Por Sara Lovera (saraloveralopez@gmail.com)
México, marzo (Especial de SEMlac).- Las denuncias de acoso y persecución a periodistas, mujeres y hombres mexicanos permanecen sin atención por las autoridades y al menos en 73 casos no están abiertas averiguaciones; los mecanismos de protección no funcionan y, al carecer de apoyo económico y político oficial, se convierten en una simulación.
En cambio, las denuncias contra periodistas son rápidamente atendidas y estas se rodean de presiones o amenazas de autoridades o caciques. Hoy encontraron otro camino: la denuncia civil que atenta contra el patrimonio económico de las y los periodistas y empresas.
La comunicadora Ana Lilia Pérez, de 34 años y 16 de actividad periodística, huyó de México desde junio de 2012 arropada por organismos internacionales. Está en Alemania protegiendo su vida e integridad. Sufre amenazas, persecución, acoso y enfrenta un proceso civil que incluye a su medio (Revista Contralínea). El pretexto: haber documentado corrupción en Petróleos Mexicanos (PEMEX), la empresa del estado más importante de México.
Ella pertenece a una generación de las periodistas valientes, informadas y profesionales que han relatado el contorno y las consecuencias del mayor de los desastres en México: la violencia y la ingobernabilidad, sostiene la escritora Elvira García.
Desde Alemania, Ana Lilia declaró a SEMlac, en breve conversación telefónica: «me han perseguido hasta mi exilio, para intentar minar mi ánimo y mi decisión de no callar lo que investigo. En la embajada de México me citaron para interrogarme y acudí porque ‘no tengo miedo'», detalló.
Se trata de algo poco serio, sospechoso e inaceptable, declaró a la agencia el periodista Rogelio Hernández, coordinador de Protección de la Casa de los Derechos de Periodistas, y agregó: «tiene más visos de amedrentamiento, de inhibición al ejercicio profesional de la reportera, que un deseo de cumplir la ley».
Hernández aseguró que existen 73 expedientes de denuncias de periodistas, con elementos de persecución, sin que se haya abierto una indagación judicial. La audiencia en Alemania es «sospechosa y favorece al demandante Bueno Torio, quien pide que Ana Lilia nunca vuelva a publicar sobre él».
Lo cierto es que la Revista Contralínea, donde escribe Ana Lilia y constituida por 90 por ciento mujeres, ha sido acosada desde 2007 por sus revelaciones sobre la operación de Petróleos Mexicanos, donde participan funcionarios y empresas privadas.
Según el expediente de riesgos que tiene la Casa de los Derechos de Periodistas, la empresa editora de Contralínea, así como su personal, viven una situación de vulnerabilidad extrema: los agravios desde 2007 convirtieron a este grupo de editores y profesionales «en el único caso de los medios de prensa mexicana, que ha sufrido prácticamente toda la tipología de agresiones que padece el ejercicio periodístico en México: de vetos publicitario e informativo, agravios físicos o contra su patrimonio, amenazas, juicios civiles y persecución a sus periodistas, desde hace cinco años».
El riesgo que viven es el más alto hasta ahora encontrado para impedir que continúe con el ejercicio de periodismo de investigación.
La audiencia de Ana Lilia en Alemania, agregó Hernández, parece insólita y absurda. El juez a cargo parece ir por el mismo camino que la jueza 54, Yasmín Alonso Tolamatl, quien en otra demanda de daño moral ha dictado una condena aberrante para afectar a la revista.
Todo ello sucede en un ambiente lamentable. Las organizaciones de defensa de periodistas en México coinciden en que, durante el gobierno anterior, más de 89 profesionales fueron asesinados y son cientos los agravios.
Ante la creciente amenaza a la libertad de prensa que ya cobró una vida este año en Chihuahua, a escasos 100 días del nuevo gobierno, es evidente que los dispositivos para proteger a periodistas «son insuficientes y limitados», sostuvo Hernández. Se trata de acciones de «mucha simulación, pues a más de seis años de su creación, la llamada Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión no cuenta con una ley reglamentaria, ni más recursos o más personal para que actúe de oficio cuando hay agresiones a periodistas».
Sólo la autoprotección y la solidaridad gremial ayudan. Hirám Moreno, corresponsal de La Jornada en Salina Cruz, Oaxaca, dijo a SEMlac que vive amenazas de caciques pesqueros y hace casi un año que nadie averigua. Por eso acudió a su gremio.
Gloria Careaga, asesora del Instituto Nacional de las Mujeres y defensora de los derechos humanos, comentó que la tarea ética del periodismo es precisamente el informar a la población de hechos que le conciernen y no ha sido otro el trabajo de Ana Lilia.
«Ella, desde su labor, ha llamado la atención de los actos delictivos y de corrupción que empañan el trabajo de algunos servidores públicos y que afectan de manera importante al país, al grado de tener sumida en la pobreza a más del 80 por ciento de la población, mientras los actos de corrupción llevan a enriquecimientos impensables» puntualizó Careaga.
El oficio
La incursión de jóvenes periodistas, sobre todo mujeres, muestra una nueva energía periodística capaz de documentar la corrupción y la malversación de los fondos del estado, declaró a SEMlac la escritora Elvira García. Para las mujeres, además, hay misoginia, discriminación y abuso.
García, autora del libro Ellas tecleando su historia, que recoge las experiencias de 14 mujeres periodistas, muestra cómo su labor incomoda a editores y a implicados en investigaciones a políticos y autoridades. Tal es el caso de Ana Lilia Pérez, al definirla como firme y convencida de su profesión.
Ana Lilia vive en un estado de tensión desde 2007. Se le quiebra la voz, está desarraigada a la fuerza, extraña a sus cuatro hermanas, vive una guerra de terror, dice García.
Todo comenzó en agosto de 2007, cuando el emporio gasero Grupo Zeta (grupo de 80 empresas) enderezó contra ella – y la Revista Contralínea- una demanda por daño moral y a esa seguirían más, interpuestas por otros juzgados.
¿Qué es lo que vive? Según la maestra en psicología Gabriela Delgado, encargada por la Universidad Nacional Autónoma de México de un programa de Derechos Humanos, la persecución ocasiona trastornos emocionales que pueden ir desde el miedo hasta la paranoia, marca su comportamiento y su forma de pensar y sentir; imprime una huella permanente que deriva en estigmatización personal y social.
Y agregó: «En el caso de las y los periodistas, es un atentado contra su integridad, que afecta a la ciudadanía, considerando que las periodistas garantizan el derecho a la información y forman opinión crítica y libertad de expresión. Ello también afecta a la infancia, que se crea la imagen de que la profesión no vale la pena porque es de alto riesgo y con pocos beneficios».
Cuando se trata de una mujer, la situación violenta se agrava, los actos sobre ellas son más duros, inhumanos y quedan afectadas como víctimas directas, multiplicando el efecto a otras indirectas como sus familiares y amistades cercanas.
Hechos
El interrogatorio a Ana Lilia en Alemania se hizo dentro del juicio de carácter civil que promovió en su contra el diputado federal del Partido Acción Nacional Juan Bueno Torio ante los tribunales del DF, en agosto de 2011.
En el libro Camisas azules, manos negras, publicado en 2008, la periodista aborda el desempeño que Bueno Torio, como director de PEMEX Refinación, el cual provocó la reacción de los que, queriendo cobrar venganza por lo publicado, han llegado hasta el extremo de amenazar de muerte a la autora.
Por ello Ana Lilia Pérez dirigió el 13 de marzo una carta a la opinión pública:
«Durante los últimos 10 años, he dedicado parte de mi trabajo profesional a investigar y hacer públicos graves casos de corrupción de funcionarios de alto nivel de PEMEX. Como represalia, he sido objeto de amenazas de muerte, acoso judicial, agresiones, persecución, vigilancia, intervención telefónica, bloqueo informativo y un recurrente abuso de poder.
«Las amenazas se acentuaron en el 2008, cuando investigué y publiqué los contratos que Juan Camilo Mouriño, entonces secretario de Gobernación de Felipe Calderón, firmó como contratista de PEMEX, en una ilegal dualidad como funcionario público…me vi obligada a vivir y trabajar con una escolta personal y sistemas de seguridad diversos.
«En junio del 2012 me vi forzada a salir de México, bajo graves amenazas y en circunstancias que ponían en riesgo mi vida. …(hechos) documentados por organismos y organizaciones nacionales e internacionales en materia de libertad de expresión y derechos humanos? me acogí a un programa europeo de protección para perseguidos políticos, bajo un esquema de asilo temporal.
«En febrero del 2010 apareció (el libro)… publicado bajo el sello Grijalbo….En uno de sus capítulos aborda el desempeño que Juan Bueno Torio tuvo como director de PEMEX Refinación (del 2003 al 2006).
«El libro se presentó en espacios públicos y medios de comunicación… Durante 18 meses no hubo respuesta de Bueno Torio respecto de la información publicada, ni siquiera cuando fue consultado por diversos medios de comunicación…
«En diciembre del 2010, por unanimidad de los diputados federales de la LXII Legislatura, el Congreso de la Unión creó la llamada Comisión Especial pluripartidista …(encargada) de investigar las denuncias ciudadanas contenidas en el libro … según puede cotejarse en la Gaceta Parlamentaria, núm. 3164, del viernes 17 de diciembre del 2010.
«En agosto del 2011, mientras los legisladores federales le solicitaban a PEMEX y otras instancias de gobierno los documentos citados en el libro, Bueno Torio, entonces senador de la República, con fuero federal, presentó una demanda en mi contra por «daño moral».
En su demanda no hay un planteamiento claro y concreto que acredite el supuesto daño que, dice, provocó la publicación de dicho libro. Sin embargo, incluye en sus pretensiones, y en cada punto de su demanda, un mensaje evidentemente intimidatorio.
«… Proyecta en mi contra acciones inhibitorias a futuro, sobre cualquier línea que pudiera yo publicar acerca de su desempeño como funcionario; en otras palabras, requiere que el juez que lleva el caso prejuzgue acerca de los señalamientos que, en el futuro, pudiera hacer yo como periodista respecto de él.
«El diputado pretende que el Poder Judicial coloque una mordaza legal a cualquier investigación y señalamiento acerca de situaciones irregulares, anteriores o actuales, aun cuando éstas por sí mismas constituyen temas de interés público dado que se trata de un legislador que desde hace 12 años, por lo menos, se desempeña en el servicio público y está obligado por ley a la rendición de cuentas, y a que la sociedad califique su gestión.»
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