Óscar Rodríguez
Habitantes de San José el Progreso exigieron la anulación de la consulta que se llevó a cabo el pasado domingo para el proceso electoral, de lo contrario amagan con iniciar con movilizaciones.
Indicaron en conferencia de prensa que la consulta programada para el pasado 24 de noviembre fue violentada, ya que, el edil Alberto Mauro Sánchez facilitó autobuses para las agencias de Maguey Largo, Cuajilote, Los Vásquez y Lachilana.
Mauro Sánchez violó con estas acciones la imparcialidad del proceso, así como la objetividad, ya que utilizó el transporte oficial para el traslado de los ciudadanos de otras agencias como la Garzona y el Porvenir.
A este grupo de pobladores también les fueron entregados despensas, pollitos, láminas y la cantidad de 400 pesos, es decir estuvo coaccionando y presionando para que acudieran a votar por la pregunta según su conveniencia en la consulta que empezó a desarrollarse.
Dicha consulta tuvo que ser suspendida ante una serie de irregularidades cometidas por el funcionario y su cabildo así como por la policía municipal, entre ellos Adán Arango González, quien amenazó de muerte a Salvador Vásquez Vásquez públicamente, por exigir se respetaran los acuerdos.
Por lo anterior responsabilizaron al edil de lo que llegue a suceder en la comunidad, ya que existen antecedentes de hechos violentos y muertes generados por él mismo y su grupo armado; quienes pretender imponer un procedimiento electoral que no está reconocido por el consenso de la consulta.
En este sentido exigieron al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPCO) se cumpla con el ejercicio de la función electoral de la cual debe sujetarse a los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.
La función de la Dirección de sistemas normativos internos es orientar, coadyuvar y ser mediados en los conflictos intercomunitarios, lo que hasta el momento no se ha cumplido a cabalidad, destacaron.
Asimismo exigieron se respete el convenio OIT 169, respecto al derecho de consulta previa e informada, para que antes de cualquier consulta se informe previamente a los ciudadanos el objetivo, las ventajas y desventajas para el proceso, indicaron.
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