El dirigente nacional del CEN del PAN, Gustavo Madero Muñoz, pidió al Presidente Enrique Peña Nieto separar de su cargo a Héctor Pablo Ramírez Puga por dar un mal uso a los recursos federales que maneja desde Liconsa, y advirtió que este mal servidor público ha sido denunciado penalmente y deberá ser inhabilitado como funcionario.
Gustavo Madero señaló en conferencia de prensa que Héctor Pablo Ramírez Puga, junto con otros servidores de la Secretaría de Desarrollo Social están utilizando estructuras, recursos y programas federales con fines electorales.
El dirigente panista señaló que demandará también juicio político en contra de Ramírez Puga y otros funcionarios, «para que en el Congreso de la Unión se proceda a separarlos de sus cargos e inhabilitarlos por violaciones graves a la Constitución y al uso indebido de recursos públicos”.
Madero Muñoz leyó una carta donde también le solicita a Peña Nieto destituir de inmediato a los funcionarios federales involucrados en los mismos delitos, e integrar con rapidez y eficiencia la averiguación previa derivada de la denuncia penal que se presentó ante la Procuraduría General de la República.
Entre los funcionarios involucrados se encuentran: Paula Hernández Olmos, coordinadora Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades; Héctor Pablo Ramírez Puga, director General de Liconsa; Alejandro Baquedano, coordinador estatal del Programa Oportunidades en Veracruz y Gonzalo Morgado Huesca, delegado del ISSSTE en la misma entidad.
Acompañado por los coordinadores de los Grupos Parlamentarios del PAN en el Senado, Ernesto Cordero; y Luis Alberto Villarreal en la Cámara de Diputados, Madero también pidió que se instruya al Secretario de Gobernación convocar a la brevedad a una mesa a los Presidentes de los tres principales partidos políticos, a fin de dar seguimiento a las denuncias presentadas contra estos funcionarios.
Durante la conferencia de prensa, se presentaron una serie de grabaciones de eventos públicos con validez probatoria en el municipio de Boca del Río, donde se acredita la participación y responsabilidad de los inculpados en el mal uso de recursos públicos.
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