Oscar Rodríguez
Una medico general fue despedida de la clínica del municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, como represalia por haber votado y apoyado la campaña del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las elecciones de julio pasado.
El munícipe fue denunciando por la quejosa ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ante la defensoría de los derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y ante la junta laboral estatal y federal.
La medico Lázaro Enrique indicó que su despido derivó de represalias políticas por parte del edil perredista José Julio Antonio Aquino, luego de que ella participara en una reunión con el edil electo, Héctor Santiago, en horas no laborables.
En entrevista destacó que el pasado 18 de julio alrededor de las 15:00 horas fue sacada bajo presiones y con apoyo de la policía municipal de las instalaciones del Centro de salud donde prestaba sus servicios desde hace 12 años. Todo bajo acusaciones que nunca pudieron demostrar su veracidad.
Lázaro Enrique indicó que la tarde de ese miércoles arribaron a sus instalaciones el Director, subdirector y asesor jurídico del centro médico, Jorge Bernardino Echeverría, Daniel Alfonso Pérez Juárez y Alejandrino Ventura Villalobos acompañados de elementos de la policía municipal.
Los directivos le indicaron que había sido despedida, aunque nunca le notificaron nada, no le entregaron ningún documento, ni acta de renuncia a su cargo. Solo manifestaban que existían quejas de pobladores por malos tratos y servicio al dar las consultas.
“Ellos me decían que habían quejas en mi contra y yo les decía que me dijeran cuales eran, que me enseñaran para que se justificara la manera tan arbitraria en que hicieron que dejara mi centro de trabajo, pero ellos nunca presentaron las pruebas”, destacó.
Su delegado sindical le explicó que su remoción del centro de salud, derivo de la molestia del edil por haber participado esta en una reunión con el entonces candidato a la presidencia municipal, Héctor Santiago.
“Es orden de José Julio, sí te van a reinstalar pero en octubre, siempre y cuando firmes nómina”, le dijo; a lo que se negó puesto que los cuatro mil pesos quincenales que percibía no les serían entregados, ya que le argumentaron que el dinero no lo cobraría.
Por estos hechos interpuso una queja, lo mismo ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), como ante la junta laboral estatal y federal para exigir su reinstalación de manera inmediata.
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