Oscar Rodríguez
Un centenar de comuneros del municipio indígena de San Miguel Aloapam, tomaron las oficinas de la delegación estatal de la Secretaría del Medio Ambiente Recursos Naturales (Semana), reteniendo a los empleados y al delegado federal de la dependencia Tomás González pata exigir la cancelación de los permisos de explotación forestal que se autorizaron de manera indebida en una zona en conflicto.
Los inconformes, con palos y piedras obligaron a cerrado la calle aledaña a la dependencia y amagaron con extender el bloqueo a más vialidades.
El grupo dirigido por el líder del movimiento Antorcha Campesina, Gabriel Hernández apenas el martes retuvo en sus oficinas a la delegada de la Secretaria de Desarrollo Urbano Territorial (Sedatu) Sofía castro a quien le exigieron la entrega de paquetes de viviendas.
Los comuneros, exigieron en contra parte la entrega de los permisos de explotación forestal que se solicitaron hace 6 meses y que fueron revocados de manera indebida.
“Nosotros cumplimos con todos los tramites necesario que reclama la norma, expedida por la Comisión Nacional Forestal y la propia Semarnat y se nos negó las autorizaciones, en cambio si de otorgaron para aquellos talamontes que invaden nuestro territorio y explotan nuestros bosque dentro de la zona de litigio”.
Exigieron que haya justicia para quien trabaja de manera legal y castigo para quienes abusan y rebazan la ley violentado el estado de derecho para obtener beneficios personales”.
Con respecto a la posible situación de conflicto que se viviera en la zona con un conflicto social, específicamente con San Isidro Aloapam, aseguraron que es un asunto que los tribunales ya habían dictaminado y ellos aceptaron la resolución, no somos un pueblo violento, mucho menos irracional, aseveraron.
San Miguel Aloapam es una de las comunidades modelo en cuanto al aprovechamiento de la madera, de acuerdo a los estatutos de las dependencias encargadas de expedir permisos, además, existe el compromiso social en el que se contempla que con las ganancias de la venta de madera se ayude a niños, ancianos y mujeres viudas con aportaciones de acuerdo a su situación económica.
QUEJA DE ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS
Oscar Rodríguez
La Red Nacional de Derechos Humanos envió una carta al gobernador de Oaxaca Gabino Cué, para quejarse por el acoso que sufren activistas de derechos humanos en la región del Istmo de Tehuantepec por parte de grupos paramilitares, caciques y presidentes municipales ligados con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) que por la fuerza intentan instalar en una zona sagrada un parque de energía eólica.
El organismo donde hay integrados un conglomerado de 72 organizaciones, manifestó su preocupación por la vida e integridad física de las defensoras de derechos humanos Bettina Cruz Velázquez, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT), Sara Bartolo López y María del Carmen Sánchez Martínez, integrantes de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ); quienes desde 2007, junto con sus comunidades, han emprendido una larga lucha en defensa de su territorio luego de que las empresas Mareña Renovables y Gas Natural Fenosa están estableciendo, desarrollando y operando centrales eólicas en tierras de uso común en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca México. Todo ello, sin la consulta previa, libre e informada a los ikjoots y binnizá, pueblos originarios del lugar.
Sostienen en su misiva que en diversas ocasiones hemos documentado actos de hostigamiento y agresiones directas en contra de las defensoras como detenciones arbitrarias, amenaza de muerte, amenazas de secuestro, vigilancia, intimidación, campañas de difamación e intento de asesinato.
Sostienen que las defensoras han encabezado el movimiento de resistencia que mujeres y hombres indígenas emprendieron en defensa de su territorio, ya que el gran parque eólico que se tiene proyectado en la zona, afectaría principalmente su agricultura y pesca que son básicamente el sustento de su economía.
Admiten que la defensa de su territorio y la lucha en contra del proyecto eólico de energía renovable ha puesto en riesgo la vida e integridad física de las defensoras y su derecho a defender los derechos humanos no ha sido garantizado.
Reconocieron la lucha legal que han emprendido los grupos opositores a los proyectos de energía eólica, ganando amparos ante la justicia federal para evitar el uso de las tierras.
Sin embargo han sido sujeto de represión por parte de los cuerpos de seguridad estatal y municipal, además de que se han ejecutado detenciones arbitrarias.
Recordaron que defensora Bettina Cruz, cuenta con medidas cautelares y a pesar de ello siga hostigada y amenazada.
En el mismo sentido se encuentra las activistas María del Carmen Sánchez Martínez y Sara Bartolo López, quienes han recibido llamadas telefónicas para intimidarlas por parte de grupos paramilitarse.
Los organismos urgen que se garantice que las defensoras de derechos humanos de Oaxaca puedan realizar sus labores en condiciones de seguridad y ejerzan sin represalias su derecho a defender los derechos humanos. Al tiempo que pideron investigar a los responsables de dirigirlas.
Y demandaron al gobierno estatal y federal se respete el derecho de los pueblos a defender su territorio y la decisión de no permitir la construcción de los parques eólicos en territorio comunitario, privilegiándose el derecho a la consulta previa, libre e informada.
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