EL REVÉS DE LA TRAMA

Omar Gasga.

 

El Zapote estuvo de fiesta el pasado viernes 19 de abril por la conclusión de un aula escolar y la “inauguración” de un camino de brecha de casi un kilómetro. Para la ocasión las autoridades municipales de Candelaria Loxicha, regido por Usos y Costumbres,  destinaron varios miles de pesos para contratar un grupo musical, comprar cerveza, refrescos y hasta una res que fue sacrificada para darle a comer a los asistentes del convite en esta pequeña comunidad habitada por indígenas que, en su mayoría, sólo hablan zapoteco, su lengua materna.

 

Un habitante de Candelaria Loxicha, hablante de español, describe que esta brecha “inaugurada” hace unos días es, en realidad, un trabajo realizado en el trienio pasado —cuando los recursos municipales los usufructuaba Carlos Rasgado Toledo—  por lo que a las actuales autoridades sólo les bastó hacerle un rastreo con motoconformadora para presentarla como una obra nueva y permitir, de paso, el lucimiento del edil José Juan Mendoza Cortés, quien arribó a bordo de una camioneta Ford, modelo 2013, valuada en unos 460 mil pesos, su más reciente adquisición en el cargo.

 

Para los pobladores de Candelaria Loxicha la forma de hacer gobierno de este edil no dista mucho de cómo ejerció esa responsabilidad Rasgado Toledo quien, favorecido por el gobierno del sexenio pasado, fungió durante casi 4 años como Administrador Municipal, lo que le permitió ejercer en ese lapso, bajo esa figura de gobierno, unos 90 millones de pesos, entre participaciones estatales, federales, recursos extraordinarios e incluso deudas contraídas con instituciones bancarias, particularmente Banobras.

 

Fue, en resumen, una gestión desastrosa la que hizo Rasgado Toledo, a quien, a finales de 2010, exempleados del ayuntamiento municipal le adjudicaban una fortuna personal de más de 15 millones de pesos en cuentas bancarias, sin contar bienes inmuebles, como autos de lujo, terrenos y casas adquiridas en Puerto Escondido, el Istmo de Tehuantepec y la ciudad de Oaxaca.

 

Para asegurar su impunidad, Rasgado Toledo hizo maniobras para imponer,  a finales de 2010, como presidente municipal a José Juan Mendoza Cortés, en una cuestionada elección por Usos y Costumbres, lo que provocó que desde noviembre de ese año, y hasta la fecha, el palacio municipal permanezca en poder de seguidores del líder opositor  Gabriel Hernández, un profesor de educación indígena y el más combativo contendiente de Mendoza Cortés en esos comicios.

 

Pese a las denuncias públicas y las exigencias que han realizado ante la Auditoría Superior de Estado y la secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental para fiscalizar los recursos públicos ejercidos en los últimos cuatro años, los pobladores de Candelaria Loxicha no han tenido respuesta y se han quedado con la idea de que nadie castigará los latrocinios cometidos por sus autoridades municipales.

 

Esta inacción de las instituciones gubernamentales encargadas de combatir la corrupción es, quizás, lo que fomenta que las actuales autoridades de Candelaria Loxicha sigan con las mismas prácticas, por el mismo camino, de quienes usufructuaron esos recursos en un municipio con población mayoritariamente monolingüe, de bajo nivel educativo y con altos niveles de pobreza y marginación.

 

“Háganle como quieran, yo me saqué la lotería por tres años”, suele responder Mendoza Cortés cuando escucha los cuestionamientos que le hacen los pocos pobladores de Candelaria Loxicha que se atreven a cuestionar la falta de obras de beneficio social, la opacidad en el manejo de los recursos y su complicidad para dejar impune a Carlos Rasgado Toledo.

 

El mensaje dado por las instancias del gobierno estatal a los ciudadanos de Candelaria Loxicha es que los atracos cometidos por sus autoridades locales no serán castigados, pese a aquel discurso de Gabino Cue Monteagudo el 1 de diciembre de 2010, cuando rindió protesta como gobernador del estado, el primero en llegar al cargo por una coalición de partidos opositores al PRI, cuya hegemonía se mantuvo por casi 80 años.

 

“No toleraré actos de corrupción, tenemos que erradicar este mal que tanto ha dañado a nuestra sociedad. No permitiré a funcionarios que se enriquezcan al amparo de la pobreza de la gente, por lo que habrá una constante vigilancia y monitoreo de la función pública”, dijo Cué en su primer discurso como mandatario estatal.

 

Es evidente que el mensaje para los pobladores de Candelaria Loxicha es el mismo para San Agustín Loxicha, San Pedro Pochutla y Santa María Huatulco. También en estas tres demarcaciones fueron públicas —y ante instituciones gubernamentales—  las denuncias sobre presuntos desvíos de los recursos que administraron esos ayuntamientos.

 

Sólo una muestra: han transcurrido más de cinco años de que un grupo de concejales y el mismo director de Obras Públicas de San Pedro Pochutla, Eliecer Hernández Reynada, denunciara, con cientos de documentos originales en la mano, el desvío de más de 8 millones de pesos que en el transcurso de 2008, su primer año de gobierno, realizó el edil José Manuel Ricárdez López con obra pública fantasma, es decir, con trabajos que se hicieron sólo en expedientes técnicos pero que físicamente no existían.

 

Retaguardia

En la colonia Nuevo Triunfo, de la ciudad de Chihuahua, una mujer fue ejecutada en su domicilio por un par de sicarios que le dispararon en más de 50 ocasiones. Marisa Torres Tapia, de 36 años, murió de manera instantánea al recibir 30 disparos de fusil Ak47, conocido como “cuerno de chivo”, y 24 impactos de un arma R15. Allá en Chihuahua.

 

Aquí en Huatulco, una joven de apenas 18 años originaria de Pochutla, fue localizada muerta hace un par de días en una brecha de terracería de Santa María Huatulco con un certero balazo en la cabeza y un mensaje que aludía las razones que tuvieron el o los homicidas para privarle de la vida.

 

“Esto les va a pasar a todos los soplones”, escribieron en la cartulina que, como en los otros asesinatos registrados en los últimos meses en la zona, clavaron con un picahielos en el cuerpo de Nancy Jacinto Pacheco.

 

¿Se sabrá algún día el número exacto de mujeres que han fallecido en el país en esta vorágine de violencia iniciada hace siete años? En su mayoría, los medios de comunicación dan preponderancia a víctimas  de esta guerra pero utilizan expresiones como “ejecutados”, “decapitados”, “fusilados”, “encobijados”, “torturados”. Y en las estadísticas, también hay mujeres.

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