•Obliga a perdonar a agresores, dice responsable de Belém do Pará •Necesario cambiar mentalidad social y de los juzgadores, advierte •Gobiernos de AL no hacen nada para prevenir la violencia, afirma
La implantación de juicios orales en los sistemas de justicia ha implicado la revictimización para las mujeres que han sufrido violencia, a quienes obliga a perdonar a sus agresores, manifestó esta mañana la coordinadora del Comité de Expertas para la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer de la OEA, la abogada mexicana Patricia Olamendi Torres.
La responsable del Mecanismo de Seguimiento a la Implementación de la convención de Belém do Pará de la Organización de Estados Americanos, dijo en la ciudad de México que esa doble agresión a los derechos de las mujeres se debe a que aún no se ha logrado hacer cambios cualitativos y culturales en la mentalidad de la sociedad y en la mentalidad de los juzgadores.
Este jueves, Olamendi Torres participó en el tercer día de trabajos del seminario internacional “Incidencia en red: el desafío que los Estados cumplan con los derechos humanos de las mujeres” que se desarrolla en esta ciudad convocado por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM).
Los Estados latinoamericanos y caribeños no han comprendido la integralidad de la violencia contra las mujeres y no hacen nada para prevenirla, aseguró la funcionaria interamericana en la mesa “Nuevos contextos y estrategias renovadas en el tema de violencia”, en la que participó junto con la abogada brasileña Silvia Pimentel, presidenta del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, de la Organización de las Naciones Unidas.
Los gobiernos dicen poco y mal sobre lo que sucede con la discriminación y la violencia contra las mujeres, coincidieron ambas expertas al hacer un balance de los informes que los gobiernos están obligados a proporcionar a los mecanismos de vigilancia que ellas encabezan.
Olamendi Torres dijo, por ejemplo, que en sus informes de 2012 los gobiernos no ven a las campesinas, indígenas ni afrodescendientes. De esos documentos se desprende también que el tema de la violencia se ha judicializado, mientras se mantiene intacto el sistema cultural de la discriminación, la falta de empoderamiento de las mujeres, la marginación y la opresión, lo que favorece la violencia.
Expresó incluso que la muerte evitable, por aborto o parto, podría definirse como un problema de la violencia feminicida, porque es responsabilidad del Estado.
Las dos expertas manifestaron su central preocupación por el establecimiento de medidas preventivas más que punitivas en el tema de la violencia contra las mujeres, uno de los de mayor preocupación en todo el Continente, por las cifras tremendas y por su persistencia. Hasta ahora las leyes no paran la violencia, aun las integrales que incluyen políticas públicas preventivas y mandatan presupuestos.
Patricia Olamendi hablo de las violencias asociadas a la situación general de un país, como la trata, que no está incluida en los informes de los países; los gobiernos aparentemente no saben de ese problema, cuando es evidente que las mafias incluyen a los aparatos policiacos, del crimen y aun de los gobiernos.
Se negó a admitir que las feministas hablen de trabajadoras sexuales, cuando la prostitución es una de las formas de violencia más graves;
La experta mexicana, originaria de Puebla, doctora en derecho y ex diputada federal, planteó que en materia de participación política el avance por cuota no ha significado la transformación del aparato político, social y económico. Estamos “invitadas”, apenas con presencia, sin poder real y por el contrario, dijo, muchas mujeres que llegan ahí no ponen la agenda y los derechos de las mujeres.
Llamó a las feministas a ahondar sobre la precarización del trabajo femenino, la pobreza, la marginación y la falta de conocimiento sobre los derechos que las protegen, pues todo ello es caldo de cultivo de la violencia, que no debe verse sólo desde la perspectiva del derecho y los tribunales. No obstante, señaló la necesidad de que existan juzgados especializados y nuevos mecanismos de protección que realmente funcionen.
Por ultimo dijo que tal vez por ello los mecanismos de vigilancia, tanto de la CEDAW como de la de Belém do Pará, deben trabajar juntos.
En el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos Patricia Olamendi ha participado en la elaboración del Protocolo Adicional contra la Tortura, de la Convención contra la Desaparición Forzada de Personas, de la Convención contra la Corrupción, y de la Convención para proteger los Derechos de las Personas con Discapacidad.
En el seminario fue claro que tras los discursos hay realidades: dos de cada tres guatemaltecas que pierden la vida la pierden por asesinato; los salarios son reducidos hasta 17 por ciento menos que los hombres; las trabajadoras domésticas dejan sus empleos por acoso; no existen mecanismos de justicia efectivos, más otros datos que revelan el trabajo informal de las mujeres.
Estos datos evidencian cómo las mujeres están impedidas para ponerse al frente de la demanda y exigibilidad de sus derechos. Este tema se profundizará para entender las deudas que los estados tienen con las mujeres.
Contacto con medios: Sara Lovera, saraloveralopez@gmail.com, celular: 5521095271; Miriam Ruiz, milagritos1@yahoo.com, celular 5559676801
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