JESUSA CERVANTES
MÉXICO, D.F. (apro).- Con 431 votos de PRI, PAN, PRD, PVEM y Nueva Alianza y 36 en contra de PT y Movimiento Ciudadano (MC), la Cámara de Diputados aprobó la ley reglamentaria de la consulta popular, una añeja demanda de la izquierda.
No obstante, la llamada consulta popular quedó totalmente acotada, lo que hace difícil que la población pueda ejercer este derecho que ya está tipificado en la Carta Magna.
Así, sin poder someter a consulta la reforma energética y concediendo sólo el Ejecutivo federal tiempo en radio y televisión para promover sus peticiones de consulta, el PRD sumó su voto a los de PRI, PAN, PVEM y Panal para avalar la ley reglamentaria del 35 constitucional.
Alfonso Durazo, legislador por el MC, al argumentar su voto en contra, expuso con claridad los verdaderos alcances de la ley reglamentaria: “La iniciativa tiene un nombre realmente seductor, ley de consulta popular. Sin embargo, con las deficiencias que tiene esta iniciativa realmente se limitan las posibilidades de convertirse en una auténtica consulta popular”.
Y detalló.
En primer lugar, la oportunidad que debería de ser el corazón de esta iniciativa está ausente en el dictamen. Así, los peticionarios primero tienen que iniciar la declaratoria de procedibilidad; después, deben reunir 2 millones de firmas.
Además, tienen que solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el que no haya contradicción constitucional, y aparte está la calificación de los términos de trascendencia.
Aunado a ello, aclaró Durazo, debe consultarse al IFE sobre la veracidad de las firmas y el número de firmantes; enseguida, “la petición tiene que aprobarse en este pleno si ha lugar o no a la consulta y, finalmente, iniciarse todo el procedimiento”.
El legislador del MC también desnudó lo que hay detrás de la iniciativa, pues “en realidad lo que se ha buscado con esta iniciativa es generar ante aquellos que tienen una lucha histórica por abrir espacios a la participación ciudadana, generar ante ellos la idea de que efectivamente se está cumpliendo con este requisito.
La verdad, denunció, es que “se está acelerando el procedimiento con el ánimo de responder a urgencias de coyuntura que tienen que ver con los acuerdos políticos para acomodar las piezas de tal manera que pueda resultar aprobada oportunamente la reforma energética”.
Una vez que se aprobó la ley reglamentaria de consulta popular se pasó a la discusión de la difusión de este mecanismo, en donde el diputado Ricardo Mejía Berdeja, también del MC, advirtió que “todavía hay quien cree que a través de una consulta van a parar esta decisión.
“Por eso lo que hoy vivimos es una restauración, un retroceso, y no hay límites para seguir generando este Estado autoritario que linda en el fascismo, aunque la palabra no les agrade a algunos, donde lo mismo se criminaliza la protesta, se prohíben las marchas, se criminaliza a líderes sociales o se les mata. Ése es el México que se está construyendo con todo este entramado”, acusó.
Con las nuevas reglas, añadió, el Ejecutivo federal va a utilizar las consultas populares usando los tiempos de la radio y la televisión para promover su imagen durante el tiempo de las campañas electorales. “En esto no puede haber ingenuidad, porque la ingenuidad a veces linda en la complicidad”, fustigó.
Y aunque el PAN votó a favor, uno de sus representantes, Damián Zepeda, recordó que en las entidades donde ya existe la consulta popular, como Distrito Federal, Coahuila y Sonora, gobernados por PRD, PRI y PAN, respectivamente, se “tiene de manera clara que los que deben difundir la consulta son los órganos electorales, “y aquí queremos empoderar al presidente de la República o a la Cámara de Diputados para que haga lo consecuente.”
Y es que según la ley aprobada, quien solicite la consulta será el que pueda únicamente promover en los medios de comunicación su petición.
En otras palabras, si el Congreso es el solicitante, sólo ese poder hará propaganda a favor de su propuesta. Sin embargo, si el peticionario es el Ejecutivo federal, entonces únicamente éste hablará a favor y nadie en contra, con todo el tiempo en radio y televisión que se le otorgue por este mecanismo.
Además, advirtió el panista, hay otro riesgo. Y es que se establece que la consulta sea concurrente con las elecciones, sin embargo, “esto presenta un problema. Imagínense entonces al presidente de la República en plena campaña electoral utilizando los tiempos de radio y de televisión, saliendo a cuadro, él o el gobierno que él representa, a defender un programa de gobierno.
“Adicionalmente, suponiendo sin conceder, que los peticionarios debieran usar la radio y la televisión, los tiempos oficiales, la redacción que se escogió está equivocada de origen, pero equivocada en la forma también; la redacción que aquí se acordó y que están metiendo es que sólo el peticionario va a tener acceso a radio y televisión”.
Y sintetizó: “Es un absurdo lo que se está pretendiendo aprobar… Exclusivamente el peticionario. Y ¿qué pasó con el equilibrio? Y ¿qué pasó con que el ciudadano se entere de la otra visión que se tiene en el país para que pueda tomar una decisión informada? Imaginen una consulta en donde el presidente decida consultar si el sistema de seguridad social universal debe implementarse en este país. Vamos a tener al presidente de la República, a él y sólo él con tiempos de radio y televisión, sin que haya un contrapeso por delante; perdón, pero es un absurdo lo que hoy en día se quiere votar en este artículo y en la reforma constitucional”.
Antes de la discusión en el pleno, el coordinador de la fracción del PRI, Manlio Fabio Beltrones, aclaró que la consulta popular no incluye el poder someter a ese mecanismo los eventuales cambios constitucionales.
Lo anterior significa que la reforma energética que se discute hoy en el Senado no podría ser sometida a consulta popular, como lo pretende el PRD.
La discusión y aprobación de esta ley quedó truncada la madrugada del viernes pasado, luego de que PRI y PAN iniciaran negociaciones dejando fuera al PRD.
Y para lograr que el partido de izquierda se sumara a las negociaciones, este martes se agregó un artículo quinto transitorio, donde se señala que por única vez los requisitos sobre la petición para una consulta popular y el formato de obtención de firmas no aplicarán en las solicitudes ciudadanas que hayan sido presentadas antes de la aprobación de la ley.
En apariencia, este artículo beneficiaría a las más de un millón de firmas que el PRD entregó ya al Senado para frenar la reforma energética, sin embargo, con la acotación que hizo Beltrones quedó claro que la creación de la ley secundaria no beneficia en nada a quienes se oponen a la reforma energética.
PUBLICACIÓN ORIGINAL: http://www.proceso.com.mx/?p=360087
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