* El diputado Flavio Sosa Villavicencio propuso el punto de acuerdo para pedir a la Secretaría de Gobernación que regrese a Oaxaca a los 7 indígenas de la región Loxicha llevados a un Cefereso de Tabasco
SAN RAYMUNDO Jalpan, Oaxaca, julio 24.- El pleno legislativo turnó a la Comisiones Permanentes de Participación Ciudadana y Derechos Humanos del Congreso del Estado un punto de acuerdo presentado este miércoles por el diputado Flavio Sosa Villavicencio para solicitar a la Secretaría de Gobernación (Segob) regrese a penales de Oaxaca a siete indígenas Loxichas trasladados al estado de Tabasco.
En su exposición, el legislador de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo (PT), propuso que la soberanía estatal solicite respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación del Poder Ejecutivo federal para que en uso de sus facultades disponga el traslado de los siete detenidos a las penitenciarías de Santa María Ixcotel y de la Villa de Etla, Oaxaca.
Recordó que el 7 de junio pasado, Agustín Luna Valencia, Fortino Enríquez Hernández, Eleuterio Hernández García, Abraham García Ramírez, Álvaro Sebastián Ramírez, Zacarías Pascual García López y Justino Hernández José, fueron trasladados por policías federales al nuevo Centro Federal de Readaptación Social No. 13 en Megolí de Morelos, Miahuatlán.
También denunció que dicho traslado dejó a los detenidos sin ningún contacto con sus familiares por cerca de dos semanas, además de que los procesados dieron cuenta que el traslado fue violento, al despojarlos de pertenencias y dinero, estuvieron varias horas con las manos atadas y de tortura psicológica constante.
Explicaron que fueron recibidos en ese Cefereso con perros entrenados y luego fueron colocados en celdas bajo circunstancias terribles, por lo que su condición física se vio disminuida por falta de alimentos y padecimientos crónicos de algunos de ellos.
Sosa Villavicencio señaló que a la denuncia de los familiares siguió de inmediato un nuevo traslado de los siete presos, el pasado 21 de junio, al Cefereso número 6 de Huimanguillo, Tabasco, sin que se les notificara ni a los presos ni a sus familiares, sino una vez trasladados.
Por ello, agregó, durante este mes de julio, artistas e intelectuales de nuestro país iniciaron la denuncia de estos hechos muy posiblemente constitutivos de delitos y claramente violatorios al Derecho Internacional, cometidos por servidores públicos federales.
Lo anterior, con base en el Artículo 18 de la Constitución federal que en su penúltimo párrafo señala que “los sentenciados podrán purgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reinserción a la comunidad”.
En cuanto a la notificación de traslado, el Legislador petista también evocó que “todo recluso tendrá derecho a comunicar inmediatamente a su familia su detención o su traslado a otros establecimiento”.
Contrario al Principio 16 emanado por la ONU en 1988, sobre el conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, que establece que “la persona detenida o presa tendrá derecho a notificar o a pedir que la autoridad competente notifique, a su familia o a otras personas idóneas que él designe, su arresto, detención o prisión o su traslado y el lugar en que se encuentra bajo custodia”.
Con la incomunicación de los detenidos, denunció, los agentes gubernamentales responsables de esta acción incurrieron en lo previsto como trato cruel, inhumano y degradante por la Comisión Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, pues esa incomunicación fue aplicada en forma deliberada con el propósito de castigar al detenido.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha considerado que “el aislamiento prolongado y la incomunicación coactiva a los que se ve sometida la víctima representan, por sí mismos, formas de tratamiento cruel e inhumano, lesivas de la integridad psíquica y moral de la persona y del derecho de todo detenido al respecto debido a la dignidad inherente al ser humano”
Dentro del punto de acuerdo, el diputado Sosa Villavicencio propuso igualmente que se inicien los procedimientos para investigar y sancionar los hechos violatorios de los derechos humanos e informar las condiciones bajo las cuales fue posible violar esos derechos y explicar las medidas tomadas para la no repetición de estos hechos.
“No podemos permitir que este tipo de atropellos se sigan cometiendo en México; algunos apelamos su inocencia, pero la solicitud es para que sean reubicados, pues después de 16 años de purgar una condena, no es posible que se violenten sus derechos”, puntualizó.
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