Oscar Rodríguez
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) inició un cuaderno de antecedentes contra el gobierno de Oaxaca por los actos vandálicos, toma de rehenes que han cometido estudiantes normalistas en sus protestas para exigir la entrega de 750 plazas automáticas de docentes.
El titular del organismo Arturo Peimbert Calvo, mostro su preocupación por la inacción de las autoridades estatales para darle cause a un problema de orden educativo y laboral, que debe ser conducido por los canales institucionales, de dialogo, respetuoso y tolerante y no trasgrediendo la ley, ni el orden público, mucho menos dando pie a la comisión de hechos delictivos.
“Desde el primer momento que nos enteremos que había gente retenida, intervenimos como interlocutora para exigirle al gobierno su actuación para lograr la liberación de los ciudadanos.
Iniciamos un cuaderno de antecedentes dirigido al gobernador Gabino Cué, al titular de Procuraduría de Justicia Héctor Joaquín Carrillo, del mando en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal Alberto Esteva Salinas y al director general del Instituto Estatal de Educación Pública Manuel Antonio Iturribarria para que se avocaran a la atención y solución inmediata del conflicto.
Urgimos que se dictaran las medidas cautelares correspondiente para los ciudadanos afectados que se encontraban en medio de una situación de rehenes”.
Afirmó que es inadmisible que un grupo de estudiantes de manera colectiva se apoderen de las instalaciones de empresas y de terminales públicas para exigir la atención de un derecho otorgado por el estado y dañe los derechos de otra gran colectividad como son los ciudadanos comunes.
“Aquí tenemos que partir de un principio de certeza jurídica, precisando que no es valido y entendible que en la defensa del derecho de manifestarse se este conculcando el derecho de terceros.
Creemos que esta situación y tipo de practicas ya no puede seguir prevaleciendo en Oaxaca, por se agrava desde el tejido social hasta la condición social que de por si es precaria del comercio.
Por que por cada acto de terrorismo como los cometidos hay una fuga de inversiones y en consecuencia el cierre de una empresa, lo que propicia la perdida de empleos.
“Yo no quiero calificar la actuación de los estudiantes, si su petición es legal o ilegal, lo cierto es que en Oaxaca se debe respetar el derecho a la manifestación, con sus disensos sin dañar los derechos del ciudadano”.
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