Palabra de Antígona
Por Sara Lovera
Nadie podría atinar sobre la cantidad de vidas salvadas en seis años, desde que la interrupción del embarazo es legal hasta las 12 semanas y sin restricción . Nadie puede calibrar este avance para la capital del país. Hace seis años no podíamos creer lo que estaba sucediendo en la Asamblea Legislativa. Era 24 de abril.
Esto es tan importante como cuando se ha terminado una guerra y llega la paz. Deja de haber homicidios y pérdidas de vidas valiosas.
El 9 de abril pasado el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) difundió un informe detallado de cómo los gobiernos panistas violaron sistemáticamente los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Este informe además de las escandalosas cifras de encarcelamiento de mujeres, 600 pisaron las cárceles desde que en 2008 comenzaron los cambios a las constituciones locales en favor de “la vida desde la concepción”, digo este informe revela que hay graves limitaciones oficiales para tener información veraz, suficiente y sustentada.
De modo que no podemos establecer fehacientemente cuántas vidas fueron salvadas en el Distrito Federal, pero sí sabemos que hay 47 millones de mujeres que mueren cada año a causa de abortos inseguros y que ello suceden en países de legalidad restringida. Sabemos también, porque se acerca a la verdad la Organización Mundial de la Salud (OMS) que el 13 por ciento de todas las muertes maternas vienen de abortos provocados o clandestinos. Y que, como dice GIRE, es una fortuna que en el Distrito Federal ni cárcel ni muerte para las mujeres que deciden interrumpir un embarazo. En este sentido el sexto aniversario de su legalización si que es un festejo.
Pero el problema continúa para las 31 entidades del país donde el aborto es un delito y dónde a pesar de las excepciones, como dijo la directora de GIRE, Regina Tamez, hay interpretaciones a capricho e idea de cada funcionario: las excepciones son eso, a pesar de que la Constitución local diga que se protegerá la vida desde la concepción. Las interpretaciones hacen que las mujeres no puedan acceder al aborto legal, por esas causas excepcionales y muchas de ellas mueran en el camino.
Las reformas comenzaron en 2008 y hasta ahora en 17 entidades del país se ha puesto ese letrero en la Constitución local. En contraste, a partir de la aprobación de las reformas constitucionales en varios estados que protegen la vida desde la concepción, durante el periodo 2009-2011, 679 mujeres han sido denunciadas por el delito de aborto, es decir, 226.3 mujeres en promedio al año.
Ello significa que van a la cárcel, que son perseguidas, que son desprestigiadas en el espacio público y significa que hay personas –el estudio de Gire dice que médicos y enfermeras—que las denuncian. A veces sin que exista aborto inducido, sino que creen que se lo indujeron y las envían a la cárcel.
Es curioso que una de las entidades de mayor preocupación por estos hechos sea Guanajuato, casualmente el sitio donde no se han aprobado leyes sobre igualdad ni sobre violencia contra las mujeres. Donde se ha evitado legislar sobre los derechos de niñas y niños y ahí donde por tercera ocasión a pesar de los datos el gobierno se niega a declarar la alerta de género. Es curiosa la semejanza entre la derecha extrema y la negativa a los derechos de las mujeres.
Es tiempo de poner una alerta para estos gobiernos, donde se persigue a las mujeres que pretenden ejercer su derecho a las excepciones de aborto, y es ahí donde se niegan los derechos humanos elementales para las mujeres. Es esta doble moral, fomentada, además por sus testaferros de la televisión comercial.
Por otro lado el informe de GIRE, según se lee en el capítulo de metodología, encontró otra contradicción. No hay información sistematizada, los gobiernos la envían encapsulada, de difícil acceso, a pesar de la ley. Descubrió en este camino la dificultad para dar cifras y datos contundentes. Encima de las 600 solicitudes de información que hizo a dependencias federales y locales, se recibió poca, atribuible a la ignorancia de las instituciones públicas encargadas de implementar la normativa en materia de derechos reproductivos y a los prejuicios de quienes aportan esa información.
Lo cierto es que según la OMS, la ilegalidad y la criminalización del aborto sólo impactan en la inseguridad de los procedimientos y sus consecuentes efectos en la vida, la salud y la libertad de las mujeres, mas no en su incidencia, es decir, que las mujeres de todas formas interrumpen los embarazos no deseados. Ponen en riesgo su vida, es cierto, pero deciden. El problema es que no hay mecanismos que las protejan como en el Distrito Federal. En todo caso se trata de una más de las violencias que se hacen contra las mujeres.
Tal vez por ello sea tan importante recordar que en México a partir del 11 de junio de 2011, los derechos contenidos en los tratados internacionales ratificados por el Estado son parte integral de la Constitución y todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, tomando en consideración las resoluciones emitidas por los órganos de vigilancia de los tratados internacionales.
GIRE lo recuerda y señala que cuando los servicios de aborto son inaccesibles para las mujeres que los necesitan o cuando las leyes de aborto son restrictivas, los Estados pueden ser responsables a nivel constitucional e internacional por las violaciones a los derechos humanos de las mujeres. La falta de acceso al aborto legal y seguro es una violación a los derechos reproductivos de las mujeres y tiene un impacto negativo en el ejercicio de sus derechos humanos, sus oportunidades de vida y su futuro.
Frente a eso menudo problema tienen los estados de la República Mexicana, donde estoy segura nadie ha leído con calma, responsabilidad y sabiduría el artículo uno de las Constitución Mexicana. Cientos de dirigencias, abogacías organizadas, defensoras y defensores de los derechos, no han calibrado la importancia de estos cambios constitucionales, sucedidos, efectivamente, en el último año de gobierno campeón en violación a los derechos, de Felipe Calderón. Todavía oigo a las feministas hablar de las garantías en los tratados, en lugar de recurrir a nuestra Constitución, con eso basta.
El artículo uno de la Constitución recoge los acuerdos internacionales que México ha firmado, las convenciones y los tratados. Esto es todo lo que protege los derechos sexuales y reproductivos que ahora nos los quieren cambiar por nada. El gobierno de Enrique Peña Nieto, donde hay de todo, tiene que hacer gala a su dicho: primero respetar la ley. Bueno está bien claro, tendría que haber alrededor del 10 de mayo una cruzada por los derechos de las madres a su salud, a su libre decisión sobre número y espaciamiento de sus hijos, a su derecho a la información y la anticoncepción; derecho a hacer uso de todas las excepciones de aborto y en su caso, a ser escuchadas para cambiar las leyes y legalizar el aborto que deja decenas de mujeres muertas o lisiadas cada año.
Si de hacer vigente el estado de derecho se trata. Bueno, le debemos tomar la palabra a Peña Nieto: queremos hospitales seguros; queremos no una maternidad protegida cuando se muera ¿o fue el seguro a madres para sus niños reconocimiento de las muertes por aborto? Digo, si fue así, en lugar de liberalizar el aborto, están protegiendo a los huérfanos.
Según la OMS, en el mundo, alrededor de cinco millones de mujeres cada año padecen secuelas por abortos inseguros, enfermedades permanentes o mutilaciones inaceptables. ¿Será que tenemos las cifras? ¿Me amarro la herida antes de que sangre corra?
A ver si ahora el gobierno, como dice y repite, realmente hace valer la Ley. Me gustaría ver al procurador Jesús Murillo Karam recomendando a los procuradores de las entidades, que violan la Constitución si meten a las mujeres a la cárcel, que se ajusten al pacto federal. Me gustaría ver la misma enjundia que utilizó el señor procurador para el congreso de Guerrero sobre una ley de educación anticonstitucional y lo mismo dijo a los maestros de ahí, recordando que nadie puede estar por encima de la Constitución.
Me gustaría un levantamiento de las temerarias y valientes mujeres del PRI contra el apresamiento de campesinas e indígenas, que según el estudio de GIRE son las más vulnerables en esto de los abortos inseguros. Me encantaría una cruzada por la salud de las mujeres y no estas historias de que no hay cómo hacer efectivo el seguro popular, como sucede en Chiapas y nadie se asusta.
Me encantaría una cruzada por la legalidad para hacer efectivos los cuatro primeros artículos de la Constitución, para garantizar la vida de las mujeres, sus derechos amplios incluyendo de manera precisa y definida a las mujeres indígenas (Artículo 2º) y para que todas realmente tengan derecho a la educación (Artículo 3º) y finalmente a la igualdad como dice el Artículo 4º.
O sea menudo asunto para los políticos que hoy quieren y desean conseguir a toda costa su legitimidad. Y sí, habrá elecciones el 7 de julio sería bueno que también ahí haya una cruzada a favor de la verdad y el equilibrio.
Que las y los candidatos, a propósito de la transversalidad de género, hagan una cruzada informativa sobre los derechos de las mujeres y que lo hagan los órganos del IFE o de los institutos electorales de los estados en la radio y televisión. Que por favor dejen de simular. Que por favor lean las leyes y no sólo hagan declaraciones en el vacío.
Veremos.
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