Oscar Rodríguez
El Ejército Popular Revolucionario (EPR) se deslindó del secuestro de los hijos del empresario Juan José Álvarez Candiani, al tiempo que aclaró que los detenidos —Mario Olivera Osorio, Lauro Atilano Grijalva, Leonel Manzano Sosa, Damián Gallardo Martínez, Sara Altamirano y José Ambrosio Martínez— “nada tienen que ver” con el grupo guerrillero.
El grupo armado, que irrumpió en el escenario nacional en junio de 1996, tuvo que salir al paso “ante la insistencia de vincularnos con los presuntos secuestradores mediante filtraciones malintencionadas y reproducidas en su mayoría por voceros oficiosos de la PGR y el aparato represivo”.
A través de un comunicado, la comandancia del Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR-EPR) , difundido en la pagina Cedema.org, reiteró: “Negamos toda participación en tales hechos (perpetrados el 14 de enero en Oaxaca)”.
Aclararon: “No es nuestra práctica, no es nuestra moral, nosotros reivindicamos cada acto que hacemos; no dejamos abandonado a nadie en el camino de la lucha; a nuestros militantes los reconocemos y los defendemos sin importar la circunstancia por difícil que sea.
Desde el primer congreso de su partido, en el año 2000, refirieron, “decidimos, producto de la reflexión, suspender el impuesto revolucionario mediante la retención a los enemigos del pueblo y acciones de expropiación, partiendo de la tesis de que la revolución la hace el pueblo, por consecuencia, él la sostiene en todas sus facetas y no necesitamos recurrir a esas prácticas”.
Los presuntos responsables, añadieron, no tienen nada que ver con nosotros.
Y “bajo falsa acusación han sido encarcelados arbitrariamente; padecieron tortura y siguen siendo torturados para arrancar confesiones con métodos ‘científicos’, vaya, bajo tortura física y psicológica, la que se ha extendido a amigos, familiares y compañeros de los profesores democráticos que participan en la coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y organizaciones populares”, puntualizó el grupo insurgente.
Consideraron que bajo esa presunción se crean chivos expiatorios y expedientes judiciales para incriminar a quienes son ajenos a estos hechos, sobre todo para quienes desarrollamos una actividad política, es el caso de profesores, activistas políticos y nuestro partido que a fuerza del bombardeo de mentiras y mediante tortura se nos quiere vincular con hechos que van en contra de nuestros principios y práctica”.
Se quejaron que “es práctica recurrente del Estado mexicano desvirtuar, calumniar y deslegitimar la lucha popular y revolucionaria por estar fuera del toda corporativización y control gubernamental”.
“El Estado y sus corifeos trata de vincular al movimiento popular y a los revolucionarios con la delincuencia organizada, con el objetivo de justificar la represión desde el estado de derecho oligárquico”, remató.
En otro comunicado, el EPR envió un mensaje al magisterio democrático agrupado en la CNTE. Dijo que ha enarbolado los derechos laborales, sindicales de los trabajadores de la educación y en defensa de la educación pública.
Los militantes de la Coordinadora, por mandato del Estado, han sido objeto de parte de la cúpula charra de acoso político, calumnias a través de los medios masivos de comunicación e instituciones gubernamentales.
Estas “acciones perversas” preparan el terreno para llevar a cabo la represalia política y la represión que se concreta en la retención y suspensión del salario, la perdida injustificada de la fuente de trabajo, hasta llegar al encarcelamiento y asesinato político, al deleznable crimen de la tortura y la desaparición forzada, violencia institucional que es instrumenta mediante prácticas fascistas con fines de desarticular el sindicalismo independiente”.
Mencionó que la actual lucha que ha emprendido el magisterio democrático ha desatado una campaña mediática de linchamiento político y represión. Además, citó los casos de las detenciones de profesores en Guerrero; la campaña de linchamiento, la detención-desaparición temporal y encarcelamiento de maestros y activistas en Oaxaca; el hostigamiento incriminatorio contra manifestantes del magisterio democrático, el movimiento estudiantil-popular en Michoacán; la campaña de tergiversación y deslegitimización de la lucha estudiantil en el DF y la actual ofensiva represiva en Chiapas contra el movimiento campesino-indígena.
Finalmente, dijo que la detención de profesores y activistas políticos en el estado de Oaxaca, presentados como presuntos secuestradores, es la contestación autoritaria del Estado a las demandas del movimiento magisterial-popular, “cuyo objetivo es doblegar y obligar a la sección XXII del SNTE a ponerse de rodillas en la mesa de negociaciones”.
Dejar una contestacion