre la línea que habrá de dividir nuestra Entidad con el Estado de Chiapas, habrá de definirse posteriormente, en el que, no tenemos duda, la razón y la justicia nos asiste”.
Agregó que la defensa integral incluye por lo menos 12 acciones que el Gobierno del Estado y las comunidades de los chimalapas están impulsando: por la vía de límites ante la SCJN, una vez que el máximo tribunal recupere esta facultad, así como por la vía conciliatoria acatando un Punto de Acuerdo del Senado de la República.
Asimismo, por la vía de la Secretaría de Gobernación como garante del pacto Federal; por la vía de la defensa Agraria, solicitando la nulidad de los ejidos creados en tierras comunales, y por la vía de la defensa forestal, buscando la anulación de los permisos de explotación forestal.
También por la vía de la defensa ambiental, por la depredación provocada por los madereros de Chiapas que ponen en riesgo especies en peligro de extinción; por la vía de la regularización electoral; por la vía de la regularización de los procesos de planeación y ejecución de obras y proyectos productivos, a través de las dependencias federales; por la vía de la Comisión Interamericana para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, y por la vía del amparo otorgado por un juez federal que ordena suspender cualquier acto del gobierno de Chiapas en tierras comunales chimalapas.
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