Oscar Rodríguez
Un grupo de Trabajadores del Sistema Integral para la Familia (DIF), tomaron y cerraron una gasolinera del gobierno de Oaxaca, ubicada en la capital oaxaqueña, para exigir la destitución de varios funcionarios estatales a los que acusan de cometer presuntos malos manejos del gasto y de no cumplir con su responsabilidad en operación y manutención de los albergues infantiles de la institución.
Los inconformes piden una audiencia con el gobernador Gabino Cué, a quien le quieren plantear la renuncia de la directora operativa de la institución Fátima García y de la titular de la Procuraduría para la defensa del menor y la familia Laura Vargas.
Los inconformes quienes ya cumplieron una semana de paro, mantienen cerrada las Casas Hogar, la dirección de Programas Alimentarios, el velatorio y la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, instituciones pertenecientes al sistema de asistencia social de la entidad y repruebas los esquemas de evaluación aplicados al personal que se ejercen de manera sesgada.
También denuncias un mal manejo de las donaciones de medicamentos y alimentos que ha realizado la ciudadanía y reportaron que en las instalaciones de dicha institución se echaron a perder varias toneladas de apoyos a los damnificados por los últimos fenómenos naturales.
Advierten que hay tres toneladas de insumos caducos que se localizaron en una de las bodegas de la dependencia que no fueron movilizadas por instrucción de la directora operativa del DIf-Estatal.
Se quejan de la falta de materiales, medicamentos y trabajar en instalaciones que están a punto de derruirse.
De la misma forma se quejaron de la falta de alimentos de calidad en los albergues infantiles y de sufrir un maltrato de parte de los funcionarios encargados de la administración y operación de los mismos.
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