El diputado Carol Antonio Altamirano, secretario de la Comisión de Presupuesto e integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados 
consideró como un abuso del gobierno federal que haya cambiado la Ley de Ingresos que el mismo promovió y que se aprobó tras intensos trabajos en ambas cámaras.
Es una miscelánea de regresiones y concesiones al sector privado, que “de la noche a la mañana “le permite al gobierno le conceder beneficios a los sectores de mayores ingresos “con la intención evidente de congraciarse con ellos”.
No es poca cosa que en el decreto de beneficios fiscales el gobierno decida cederle al sector privado cambios en el Impuesto Sobre la Renta, el IVA, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Derechos y Código Fiscal, pero “sin que el Congreso haya sido considerado ni informado aun cuando este aprobó todas esas leyes en la Reforma Hacendaria en un esfuerzo muy importante, realizado apenas en diciembre del 2013”.
Es evidente que los cabilderos del sector privado siguieron presionando al Ejecutivo y que lograron beneficios para sectores como el transporte de carga y pasajeros, los alimentos chatarra, las mineras, las escuelas particulares y las tiendas departamentales.
Es inadmisible y ridículo que en este caso el gobierno no presente ninguna cuantificación del impacto de estas concesiones a los recursos públicos. Es obvio que las modificaciones van a significar menos ingresos para el país, explicó el diputado, pero a diferencia de cuando se discutió la Reforma Hacendaria, donde por cada uno de los ajustes se proyectó una meta recaudatoria, ahora resulta que “todo este paquete de concesiones tiene un entorno de opacidad y discrecionalidad”.
Aun cuando la ley, en especial el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación permite este tipo de ajustes, en el fondo es una vergüenza que el gobierno ceda recursos aprobados por los legisladores, sin que ni siquiera se sepa cuanto es lo que nos va costar como país.
El Ejecutivo está tirando a la basura cientos de horas de trabajo y dañando la relación con los senadores y los diputados que participaron en la Reforma Hacendaria.
Exhibe un doble discurso, donde primero alienta y asume elementos progresivos en materia fiscal y luego se desdice como si no existiera la determinación tanto de los diputados como de los senadores, lo cual constituye un pésimo mensaje en cuanto a la seriedad de las relaciones entre los poderes, recalcó el diputado del PRD.
Además queda por verse de qué manera se va a ajustar la caída de los ingresos. El gobierno debe decir desde ahora si piensa en superar las metas de déficit, si va a recurrir al truco de “aparecer” dinero subestimado o correspondiente a disponibilidades que no había reportado, o si piensa hacer algún ajuste al presupuesto aprobado en el gasto de inversión o en los programas de las dependencias.
En todo caso, concluyó el diputado, estamos ante una decisión discrecional en beneficio del sector privado, por lo que el gobierno está obligado a transparentar e informar, por lo menos las estimaciones del impacto económico que implican sus «regalos y concesiones a los cabilderos del sector privado”. Es lo mínimo que debe hacer para que exista claridad de quienes se van a beneficiar y con cuanto por cada uno de los cambios que ha decretado de manera tan abusiva.
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