Oscar Rodríguez
La Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), determinó la demolición de una casa club y complejo habitacional, -ejecutado por una empresa canadiense-, que se desarrollaba de manera indebida en playas de Bajo de Chila, perteneciente al destino turístico de Puerto Escondido.
El fraccionamiento de alto impacto,- donde solo se privilegia la venta de lotes para residentes extranjeros-, se construyo dentro de la zona del litoral, y el área natural protegida, que son bienes comunales.
El delegado de la Semarnat Tomas González Ilescas, quien dijo que al realizar la inspección correspondiente se determinó la aplicación de una multa y una clausura, por la invasión de 30 hectáreas de zona federal protegida, donde se han ubicados desde manglares y humedales.
Sin embargo.-aceptó- ha existido desacato y resistencia de los promotores que se han aferrado continuado con la obra, por lo que ya se inicio el procedimiento penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) para ordenar la detención de los implicados y se ha urgido un proceso de la demolición de la infraestructura que esta dañando el entorno ecológico de la zona y la confiscación dela maquinaria utilizada.
González Ilescas, afirmó que el complejo habitacional se inicio mediante un permiso irregular, que fue autorizado el pasado 21 de julio de 2011, por el anterior ex delegado de la Semarnat, Álvaro Esteban Ortiz Rodea, contra quien se han iniciado también un procedimiento de investigación, por cohecho.
“Se presume que el anterior ex delegado recibió alguna comisión para autorizar la construcción de una casa club, sin previo estudio de impacto ambiental sobre una superficie de 30 hectáreas dentro de la zona del litoral”.
El permiso se autorizo a un representante de la empresa Exit Resort, que se identifico como Marco Antonio Brusiaga Fregoso, sin embargo el propietario de la cadena es ex medallista olímpico canadiense.
Dentro del complejo habitacional se construyen 100 casas valuadas cada una en 1.5 millones de dólares y se edifico un camino de acceso y una carretera.
González Ilescas, afirmo que en la zona se ha generado además un grave conflicto social, ya que los dueños del complejo residencial ha lotificado sin ser dueños de la tierra al mejor postor.
Precisó que una vez que se cumpla con el procedimiento normativo en materia jurídica se buscara que los propietarios del complejo turístico se hagan responsable de las acciones de mitigación y de resarcimiento de los daños generados al ambiente, que considero de cuantiosos y graves por que se lesiona una zona de humedales y manglares que tarda al menos 10 a 15 años en regenerarse.
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