· La transición al sistema acusatorio requiere compromiso y voluntad de operadores y usuarios del sistema penal.
· El reto de la seguridad y efectiva aplicación de la ley se encuentran entre las demandas más sensibles de la propia sociedad y entre las prioridades del Gobierno de la República.
La subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, Mariana Benítez Tiburcio, sostuvo que la transición al sistema penal acusatorio requiere del compromiso y la voluntad de todos los operadores y de los usuarios del sistema penal.
“Más allá de las leyes que se puedan modificar y de los cambios institucionales que podamos lograr, necesitamos iniciar una transformación cultural profunda entre operadores, autoridades y sociedad en general; si logramos sustituir las malas prácticas, los malos hábitos, las inercias que obstaculizan y detienen esta transición, habremos dado un gran paso en esta transición al nuevo sistema”, señaló la subprocuradora.
Al participar en la inauguración del Congreso Internacional de Derecho Procesal Penal en la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), puntualizó que el reto de la seguridad y la aplicación efectiva de la ley se encuentran entre las demandas más sensibles de la sociedad y entre las prioridades del Gobierno de la República.
En compañía del Rector de la UABJO, Eduardo Martínez Helmes; del procurador general de Justicia del Estado, Héctor Joaquín Carrillo Ruíz; del Secretario de Desarrollo Social y Humano Alejandro López, así como de expertos juristas nacionales e internacionales de Argentina, Chile, Estados Unidos, Colombia y Venezuela, la subprocuradora Benítez Tiburcio, señaló que el fenómeno de la delincuencia organizada trasnacional es uno de los grandes desafíos que enfrentan hoy los países latinoamericanos.
Mariana Benítez recordó que a 30 años de haberse iniciado en la región latinoamericana la primera oleada transformadora de los sistemas de justicia penal, la transición en México hacia el sistema penal acusatorio obedeció a históricas demandas legítimas por contar con un proceso penal más equilibrado, en el que se respeten los derechos humanos y las garantías de las víctimas e inculpados y al mismo tiempo se garantice la efectiva sanción penal a los responsables de vulnerar la paz y tranquilidad de la sociedad.
Enumeró los problemas que han tenido que enfrentar los países para poner en marcha su sistema de justicia penal: dependencia excesiva de cambios legislativos, la distancia que existe entre la letra de la ley y la realidad social, las resistencias institucionales al cambio, la deficiencia en la creación de sistemas de profesionalización de jueces, fiscales, investigadores y defensores públicos, así como insuficiente supervisión y monitoreo del propio sistema.
La subprocuradora Mariana Benítez, anunció que desde el Gobierno de la República se está poniendo el mayor empeño y dedicación por lograr que nuestro sistema tenga una visión de justicia penal moderna, pero que a la vez se ajuste a la realidad jurídica y al contexto social que prevalece en nuestro país.
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