Presentación CDH ALDF
José Antonio Vital Galicia.
Buenas tardes diputadas y diputados, en primer lugar deseo agradecer a esta Legislatura el punto de acuerdo publicado hace dos días, en el cual apoyan a los jubilados y pensionados de la Ciudad y a los trabajadores afiliados al INFONAVIT y FOVISSSTE, para continuar con la pensión alimenticia y la defensa de los fondos de vivienda. Resolución que asegura los derechos humanos a una vejez digna y a la vivienda; y que estoy seguro, incidió para generar los acuerdos en el Senado del rechazo del uso de los fondos de vivienda para un fin distinto, esto preserva el derecho a la vivienda.
En la Ciudad de México se ha avanzado en la transformación de los programas de apoyo a grupos vulnerables en leyes, que aseguran los derechos humanos de estos sectores. Es un ejemplo del trabajo legislativo y la voluntad política del gobierno para hacer efectivos los derechos humanos de los capitalinos.
Hoy como nunca, en nuestro país se ha progresado en la legislación en materia de la defensa de los derechos humanos, y de manera contradictoria es cuando más se cuestiona su violación sistemática. Recientemente México ha sido reprobado en la revisión que hace la ONU. El reto principal es que se cumplan.
En relación con el desempeño de la CDHDF, es importante reconocer la labor de los trabajadores de la Comisión que son quienes enfrentan a las víctimas y a los familiares con su carga emocional, las últimas administraciones han contribuido en la construcción de la institucionalización y la visualización de los derechos humanos de los capitalinos. Deseo recordar que enormes resistencias se enfrentaron para la formación de las comisiones de derechos humanos en la Ciudad y en el país. Se le calificó entre los protectores de delincuentes y como una instancia para distraer el incumplimiento de las responsabilidades del gobierno federal y de la Ciudad. Carlos Monsivais las calificó como “comisiones de derechos declarativos”
El principal problema que se reconoce, es la reiteración de las quejas hacia las mismas autoridades, la Procuraduría General de Justicia, Salud, Gobierno, mas allá de los procedimientos para llamar a la autoridad sobre la violación de los derechos humanos de los capitalinos y la consecuente emisión de las recomendación. En los últimos diez años se han presentado cerca de 80 mil quejas, acordándose 280 recomendaciones a lo largo de la historia de la CDHDF, sin que exista un cambio real en el respeto a los derechos humanos.
Resulta ilustrativo el inadecuado diseño institucional, cuando en el año pasado, de más de 35 mil personas atendidas, menos de 8 mil se registren como quejas presuntamente violatorias. Existe una errónea promoción de la actividad de la Comisión para que lleguen más de 400% de quejosos y no prospere su reclamación, o no funciona adecuadamente el proceso de integración de la queja. Es evidente que la Comisión realiza tareas de orientación y supuestamente de prevención, más de 20 mil, que son tareas de otras instituciones. Porque la PGJDF, la Sria de Gobierno, la SSP y la SSA no cubren estas tareas distrayendo la actividades esenciales de la Comisión.
Considero que debemos continuar y fortalecer las tareas de promoción y educación que la CDH ha venido desarrollando. Es Necesario superar el papel de ventanilla de quejas, proyectar una mayor incidencia en la formulación de políticas públicas con los poderes de la Ciudad y ampliar la vinculación con las organizaciones sociales de la ciudad.
No es que tengamos cerca de dos mil problemas de privación ilegal de la libertad por cuerpos policíacos o mil doscientos problemas de salud, registrados el último año. Tenemos el problema de acceso y atención integral en los servicios de salud, de mil doscientas personas que se atrevieron a presentar una queja. Y les puedo asegurar que sólo uno de cada mil agraviados, hacen una reclamación.
Existen dos derechos fundamentales que el ser humano valora realmente cuando se ven vulnerados, el derecho a la salud y a la libertad.
En el hospital y en la cárcel es cuando la naturaleza humana sufre de la fragilidad y reconoce el abuso del poder. Es por cierto cuando depende más que nunca de las instituciones que la sociedad se da para proteger a sus miembros.
Hace unos días una compañera estaba reprogramada para ser operada en un hospital del GDF, no pudo ser internada porque no había cama, una semana antes fue internada y estando en el quirófano durante 3 horas fue retirada porque había otras “Urgencias”, el medico y los directivos tienen responsabilidad? sí pero parcial. El problema de fondo es que un hospital de urgencias no puede funcionar como un hospital general. Por un diseño equivocado, diariamente ¿cuántos miles de personas, niños o viejos, jóvenes o mujeres, indígenas o trabajadores informales ven amenazada su salud y la vida por la postergación de una atención médica?
¿Cuántos ciudadanos detenidos indebidamente sufren la perdida de la libertad por actos de autoritarismo por policías y ministerios públicos?, el temor a represalias impiden que se presenten quejas a las instancias correspondientes que en la mayoría de los casos no atienden las reclamaciones debidamente.
Actualmente existe una profunda preocupación por la violencia recurrente desde el año pasado en las manifestaciones públicas promovida por grupos de provocadores y golpeadores, que enturbian el ejercicio de las libertades democráticas y afectan el clima de convivencia social. La reciente agresión contra el magisterio democrático con supuestos comerciantes de Tepito, ha puesto de manifiesto la presencia de grupos de choque que saliendo de un estacionamiento, armados, golpearon a profesoras y profesores, a transeúntes y a periodistas. De igual manera se reporta que el dos de octubre y en otras manifestaciones, los grupos de infiltrados provocan a las fuerzas públicas y la policía de civil y uniformada, arremete contra los manifestantes pacíficos. Existen reclamaciones de que, incluso, fueron detenidas personas que se encontraban en otros sitios de donde se registró la violencia. Necesitamos la verdad y la difusión de las investigaciones y castigo a los responsables materiales e intelectuales.
La manipulación y distorsión que hacen los medios de comunicación masiva del acontecer en la Ciudad, atenta contra la salud de la misma, exacerba las contradicciones de la desigualdad y agrava los efectos de la crisis económica y política que vive nuestro país.
Los órganos de control interno de las dependencias, no cumplen sus objetivos adecuadamente debido a que sus titulares son designados o propuestos por quienes deben ser observados. ¿Qué contralor va a reclamar a quien le debe el puesto?
Se requiere ir a las causas de la violación de los derechos humanos y al mismo tiempo atender a las víctimas, promoviendo la eliminación de los determinantes económicos y sociales que impiden el respeto de los derechos constitucionales.
El derecho a un trabajo digno y socialmente útil y la procuración de justicia, constituyen los problemas centrales en la violación de los derechos humanos. Existen en la ciudad cerca de 2 millones de capitalinos que están excluidos de la protección de la legislación laboral, carencia de contratos de trabajo, prestaciones, vacaciones y protección social, no tienen trabajo digno, seguro y saludable.
Decía mi abuelita que para cambiar hay que iniciar por la casa, se estima que entre 100 y 150 mil trabajadores que dependen del presupuesto de la Ciudad de México carecen de contrato de trabajo y las garantías laborales que la ley establece, por cierto la CDHDF padece también esta problemática.
Es larga la lista de las violaciones a los derechos humanos en la Ciudad que no se visibilizan, el derecho a un ambiente sano en la comunidad y en el trabajo, y el derecho a la información veraz de los medios de comunicación masiva, son temas que precisan una mayor atención. Requerimos que además de identificar los problemas de los grupos más afectados, se trabaje en la redefinición de las políticas institucionales para la resolución de las quejas, desde su estructura interna, eliminando el autoritarismo y la corrupción.
Es fundamental para el ejercicio pleno de los derechos económicos y sociales de los capitalinos, se norme el castigo a la ineptitud o negligencia, el autoritarismo y la corrupción de directivos; existe una normatividad sobre las responsabilidades de los funcionarios públicos que debe ser actualizada para que los órganos de control interno cuenten con la autonomía necesaria para actuar, hasta las ultimas consecuencias, en sus investigaciones; la misma Asamblea Legislativa debe ampliar facultades para que los funcionarios respondan ante las quejas y reclamaciones fundadas. Estoy seguro que el mismo Jefe de Gobierno es el primer interesado en la transparencia en su gestión y en la eliminación de visiones patrimonialistas y autoritarias que lleven a la corrupción de la función publica.
Necesitamos reconocer, que se requiere una redefinición profunda de la Comisión de Derechos Humanos, para promover, con la participación activa de la sociedad, transformaciones estructurales que permitan al gobierno y el poder judicial, cumplir efectivamente con sus objetivos, realizando una diferenciación de los problemas que se derivan del diseño institucional para atender las reclamaciones, del incumplimiento entre los funcionarios marcados por la ineptitud y los señalados por la corrupción.
Un primer problema que enfrentamos es el deterioro y desprestigio de las instituciones públicas que provoca un distanciamiento de la ciudadanía, del gobierno y de las representaciones sociales y políticas. Hoy la población poco o nada confía en los tribunales de justicia, existe una creciente falta de credibilidad en las instituciones. La liberación del profesor Patishtán, es una respuesta a la demanda nacional e internacional de corregir una injusticia, hace evidente la crisis del sistema judicial.
Hoy el reto fundamental es que los derechos humanos sean el eje del funcionamiento de las instituciones públicas en el cumplimiento de sus obligaciones. Se necesita armonizar el ejercicio del derecho humano del individuo con la definición de las políticas públicas. El debate de la reforma política es una oportunidad para restablecer los derechos políticos a los capitalinos y establecer una ley de participación ciudadana que haga efectiva la intervención de la sociedad en las estrategias de gobierno.
Es ampliamente reconocida la necesidad de la participación de la sociedad en los programas y directrices de gobierno, es mandato constitucional y es un imperativo en un régimen democrático. El ejercicio y la defensa de los derechos humanos hoy en día requiere de que se amplíe la participación de las organizaciones que hemos construido los capitalinos, como son las organizaciones de los pueblos originarios, agrupaciones barriales y comunitarias, profesionales y gremiales, de productores y comerciantes, jóvenes y estudiantes, mujeres y viejos, todos deben ser oídos, todos deben participar en la reconstrucción institucional al servicio de todas y todos.
Los organismos no gubernamentales y las agrupaciones académicas deben ser entes activos en este proceso, restituyendo el papel a las ONGs de instrumentos de apoyo al pueblo con la autonomía suficiente para cumplir sus objetivos de servicio. Es fundamental que sus esfuerzos se traduzcan en comunidades activas protagónicas, evitando que los promotores de los derechos humanos hablen a nombre de los sujetos sociales, el valor de su conocimiento y experiencia debe potenciarse para que la solución a la violación de los derechos humanos se traduzca en directrices públicas. Es necesario diferenciarlas de las ONGs o de organizaciones que se dicen de la Sociedad Civil, pero que sirven para evadir y desviar impuestos, o utilizan fondos para fines de promoción comercial o de presión política.
Nuestra propuesta.
La propuesta central, es promover la reestructuración de la CDHDF con la participación de las organizaciones sociales y académicas, en el sentido de generar políticas para generar un pacto institucional que permita hacer de la capital, la Ciudad de los derechos humanos y las libertades democráticas.
1. Los Derechos humanos se defienden ejerciéndolos. Promover la colaboración proactiva de las comunidades en la cultura de los derechos humanos, la justicia y la democracia, basados en los principios de solidaridad y responsabilidad social. generando espacios y condiciones para colectivizar la respuesta social para el ejercicio de los derechos humanos y la atención de las víctimas, fortaleciendo la acción de las ONGs y los académicos.
2. La responsabilidad de las instituciones en la protección de los derechos humanos. Transformar la gestión de quejas, orientación e información en un proceso de diseño de políticas públicas para el cumplimiento de los derechos humanos. lo que significa la sistematización de las presuntas violaciones y además de integrar los expedientes de queja, realizar las investigaciones pertinentes para que, señalando responsables del incumplimiento de los derechos humanos se identifiquen sus causas institucionales y de esta manera elaborar propuestas de estrategias públicas para el ejercicio pleno de los derechos económicos, sociales y las libertades democráticas.
3. Compromiso social. Para el estricto cumplimiento de los derechos humanos, es fundamental la participación de los ciudadanos sin simulaciones, lo que significa que participen en el examen de los problemas en el ejercicio de esos derechos, para lo cual es fundamental el establecimiento de una Contraloría Institucional con la participación de los ciudadanos. Existe el esquema en Brasil de una contraloría social donde los usuarios de una institución participan, conjuntamente con sus trabajadores y sus autoridades.
Estas contralorías como equipo de trabajo, revisan el logro de los objetivos, el diseño de los programas de trabajo, la transparencia en el manejo presupuestal y los problemas en la mala atención o la violación de derechos de los usuarios o derechohabientes. Estas contralorías abordan los problemas desde la base de operación institucional y pueden corregir deficiencias y evitar abusos de poder o corrupción. En caso de asumir la responsabilidad de la CDHDF, sería la primera propuesta de trabajo que promovería.
4. Autonomía de la Comisión. Es indudable la tentación de instancias de gobierno y partidarias, empresariales o de organismos de la sociedad, de influir o controlar el funcionamiento de la Comisión, tenemos que asumir esta circunstancia como una realidad; la negociación del nombramiento del Ombudsman capitalino es un hecho reconocido por todos. La autonomía debemos asegurarla en la interlocución con todos los sectores involucrados en las definiciones públicas con total independencia en las acciones y directrices institucionales de la Comisión.
5. Vinculación institucional respetuosa. La relación con el gobierno de la Ciudad, el Tribunal Superior de Justicia y con la Asamblea Legislativa será propositiva y activa. Necesitamos convencer sobre el fortalecimiento de las instituciones a partir del pleno respeto a los derechos humanos, el reconocimiento preventivo de problemas para evitar la generación de conflictos sociales derivados de su desatención. Requerimos de hacer necesaria la participación de la Comisión como coadyuvante en la solución de las reclamaciones y en el mejoramiento de las políticas publicas.
6. La relación con la ALDF y particularmente con esta comisión, deberá ser permanente con el fin de alimentar el trabajo legislativo para la elaboración de normas que contribuyan al ejercicio de los derechos humanos de los capitalinos, diseñando eventos académicos y de revisión de experiencias con otras entidades e internacionales para mejorar la legislación en la materia. En ese sentido les propongo que trimestralmente la CDHDF presente un informe sobre el avance en el cumplimiento de los derechos humanos en la ciudad de México como un ejercicio de rendición de cuentas.
Para avanzar en los objetivos señalados planteo las siguientes líneas de trabajo:
1. Fortalecimiento institucional y reorientación programática.
a. Propiciar modificaciones en la gestión de servicios y quejas.
b. Promover cambios en la reglamentación de la rendición de cuentas.
c. Informe trimestral del ejercicio de los derechos humanos ante la ALDF
2. Participación social y ciudadana para el cumplimiento de los derechos humanos
a. Contraloría social
b. Encuentro semestral con organizaciones sociales, ONGs,
c. Seminario anual sobre derechos humanos con académicos.
3. Programa de atención a víctimas.
4. Jóvenes, justicia, trabajo y democracia
5. El derecho a la información.
6. Legislación para el buen gobierno y los derechos humanos.
7. El fortalecimiento institucional para la transparencia y el respeto a los derechos humanos. La contraloría social en las instituciones más señaladas.
Los derechos Humanos en la ciudad de México se encuentran en el escrutinio internacional. Los avances en política social, la lucha contra la discriminación y la democratización en la elección de gobernantes, son soslayados por las medidas autoritarias en las libertades civiles y políticas. El desalojo del plantón magisterial y la violencia en las manifestaciones públicas es motivo de preocupación alrededor del mundo.
La Ciudad Capital de la República, por ser sede de los poderes de la Unión, enfrenta los retos de armonizar políticas nacionales con las políticas de la Ciudad, para mitigar los efectos políticos y sociales sobre el centro político y económico más importante del país, que es escenario de manifestaciones sociales, políticas, deportivas y religiosas con la concurrencia de conciudadanos de toda la Nación. Además la integración económica y social del Valle de México con más de 20 millones de mexicanos, nos obliga a construir una visión metropolitana del ejercicio de los derechos humanos.
Hoy la responsabilidad de esta Asamblea en la elección del Ombudsman es observada celosamente; ha sido cuestionada por no ratificar al anterior presidente de la Comisión y en el proceso que se desarrolla para la elección, hubo intentos de funcionarios de la CDHDF de influir en los criterios de nombramiento.
Yo les ofrezco mi experiencia de haber sufrido la violencia gubernamental, represión y tortura. Mi experiencia de lograr convencer en actuar en la vía legal a trabajadores y derechohabientes del ISSSTE ante la ley que les despojó de derechos laborales y sociales, más de 70 mil demandas de amparo por trabajadoras y trabajadores capitalinos y 7 audiencias con la presidencia de la Suprema Corte de Justicia y una audiencia pública para representaciones de trabajadores, académicos y abogados, logramos la preservación de derechos de más de 2 millones de empleados públicos. Mi conocimiento y experiencia en la defensa de los derechos humanos, en una concepción de integralidad y una práctica social de más de 30 años de bregar por la justicia y la democracia en nuestro país.
Finalmente quisiera mencionar como un ejemplo de construcción de políticas públicas a partir de las demandas de cumplimientos de derechos humanos, que en 2010 logramos la celebración en Brasil de una conferencia mundial sobre los sistemas universales de seguridad social, donde gobiernos de 46 países y representaciones de organizaciones populares, sindicales, académicas y de ONGs de más de 90 países acordaron promover la seguridad social como un derecho humano, centrado en la valoración del trabajo digno, como responsabilidad del estado con la participación de la sociedad.
31 de octubre 2013
LOS DERECHOS SE DEFIENDEN EJERCIENDOLOS
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