El programa Oportunidades continúa violando los derechos humanos de la mujeres indígenas a decidir sobre su cuerpo y el número de hijos que quieran tener o no y su asistencialismo es cada vez más autoritario aseveró Martha Sánchez Néstor, coordinadora del Programa de Mujeres Indígenas del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB), al comentar el anuncio de la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, de que familias indígenas con más de tres hijos ya no tendrán apoyo de dicho programa al considerar que la procreación «se está viendo como forma de que ingrese más dinero al hogar».
Por su parte Carlos Beas, de la Unión de Comunidades Indígenas de la zona Norte del istmo de Tehuantepec (UCIZONI), manifestó al respecto que el gobierno federal priísta «reincide en la imposición de programas de control de la natalidad que violentan y desconocen la cultura de las comunidades indígenas y específicamente los derechos de las mujeres».
Robles Berlanga aseveró además, en una región donde habitan los pueblos coras, huicholes y tepehuanos de Nayarit (http://www.jornada.unam.mx/2014/05/02/politica/020n1pol), que se suspenderá el apoyo económico por nacimiento que actualmente se entrega, pero también les están solicitando a las mujeres indígenas beneficiarias de Oportunidades «que vayan a los talleres de planificación familiar, para que sean tres hijos en toda su vida y no más».
¿Dónde queda el derecho a decidir de las mujeres? cuestionó la dirigente amuzga guerrerense Sánchez Nestor señalando que es más preocupante que ese programa Oportunidades que estuvo promoviendo el tener más hijos para recibir más dinero ahora de un viraje que, advirtió, deja entrever el peligro de que el gobierno mexicano vuelva a aquellos años de las administraciones priístas de imposición de programas de esterilización masiva y de implantación del diafragma (DIU) a las mujeres indígenas sin su consentimiento e incluso sin informarles, crítica en la que, por separado, coincidió Beas.
«Esta política alejada de los derechos humanos de las mujeres refleja que no tienen (en el gobierno de Peña Nieto) ni el mínimo respeto a la palabra de las mujeres y su derecho a decidir, sorprende y parece delicado, aunque -acotó con ellos ya no nos sorprende nada. Rosario retrocede en toda la visión feminista que tenía» afirmó.
Informó que en la Costa de Guerrero, donde desde 2003 se creó la Casa de la Mujer indígena que atiende a siete municipios de esa región, entre ellos Ometepec, San Luis Acatlán, Malinaltepec, donde viven mixtecos, tlapanecos y amuzgos, no se ha logrado que haya para las mujeres una atención intercultural sino que toda la atención se les da en español, idioma que muchas no hablan.
Subrayó que la nueva imposición de Oportunidades «puede tener secuelas muy fuertes en las familias» si bien estimó que dicho programa siempre fue asistencialista, no promueve el empoderamiento de las mujeres en sus derechos y promueve una nutrición vista «no desde la alimentación de los pueblos sino utilizando productos de fuera, lo que ha llevado a la creación, por donde se aplica, de corredores donde han aparecido tianguis que empujan, por ejemplo, a ya no comer una sopa de hongos de la región sino sopas maruchan».
Beas a su vez estimó que la posición de Robles Berlanga «es la de una política urbana que desconoce la concepción indígena y rural de la familia, donde el mayor número de hijos es una forma de apoyar en el trabajo del campo y por lo tanto en el sustento de la familia pero también una forma de compensar la alta mortalidad infantil» en las zonas indígenas.
Afirmó que Oportunidades ha sido «un programa desmovilizador que tiende a evitar la organización de los pueblos, crea vicios» con el otorgamiento de dádivas e incrementa las jornadas de trabajo de las mujeres, obligándolas a asistir a pláticas que se dan en español, que muchas veces no entienden. Obligar a tener un máximo de tres hijos a familias indígenas es además «discriminador y se pue echar abajo con un amparo», apuntó.
Beas informó también que en la zona del bajo Mixe, en Oaxaca, varias comunidades han instalado retenes con sus policías comunitarios o topiles, reforzados por ciudadanos y ciudadanas «ante la evidencia de la complicidad de corporaciones policiacas con la delincuencia organizada» como quedó demostrado el pasado 29 de abril, cuando en la comunidad de Arroyo Carrizal decidieron retener al comandante de la policía Ministerial Cecilio Nicolás Gonzalez García y dos policías, luego de que un ciudadano fuera secuestrado y el primero insistiera en que se pagaran los 50 mil pesos que se exigían por el rescate.
Dichos policías se entregaron el mismo día al subprocurador de Justicia de la Cuenca del Papaloapan, pero se hizo el acuerdo para que se investigue la participación de la policía con la delincuencia organizada con el Procurador de Justicia del Estado, Joaquín Carrilo. Ahora comunidades como Guichicovi, Ejido Revolución y Moluco, Emiliano Zapata, Cotzocón y otros, los topiles, reforzados por 10 ciudadanos se turnan para hacer vigilancia las 24 horas todos los días, detalló.
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