Oscar Rodríguez
Un grupo de mujeres de la etnia triqui, realizaron una marcha que concluyo con un mitin frente a la sede del Palacio de Gobierno, para solicitar una audiencia con el gobernador Gabino Cué y exigirle la presentación con vida de las activista Daniel y Virginia Ortiz Ramírez, desaparecidas hace 7 años en la comunidad de San Juan Copala.
La presidenta de la organización Dialogo Parlamentario por la Equidad de Género, Yesica Sánchez Maya, precisó que nulos han sido los avances que en materia de justicia existen en torno al secuestro de las activistas, integrantes del Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT).
Dijo que hay dos presuntos responsables, detenidos, pero no se sabe nada del paradero de las mujeres triquis, quienes fueron desaparecidas forzadamente por razones políticas.
“Nosotros queremos una audiencia con el gobernador, para que nos informe quien las mando a secuestrar y donde las tiene, por que han pasado 7 años y hay una zozobra generalizada respecto de su paradero”.
Sánchez Maya, afirmó que el gobernador debe comprometerse con los familiares de las desaparecidas, para lograr su aparición con vida.
“Nosotros no sabemos si el gobernador tenga que solicitar ayuda a la federación para lograr con el paradero de las desaparecidas, lo único que creemos es que el estado, tiene una gran responsabilidad en la localización de nuestras compañeras”.
Agrega que el caso de Virginia y Daniel Ortiz Ramírez, jamás ha estado en poder de la Procuraduría General de la República (PGR), su investigación, desde que desaparecieron, ha estado en manos del agente del ministerio público del fuero común, que tipifico y consigno el hecho como un secuestro.
Según Sánchez Maya, en los últimos 3 años han sido desaparecidas en Oaxaca un total de 59 mujeres indígenas, un 40 por ciento de ellas víctimas por problemas de violencia generada por su pareja sentimental y el resto por asuntos relacionados con el crimen organizado.
PRETENDE LIBERAR A HOMICIDA DE JOVEN ESTUDIANTE.
Yesica Sánchez Maya, acusó que en Oaxaca, hay una procuración y administración de justicia “misógina”, advirtiendo que un juez local, pretende poner en libertad al implicado en el asesinato de la estudiante Dafne, Alejandro Rivera.
Según Sánchez Maya, la justicia local pretende poner en libertad al implicado, argumentando que se trató de agresión en defensa personal.
También reclamo el caso de la indígena Jovita García, quien fue declarada culpable de matar a su propio recién nacido, cuando recibió amenazas de muerte de su propio cónyuge para no denunciar el asesinato.
Detalló que en este caso se ha comprobado que el único implicado en el homicidio del bebé fue el padre.
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