Palabra de Antígona
Insostenible negar la Alerta de Género
Por Sara Lovera
La Secretaría de Gobernación reconoció hace un par de meses que las agresiones contra las mexicanas crecieron 400 por ciento y que lo más preocupante es que los asesinatos son cada vez más crueles. En tanto la Organización de Naciones Unidas en sus lacerantes críticas a México, por su inoperancia para frenar la violencia contra las mujeres, sustentó que más de 800 mil mujeres y niñas son víctimas de la explotación sexual y ratificó que sus informes evidencian que en los últimos años fueron asesinadas al menos 38 mil jóvenes, adultas y niñas en México.
Los datos estadísticos y circunstanciados son contundentes. Sin embargo, gobernadores de todos los colores y sabores, las directoras de los institutos de las mujeres y congresistas se niegan a avalar la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género que exige la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia.
Estos señores y señoras tienen argumentos insostenibles frente a la realidad: dicen “es que se desprestigiará a mi estado” o bien “que no se cuenta con argumentos y sustentos suficientes”; otras y otros también dicen que “hacemos todo lo posible por evitar la violencia y las atendemos”.
El caso es que en nueve entidades del país se ha levantado la demanda, con datos y cifra, con argumentos diversos. En algunas entidades, incluso, de ha solicitado hasta tres veces esta declaratoria: Guanajuato, Morelos y Nuevo León. La respuesta es no. Este martes reiteran su demanda las mujeres de Hidalgo y las de Oaxaca están documentando el asunto y pidiendo que actúe el gobierno de Gabino Cué. No es poco pero reciben silencio.
¿Saben por qué? Porque en este país de “Estado de Derecho” y “democrático” reconocer que las mujeres están abandonadas a la suerte de usos y costumbres, de indiferencia institucional, que son discriminadas y excluidas, significaría reconocer que el Estado no funciona, que no hay justicia y que las leyes, desde la Constitución hasta el más nimio reglamento, son puro papel.
La Alerta de Violencia de Género está descrita, mandatada y legislada desde 2007, en ese lapso se han hecho al menos seis solicitudes formales, tal como lo pide la ley, procedentes del Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Morelos, Hidalgo, Oaxaca y Veracruz, y se han presentado demandas no ajustadas a los términos de la ley en Chiapas, Sinaloa y Veracruz. En todos los casos hay detrás las cifras, los hechos, los diagnósticos y los argumentos.
En Guanajuato, Nuevo León y Morelos la petición de ley se ha formulado hasta tres veces en el último lustro. Los grupos de mujeres, de derechos humanos de la sociedad civil, tal cual lo pide la ley, han sustanciado la petición en estudios sin tacha, yo diría no solo suficientes sino contundentes. En Oaxaca el seguimiento es pulcro y vasto; en Chiapas ni hablar y en Hidalgo sustantivo. Pero nada, es una postura de no reconocimiento infundado y cínico.
Otro argumento banal es que los mandatarios o congresos locales o los institutos argumentan que la declaratoria la debe hacer la Federación, desconociendo los términos de las leyes de acceso a una vida sin violencia locales que los hacen corresponsables y fuera del Estado de Derecho, puesto que esas leyes obligan a los gobiernos a tomar medidas eficaces y preventivas. En la práctica son escurridizos y deshonestos.
Es particularmente llamativo que en el Distrito Federal, Zacatecas y Baja California Sur, la ley local establece el mecanismo estatal para hacer la declaratoria de Alerta de Violencia de Género sin recurrir a la federación. Eso que podría quitar el argumento de muchos gobiernos no ha sido posible introducirlo en otras entidades ¿por qué? Porque los flamantes legisladores son ignorante, timoratos y misóginos. Mucha distracción ha sido que se haya enderezado una corriente para “tipificar el feminicidio”, evadiendo todo lo demás. Esa tipificación ha operado en contrario y ha permitido un argumento más para minimizar el tamaño del problema.
También, como algunos supuestos analistas dicen respecto de la violencia contra la profesión periodística, que sí, que hay más y más mujeres asesinadas y agraviadas, pero que eso se debe al crimen organizado, como si eso los justificara.
Agregue usted que padecemos como una aberración sistemática la enfermedad legaloide y de constante reglamentación. Desde 2012 la senadora Angélica de la Peña, en punto de acuerdo, solicitó a la Secretaría de Gobernación un informe puntual de lo que pasa y por qué se niega a declarar las alertas de género, sin que sepamos hasta ahora qué respondió esa dependencia tan ágil y certera con respecto del conflicto que vivimos de la violencia generalizada.
Debíamos preguntar ¿Y las mujeres qué? ¿No son ciudadanas, no pagan impuestos, no trabajan para mejorar los índices productivos, no colaboran en la marcha del país, son minusválidas, menores de edad, adicionales, incapaces o sea no son humanas?
Bastaría que las autoridades, todas, de todos los niveles, en todos los encargos, de todas las entidades, cumplieran con el artículo primero de la Constitución Mexicana. ¿Para qué tantas y diversas leyes? Ninguna se cumple y los llamados desde la tribuna del Congreso caen el vacío. No hay manera de cambiar mentalidades, costumbres y reticencias. La misoginia, prima hermana del autoritarismo o el patriarcado brilla en todas partes, en cuerpos de hombres y en cuerpos de mujeres. Las muertas, asesinadas, golpeadas, torturadas, arrojadas a las cunetas de las carreteras, acuchilladas, asfixiadas, ahorcadas, baleadas, vejadas y maltratadas, que esperen un momentito, luego que modifiquemos las ley, vemos.
Ahora tenemos ya en la mano la flamante nueva Ley de Víctimas, que también dice cosas igualitas que la Ley de Acceso, pero no pasa nada. Desde 2007 es obligación gubernamental construir una base de datos, establecer un sistema nacional que dé certeza sobre el problema, tomar medidas preventivas, vigilar a los medios de comunicación para que no re-victimice a las personas afectadas, crear un fondo de reparación del daño, establecer medidas cautelares, informar debidamente a la sociedad, agilizar las estadísticas de las procuradurías, entre otras muchas cosas. Veremos.
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