Por falta de personal, contadores y equipo especializado, en Oaxaca no se puede fiscalizar los 8 mil millones de pesos de presupuesto destinado a los 570 municipios, lo que no permite que se no conozca el destino de más de mil 600 millones de pesos, reconoció el auditor Superior del Estado Carlos Altamirano Toledo.
Precisó que con el errático personal que tiene solo se pueden auditar a unos 100 de los 570 municipios susceptibles de revisiones fiscales y administrativas pormenorizadas.
Además se quejo de los endeble de las sanciones y penalizaciones contra los munícipes que cometan una quebranto, máxime que el Código Penal Local no contempla como grave el delito de peculado, lo que implica que muchos implicado logren librar la cárcel, cubriendo fianzas inferiores al monto desviado.
Detallo que este año casi 170 municipios fueron sancionados y multados por no entregar a tiempo sus estados financieros reportados en sus respectivas cuentas públicas.
Entre los municipios, morosos reporto los casos de Ocotlán de Morelos, Santa María Atzompa, Ciudad Ixtepec, San Sebastián Teitipac y Santa Lucia del Camino.
Altamirano Toledo, indicó que actualmente hay en proceso un total de 120 auditorías con igual número de ayuntamientos, 10 por ciento de los mismos fiscalizados por quejas ciudadanos donde se alerta de un presunto manejo indebido del gasto municipal orientado a obras sociales.
“Todos los elementos que se utiliza para auditar a los municipios se meten a una licuadora y lo que resulte permite una fórmula para ir a la caza de algún edil que haya cometido algún quebranto financiero”.
Resalto que el año pasado se sanciono a un 40 por ciento de los municipios que no entregaron cuenta pública e inicie proceso penal contra unos 10 munícipe por diversas irregularidades financieras.
“En lo que llevo de mi encargo como Auditor Superior he logrado entablar procesos de resarcimiento del daño patrimonial por más 200 millones de pesos y tenemos pendientes poco mas de mil millones por recuperar” El titular de la ASE, negó tener cuates, amigos o protegidos afirmando que los proceso de auditoría y de sanción contra munícipes que cometieron faltas en su encargo de ejercen en apego a la ley y a la norma.
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