Oscar Rodríguez
Integrantes de la comunidad indígena zapoteca de Unión Hidalgo que se localiza en la región del Istmo de Tehuantepec dieron a conocer la presentación de una demanda histórica ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA) para lograr anulación de los contratos de arrendamiento de su tierra y territorio, los cuales fueron firmados con la empresa eólica Demex, subsidiaria de la empresa española Renovalia Energy, para operar el parque eólico de “Piedra Larga”, que inauguro el ex Presidente Felipe Calderón.
Los demandantes, integrantes del Comité de Resistencia al Proyecto Eólico Piedra Larga (CRPEPL), informaron que esperan que en un lapso de unas dos semanas haya un fallo que determine la suspensión del arrendamiento y los propietarios pueden volver a hacer uso de sus tierras.
A principio del 2007, los inversionistas de DEMEX se acercaron a la comunidad de Unión Hidalgo , expresando su intención de rentar su tierra para el desarrollo de un parque eólico sustentable.
La propuesta de arrendamiento suponía grandes beneficios y la posibilidad de seguir utilizando sus tierras para las labores cotidianas de agricultura y pastoreo. Sin embargo, los contratos firmados adolecen de una serie de vicios e informaciones falsas. No se le informó a la comunidad sobre la magnitud del proyecto eólico, ni de las implicaciones que tendría en el desarrollo de su vida cotidiana.
Por su parte la directora ejecutiva de Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, (Prodesc), Alejandra Ancheita, advirtió que el patrón de violación sistemática de derechos colectivos de los pueblos indígenas que han utilizado empresas transnacionales para imponer la instalación de parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca se está utilizando en otras entidades del país donde se están desarrollando instalaciones supuestamente de energías limpias.
La violación es muy clara, detalló: llegan las empresas, no dan a los pueblos dueños de las tierras explicación suficiente sobre el proyecto, ni en su idioma, les ofrecen beneficios económicos aparte de la renta que cubrirán por el arrendamiento de los terrenos y, como en San Dionisio del Mar, la creación de empleos que resultan ser sólo temporales.
En tanto Benjamín Cokelet, director ejecutivo de Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder), acusó que tanto Renovalia Energy como sus inversionistas, los bancos que la financian como Caixa, Santander y Banco Espíritu Santo de Portugal, así como la empresa Bimbo, a la que le venderá la energía que se produzca en el parque Piedra Larga, tienen la obligación de cumplir con normas y estándares internacionales como empresas con responsabilidad social, como son los Principios de Ecuador, para que los proyectos no tengan consecuencias sociales y ambientales negativos.
La demanda que se presentó ante el TUA es una especie de «riesgo material» para los bancos citados y la empresa Bimbo de que finalmente el parque no se haga lo que representaría un engaño para los accionistas de ésta, a quienes ya les informó que obtendría un ahorro por la energía que compraría a DEMEX, apuntó Cokelet.
Recriminaron que el gobierno de Gabino Cué no haya hecho caso omiso a la queja de las comunidades y se ha empecinado en avalar los proyectos de expansión de los inversionistas eólicos en su territorio a pesar de denunciar los vicios de origen en los contratos de arrendamiento de las tierras.
En el caso de Unión Hidalgo, la empresa Demex y su co-inversionista, el fondo de capital privado First Reserve, ignoraron el carácter colectivo de la tierra en la que pretenden construir el parque eólico Piedra Larga I y II debido a que implementaron una serie de contratos de arrendamiento bajo la elaboración de escrituras, cambiando el carácter colectivo de dichas tierras ejidales otorgadas vía resolución presidencial del 17 de junio de 1964 donde se reconoció una superficie comunal de 68 mil hectáreas. a favor del núcleo agrario de Juchitán de Zaragoza.
El parque eólico Piedra Larga I y II contempla proveer de energía renovable principalmente a Grupo Bimbo bajo el esquema de auto-abastecimiento. Para construir el parque eólico, Renovalia Energy y su co-inversionista First Reserve obtuvieron un crédito sindicado de 160 millones de dólares financiado por el gobierno mexicano (Bancomext, Banobras-Fonadin y Nafinsa) y tres bancos privados (Banco Espírito Santo de Portugal, y Santander y CaixaBank de España). Se estima el costo total del parque eólico entre 200-300 millones de dólares.
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