Por Emir Olivares Alonso
México, DF. Amnistía Internacional (AI) solicitará al titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, se comprometa a cumplir a la brevedad nueve “acciones específicas” en favor de los derechos humanos.
En una carta dirigida al mandatario mexicano, el secretario general de AI, Salil Shetty, manifiesta su preocupación por el hecho de que el gobierno de Peña Nieto se ha mostrado “reacio” a asumir compromisos públicos claros sobre derechos humanos.
En febrero pasado, un equipo de AI se reunió con el mandatario mexicano para manifestar su preocupación por las constantes violaciones a garantías fundamentales en México. En ese encuentro, Peña Nieto solicitó a la organización internacional que le propusiera acciones concretas en la materia.
En respuesta a esa solicitud, la agrupación global dará a conocer este martes las nueve acciones clave que confían se traduzcan en hechos. Entre éstas destaca que se emita una declaración presidencial donde se haga saber que cualquier funcionario federal que no reporte o investigue una violación a derechos humanos será enjuiciado con base en las normas internacionales en la materia, que se haga pública la base de datos de los 26 mil desaparecidos en el contexto de la guerra contra el narcotráfico, abolir la figura del arraigo y crear una base de datos donde se registren todas las detenciones.
Otros señalamientos son garantizar la implementación total del Código de Justicia Militar reformado a fin de asegurar que todo el personal militar implicado en violaciones de derechos humanos contra civiles, cometidas en el pasado o actuales, sea investigado, encausado y juzgado por el sistema de justicia ordinaria; revisar los procedimientos para responder a las quejas y denuncias de torturas y otros malos tratos e investigarlas de plena conformidad con el Protocolo de Estambul, lo que incluye la reforma de los procedimientos especiales aplicados por la Procuraduría General de la República y otros protocolos médicos; adquirir un compromiso político y económico claro con la implementación de las recomendaciones preliminares del relator especial de las Naciones Unidas sobre Tortura –que visitó recientemente el país— y establecer un mecanismo de vigilancia independiente con la sociedad civil para evaluar su cumplimiento.
El secretario general de AI a escala global indica que en reiteradas ocasiones este organismo ha documentado que en México la impunidad “está arraigada” debido a la ausencia de respuesta de las autoridades a las denuncias de violaciones a esas garantías. Por ello, agrega que si el gobierno de Peña Nieto “se compromete en serio con los derechos humanos, deberá cambiar radicalmente su respuesta a las denuncias de presuntas víctimas de abusos y violaciones”.
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