Óscar Rodríguez, Mariana Otero, Carolina Rivera
El sistema educativo de Oaxaca opera bajo el monopolio de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en donde los profesores ocupan posiciones en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados Local, y las directivas de la mayoría de los Comités de Padres de Familia en las 13 mil 500 escuelas diseminadas en los 580 ayuntamientos.
En los hechos regulan las relaciones laborales, el sistema educativo, la asignación de plazas, y además, la relación con los padres de familia.
En Oaxaca, la sección 22 decide a quien contratar como profesor de todas las escuelas públicas, y a los funcionarios del Instituto Estatal de Educación Pública.
Salvo el cargo de director general y algunas coordinaciones, el sindicato magisterial impone a los directores y subdirectores de los tres niveles y subniveles de educación, además del personal administrativo, y de transportes.
Incluso cuenta con una fiscalía especial, con sus propios peritos, agentes del ministerio público dentro de la Procuraduría General de Justicia y tienen el control del departamento de relaciones laborales y jurídicas del propio IEEPO.
En 1992, el entonces gobernador priista Heladio Ramírez firmó un acuerdo con la Sección 22 en el que oficializan el control de las plazas y nombramiento de funcionarios del Instituto Estatal de Educación Pública.
Para poder aspirar a una plaza o a un cambio de zona, los docentes tienen que ser integrantes activos del sindicato y ser avalados por su secretario general. No pueden participar si en algún momento estuvieron o tomaron alguna acción en contra del movimiento, tampoco aquellos que han militado en otra sección.
De acuerdo con un documento firmado en 1992, el entonces gobernador priista Heladio Ramírez López y Erangelio Mendoza González, secretario general de la Sección 22 de la CNTE, otorgó al grupo sindical el banco de plazas y el poder para su distribución y asignación.
“El gobierno del estado a través del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) respetará el procedimiento ya instituido en la selección y nombramiento de funcionarios de los distintos niveles educativos de la estructura de la dependencia”, dice la minuta.
Para los nombramientos futuros aclara que también serán respetados en la forma y términos acordados con antelación, aún cuando cambie la estructura orgánica del instituto.
El acuerdo es también económico. En el texto destaca que el estado otorgará 500 becas para los hijos de los trabajadores de la educación; la sección 22 será quien determine el procedimiento para seleccionar quienes reciban las becas.
El gobierno de Oaxaca también acordó destinar 10 mil millones de pesos para dos programas de vivienda a favor de los maestos: Programa para la Construcción o Remodelación de Casas del Maestro y el Programa para la Dotación de Paquetes de Materiales para la Construcción de Viviendas.
En Oaxaca el sector educativo arrastra un déficit financiero de más de 4 mil 809 millones de pesos, derivado de la sobrecarga de prestaciones, primas vacacionales y días adicionales de aguinaldo autorizados a profesores de la Sección 22, cedidas durante los últimos cuatro gobiernos priistas, principalmente durante el régimen del ex gobernador José Murat.
Los 73 mil profesores de la sección 22 de la CNTE cuentan con las prestaciones más altas del país: 90 días de aguinaldo, prima vacacional, bonos de productividad, estímulos de puntualidad, tres meses de vacaciones, el derecho a tres préstamos anuales, una canasta navideña y de despensa, así como apoyo de transporte, se revela en un informe administrativo de Gabino Cué.
LOS PADRES DE FAMILIA PROCLIVES AL MOVIMIENTO, LIGADOS CON LA APPO
Para fortalecer su fuerza de organización y de movilización, la sección 22 ha constituido sus propios comités de padres de familia, los cuales ha integrado con los activistas de unas 46 organizaciones aliados a las que ha integrado en un conglomerado denominado Frente Unico de Lucha Social por la Reconstrucción de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (FULS-APPO), que cuenta con poco más de 15 mil activistas.
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