Óscar Rodríguez
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca emitió una «alerta temprana» a los 570 municipios de la entidad a fin de que se garantice la seguridad y el derecho a la educación de los alumnos el próximo lunes cuando la sección 22 de la CNTE reinicie las labores docentes.
Durante la sesión de consejo de la DDHO también se acordó la creación de una Defensoría en materia educativa para vigilar el desarrollo de las actividades.
Según informes del organismo existen 15 focos rojos en donde se prevén conflictos entre los dos grupos magisteriales.
El titular de la DDHPO Arturo Peimbert Calvo, precisa que hay una gran preocupación por que lo pueda ocurrir en algunas localidades donde las asambleas comunitarias, principalmente los comités de padres de familia y las autoridades municipales ya asumieron una determinación con respecto a quienes deben ser los profesores que deben estar al frente de las escuelas.
“Nos preocupa que pueda haber visos de violencia, unos por defender sus derecho laboral y otras por valer la protección y derecho a la educación de sus hijos”.
Menciono que por ello se ha emitido una alerta para exigirle al gobierno de Gabino Cué que haga valer sus oficios como buen interlocutor y mediadores para resolver de la mejor manera los sitios donde haya controversias.
Peimbert Calvo, manifestó su preocupación sobre la dinámica de conflictividad que se ha venido dando por lo que dijo que la institución debe de abonar para que se genere una condición de no linchamiento y de no confrontación pues serían las niñas y los niños de nuestro estado los más afectados.
Detallo que la Defensoría a través de este documento pretende llamar la atención de todas las autoridades con injerencia en el tema para que creen las condiciones necesaria para que el regreso a clases se de en un clima de estabilidad.
Informó que la instalación de la Sala Constitucional abre las puertas para que las recomendaciones que emite este organismo autónomo defensor de derechos humanos puedan ser vinculatorias y se pueda sustanciar el juicio para la protección de los derechos humanos, por la no aceptación o incumplimiento a las recomendaciones dirigidas a las autoridades o a los servidores públicos.
Las y los integrantes del Consejo Ciudadano de la DDHPO consideraron que la instalación de la Sala Constitucional dota a la Defensoría de una importante herramienta vinculatoria pues permite constreñir a las autoridades a que en caso de una no aceptación o incumplimiento ilegítimo de las recomendaciones pueden ser sujetas de responsabilidad, de igual forma, señalar se debe vigilar que la reglamentación de la Sala Constitucional sea en un sentido progresista en materia de Derechos Humanos.
De la misma forma urgió a los actores que se sientan agraviados o amenazados, tal es el caso de los líderes de la propia sección 59 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) como por parte de los padres de familia a que hagan valer su queja y denuncia respecto a las mismas para que puedan ser sujeto de medidas cautelares.
Con respecto al tema magisterial afirmo que se ha iniciado un proceso de recomendación para exigirle al estado se privilegie el derecho a la educación del millón y medio de escolares que están sin clases en unas 13 mil 500 escuelas.
Por otro lado anunció la creación de una visitadora especial en materia de educativa para atender el conflicto magisterial que atienda desde la vertiente intercultural, pedagógica, psicológica, laboral y de orden normativo y legal. Además de añadió se trabaja en un informe especial del tema.
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