Una auditoría a la gestión del exgobernador de Oaxaca Ulises Ruiz descubrió que cinco de sus colaboradores en el sector salud dispusieron de manera opaca y arbitraria de más de 90 millones de pesos. Y aunque ya había órdenes de aprehensión contra ellos, por algunos “errores” de procedimiento esos requerimientos fueron revocados.
Pedro MATÍAS
OAXACA, OAX. (Proceso).- Hace 20 meses el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, asumió el cargo y se comprometió a castigar a los funcionarios de la administración anterior, la del priista Ulises Ruiz Ortiz, por el daño patrimonial causado a la entidad por más de 4 mil millones de pesos. Pero la promesa se esfuma al paso del tiempo.
Pese a que ya han concluido más de 45 auditorías y otras están en proceso, hasta la fecha ningún exfuncionario de primer nivel del sexenio ulisista ha pisado la cárcel; al contrario, por “errores de procedimiento” la Procuraduría General de Justicia del Estado “revocó” las órdenes de aprehensión libradas contra cinco de ellos.
Respecto del expediente 050/RA/2012 –donde se señala al exdirector general de los Servicios de Salud, Martín de Jesús Vásquez Villanueva; a su sucesora Sofía Laura León Silva; al subdirector general de Administración y Finanzas, Sergio Roberto Patoni y Partida; al director de Administración, José Yuri Arias Cruz, y a la jefa de la Unidad de Servicios al Personal, Marina Martha Martínez Tamayo– apenas hace cuatro meses se notificó que se ordenó el inicio de procedimiento de responsabilidad por presuntas faltas administrativas cometidas en el ejercicio de sus funciones.
Aunque el 29 de noviembre de 2011 se recibió el memorándum para iniciar procedimiento de responsabilidad administrativa disciplinaria contra estos cinco exfuncionarios, no fue sino hasta el pasado 17 de abril cuando el director de Procedimientos Jurídicos de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Rafael Edelmiro Cervantes Ortega, ordenó al secretario de Salud y director general de los Servicios de Salud de Oaxaca, Germán de Jesús Tenorio Vasconcelos, el inicio del procedimiento de responsabilidad contra los señalados por provocar daños y perjuicios al erario por 93 millones 210 mil 890 pesos.
Y no fue hasta el 14 y 15 de mayo cuando se citó a una audiencia de ley a León Silva, Patoni y Partida, Arias Cruz y Martínez Tamayo, no así al ahora diputado federal Martín Vásquez Villanueva, aunque se indica que “se encuentra en proceso de notificación”.
A los indiciados se les acusa de haber autorizado compensaciones y gratificaciones anuales a personas que no trabajaban en los Servicios de Salud, nóminas de listas de raya sin justificación ni documentación comprobatoria y bonos anuales del ejercicio fiscal 2010 sin la justificación ni autorización correspondientes.
Trabajadores inexistentes
La Dirección Jurídica de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental había ordenado el inicio de un procedimiento de responsabilidad administrativa disciplinaria contra esos cinco exfuncionarios que violaron la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca.
La auditoría detectó que hicieron pagos improcedentes de compensaciones y gratificaciones anuales por 20 millones 336 mil 464 pesos a 160 personas que no aparecían en la plantilla laboral de los Servicios de Salud.
Observó que se hicieron pagos por 60 millones 388 mil 928 pesos para una nómina de lista de raya para la cual no presentaron justificación ni documentación comprobatoria y descubrió que se hicieron pagos por 12 millones 485 mil 498 pesos como gratificación anual del ejercicio 2010, sin la autorización correspondiente.
De estas tres observaciones la más grave es el pago de más de 60 millones de pesos para la nómina de lista de raya que afectó la partida 1308 del programa de Brigadas Móviles, que atienden localidades de alta y muy alta marginación.
Esos más de 60 millones se depositaron en la cuenta 0629805187 del Grupo Financiero Banorte entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2010; la auditoría advirtió la “falta de evidencia documental que demostrara la existencia de la relación laboral con los Servicios de Salud de Oaxaca, de las personas que se señalan en las mencionadas listas de raya”. Es decir que no se anexó la documentación comprobatoria de la personalidad de los trabajadores.
De igual manera las pólizas de egresos “no cuentan de manera clara y precisa entre otros datos con el nombre y apellido de las personas que recibieron los cheques, firma autógrafa y fecha de recepción”.
Por lo tanto se desconoce quién o quiénes hicieron efectivo el cobro de los cheques que además fueron expedidos a nombre de los Servicios de Salud de Oaxaca en vez de a nombre de los presuntos trabajadores.
Asimismo los pagos hechos por concepto de nómina de personal de lista de raya no están justificados pues “no tienen la autorización previa del Consejo de Administración de los Servicios de Salud de Oaxaca para operar el Programa de Brigadas Móviles”.
Además durante 2010 se emitieron cheques quincenales por 20 millones 336 mil 464 pesos –de la cuenta 0629805187 del Grupo Financiero Banorte– para 160 personas que no estaban en la planta laboral de los Servicios de Salud.
También se detectó en noviembre de 2010, a finales de la administración de Ruiz Ortiz, que los Servicios de Salud ejercieron recursos por un monto de 3 millones 713 mil 787 pesos para pagar servicios personales a 159 personas que tampoco están en las plantillas laborales.
El concepto de este pago es “por compensación de servicios eventuales, de responsabilidad al puesto o por función que desempeña” y otras prestaciones y gratificación anual.
El resultado de la auditoría muestra que de las 160 personas no localizadas en las plantillas de personal de los Servicios de Salud, 22 tenían relación laboral o se encontraban adscritas en 2010 a otras dependencias o entidades del Ejecutivo oaxaqueño, según el oficio SA/DRH/USP/3975/2011 que emitió la Secretaría de Administración.
En cuanto a la tercera observación de la auditoría, se menciona que Sofía Laura León Silva, Sergio Roberto Patoni y Partida; José Yuri Arias Cruz y Marina Martha Martínez Tamayo autorizaron pago de gratificación anual a 442 personas adscritas a los Servicios de Salud por 12 millones 485 mil 498 pesos, a través de la cuenta 0629805187 de Banorte, durante octubre y noviembre de 2010.
De ese monto, 6 millones 311 mil 228 pesos se repartieron entre 62 personas que recibieron gratificaciones que fueron de 50 mil a 600 mil pesos sólo por el ejercicio fiscal 2010, pero entre los beneficiarios de esas gratificaciones –autorizadas, dice el documento, de manera “unilateral y arbitraria”– están los propios servidores públicos que autorizaron los pagos, entre ellos el actual diputado electo del PRI Martín Vásquez Villanueva, quien por ese concepto cobró 300 mil pesos.
Destacan también el líder de la sección 35 del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Jenoé Ruiz López, quien recibió 204 mil pesos; la secretaria de Salud de la última etapa de la administración anterior, Sofía Laura León Silva, quien se asignó casi 500 mil; y el coordinador general de Supervisión y Apoyo Técnico, Francisco Rafael Reyes Velásquez, quien recibió 600 mil pesos.
El secretario técnico de la Secretaría de Salud, Óscar Adrián Patoni y Partida, cobró 341 mil 514 pesos; el jefe del Departamento de Operación y Pagos, Óscar Adrián Quintana López, 210 mil; y la directora de Enseñanza y Calidad, Rosa Lilia García Cavanagh, 106 mil 524 pesos.
Además Teresa García García, identificada como asistente de jefatura, recibió 45 mil pesos, y a la jefa de la Unidad de Enfermería, Minerva Hernández Cruz, le correspondieron 90 mil 156 pesos, mientras que cada uno de los seis jefes de jurisdicción sanitaria recibió 74 mil pesos y el chofer de la jefatura, Pedro Cerero Pacheco, alcanzó 40 mil pesos.
El acelerador desaparecido
Cabe recordar que la Procuraduría General de la República (PGR) –según consta en el expediente PGR/OAX/OAX/V/161/2011– investiga la presunta desaparición del equipo integral de radioterapia con acelerador lineal que costó 118 millones 860 mil pesos y que fue adquirido para atender los cánceres de mama y cérvico-uterino, principales causas de muerte entre las oaxaqueñas.
Ese equipo con tecnología de punta nunca ingresó al almacén estatal de bienes de activo fijo de los Servicios de Salud de Oaxaca, aunque la empresa Corphomed S.A. de C.V., asegura haberlo entregado entre el 21 de agosto y el 11 de septiembre de 2008 (Proceso 1825).
De acuerdo con el contrato de adquisición de bienes de inversión –que se encuentra en poder de la PGR–, éste le fue adjudicado a Corphomed mediante “asignación directa” con número AD/OAX/017/07. El proyecto consistía en construir un “búnker con acelerador lineal” con valor de 118 millones 860 mil pesos. Sin embargo el exsecretario de Salud Martín Vásquez Villanueva afirmó que el contrato de adquisición de ese equipo médico está desaparecido.
Al inicio de la presente administración estatal, el secretario de Salud, Germán Tenorio Vasconcelos, reconoció que el exgobernador Ruiz dejó 102 obras hospitalarias inconclusas y 52 litigios contra empresas constructoras que “no existen hoy, de las que no hay domicilio, no hay teléfono, incluso tenían domicilio de casas habitación”.
De las 102 obras hospitalarias que Ruiz dejó inconclusas destacan dos hospitales de 60 camas, uno en Matías Romero y otro en Tlaxiaco, así como seis hospitales de 30 camas, entre los que se cuentan los de Santa María Huatulco, Tehuantepec, Chalcatongo y Pochutla; 12 centros de salud ampliados que hay en Telixtlahuaca, Tlacolula, Acatlán de Pérez Figueroa y más de 50 centros de salud.
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