Oscar Rodríguez
Ella tiene menos de 15 años, es originaria del poblado indígena de San Juan Copala, – que se localiza en el corazón de la emblemática región Triqui- , donde la vida vale muy poco, y donde muchos son los que mueren asesinados en medio de los odios raciales y una disputa jamás entendida.
Ella apenas habla el español, vive acompañada de la miseria y sin pudor admite haber sido vendida por sus padres en 40 mil pesos a un hombre viejo que se dijo su esposo y que está identificado como Basilio Estrella, quien acepta ejercer la abogacía en el Distrito Federal.
“Es por costumbre, lo hacen porque no tenemos otro destino”, lo relata desesperada, triste, mortificada la niña ataviada en un viejo jorongo rojo deshilachado quien reconoce que tener novio en su pueblo, está más que prohibido.
La menor cuyo nombre se omite por razones de seguridad logro ser entrevistada en el albergue donde radicó desde el mes de agosto del año pasado, antes que fuera devuelta a sus familiares.
“O te vas con el hombre, te quedas en el campo o vas a la frontera de mojada”.
¿ A sí nomás las venden como cualquier cosa y tu aceptas?.
“mis padres lo deciden, y tenemos que acatarlo, lo hicieron mis tres hermanas, yo me resistí y trate de escapar y ahora una juez me obliga a regresar con mis padres, quienes son capaces de volver a venderme o regresarme con el hombre que me compro por unos cuantos pesos.
LA HISTORIA
La victima se mantuvo durante más de 2 años, junto con activistas del Movimiento Unificado de Lucha Triqui Independiente (Usorti) en plantón en los corredores del Palacio de Gobierno, en calidad de desplazados.
María Juana Santiago y Margarito Cruz Aguilar, los padres,- dedicados a la agricultura-, solo argumentan haber llegado a un acuerdo de compra de su hija como una opción para poder sostenerse económicamente, precisando que no tenían dinero ya para seguir manteniendo a su menor.
Hace un año por la desaparición de la menor, se activó una búsqueda, pero la niña fue localizada en una casa albergue de una casa parroquial, donde por su condición fue sujeta a una media cautelar, donde fue resguarda por elementos de seguridad, por que había el riesgo de que fuera sustraída.
Sin embargo el caso de la patria protestad de la menor se discutió ante un juez familiar, que determino hace unos días ordenar su regreso a custodia de sus padres.
Ante el fallo la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) anunció el inició de una queja de oficio en contra de la juez segundo de lo familiar, Elizabeth Roxana López Luna, por solapar la violación a los derechos humanos de la niña triqui.
De acuerdo al ombudsman Arturo Peimbert Calvo, la menor de edad fue reintegrada al seno familiar a pesar de que la jueza Elizabeth Roxana López Luna, sabía la situación por la cual había escapado.
El defensor de los Derechos Humanos, Peimbert Calvo, refiere incluso haber enfrentado a un grupo de desplazados de San Juan Copala representados por Lorena Merino, que se apostaron en sus oficinas para exigir la libertad y entrega con vida de la menor.
Peimbert Calvo, dijo que mediante una llamada telefónica solicitó a la Juez Segundo de lo Familiar devolver a la menor a la Subprocuraduría de Delitos contra la Mujer por Razón de Género y continuar con el proceso de las indagatorias contra quienes la vendieron o que se hubieran un procedimiento para resarcir el daño psicológico y moral generado a la menor.
Sin embargo la juez no accedió y ordeno su devolución a tutela de sus padres, quienes precisaron que son los poseedores de la patria protestad de la menor.
LA RECIBEN A GOLPES.
En cuanto la madre se dio por enterada de la recuperación de su hija, y la tuvo de frente esta se abalanzó y la golpeó a puñetazos, la jaló de los cabellos y la obligó a regresar su hogar, advirtiéndole que le entregarla al abogado que la había comprado, confió el defensor de derechos humanos que fue testigo de su entrega.
El ombudsman oaxaqueño, lamento que la jueza no haya tomado en cuenta el punto de vista de la víctima.
“Me preocupa la situación de la menor, por que refiere que los padres amagan con trasladarla a la Ciudad de México, donde están las personas que la vendieron y si esto ocurre, la voz de la víctima se apagara”.
Dijo que al juez le tocaba acatar en su resolución los criterios en materia de derechos humanos a nivel internacional, pero los paso por alto y solo emitió una resolución jurídica a raja tabla.
Durante la sesión pública del Consejo Ciudadano de la DDHPO de este martes, Arturo Peimbert Calvo señaló que en el estado de Oaxaca, -pero principalmente en zonas de mayor marginación y vulnerabilidad-, particularmente la región triqui se continúa vendiendo a mujeres, pero sobre todo a niñas, lo que demuestra que hace falta generar mayores condiciones y respeto a los derechos humanos.
Dijo que se buscara hacer un estudio especial en la zona para identificar el número exacto de mujeres que ha llegado ser comercializadas contra su voluntad al mejor postor como esposa o acompañantes sexuales.
Por su parte, María Eugenia Mata García, consejera ciudadana, dijo que en la actualidad prevalece un problema de género y hasta ahora no hay nada que justifique que las autoridades sigan solapando hechos como el de la menor triqui.
“Es indignante lo que ocurre con las mujeres y peor aun cuando las instancias en materia de impartición de justicia solapan actos discriminatorios”, expresó.
En tanto José Bernardo Rodríguez Alamilla, también integrante del Consejo Ciudadano, comentó que hay personas que se aprovechan de la situación que atraviesan los municipios y se vuelven mercenarios de su condición social.
COMPRADOR DE NIÑA INTENTA RESCATARLA
El presidente de la DDHPO, denunció que cuando la menor fue rescatada por las policía y trasladada a la Subprocuraduría de Delitos Contra la Mujer por Razones de Genero, el hombre que la compro a sus padres, el abogado, originario del DF, se introdujo a las oficinas de la fiscalía e intento rescatar a la menor.
“Tenemos entendido que dicha persona subió hasta el segundo piso de las oficinas de la Procuraduría y tuvo contacto con la victima, lo que consideramos también como grave, por que hay acoso e intimidación”.
SE PREPARA DENUNCIA POR TRATA
En tanto la Subprocuraduría de Delitos contra la Mujer por Razones de Genero de la Procuraduría del Estado, dependiente de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), Informó que analiza sancionar penalmente a la familia que vendió a la menor, junto con el comprador de la misma, por el delito de trata de persona.
De acuerdo con la PGJO en Oaxaca oficialmente hay 45 personas reportadas de manera oficial como no localizados, detallando que mayoría son jóvenes, y mujeres, algunas que argumentan haberse ido de su casa por conflictos familiares, principalmente por que fueron vendidas por sus familiares como parejas sexuales o esposas a personas a personas que desconocían.
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