- Fue evaluado clínicamente para preservar su salud y se espera que un lapso de 72 horas, el Juez Séptimo de lo Penal determine la resolución en el término Constitucional.
En entrevista colectiva y a pregunta expresa sobre la detención del ex funcionario Bulmaro Rito Salinas, quien se desempeñó en diversos cargos públicos durante el sexenio 2004- 2010, el Procurador General de Justicia del Estado de Oaxaca (PGJEO), Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, manifestó que esta captura se realizó de conformidad al protocolo correspondiente, sin hacer uso de la fuerza y sobretodo, con respeto a sus derechos humanos.
Carrillo Ruiz añadió que este acto de autoridad, se deriva de una orden de aprehensión obsequiada por el Juzgado Séptimo Penal con sede en la Ciudad de Oaxaca, por la presunta comisión de peculado en detrimento del erario público estatal. “De configurarse el delito, el detenido podría alcanzar una penalidad de hasta 15 años”, sostuvo el funcionario.
En entrevista al término de la Sesión Solemne conmemorativa del Día del Abogado, el titular de la PGJEO declaró que el señor Bulmaro Rito Salinas, se encuentra recluido en el área de observación y clasificación de la Penitenciaría Central de Santa María Ixcotel, donde ha sido evaluado clínicamente, con el objetivo de preservar su salud de manera integral, durante el lapso de 72 horas en que el Juez determine su situación jurídica.
Al ser cuestionado sobre la existencia de móviles políticos que originaran la captura de Rito Salinas, el Procurador General de Justicia de Oaxaca, aseveró enfático que la detención realizada debe ser considerada como un acto ministerial en estricto apego al Estado de Derecho y en ejecución a una orden de aprehensión librada en cumplimiento al Expediente Penal 120/2014 del Juzgado Séptimo Penal, toda vez que en el Gobierno que encabeza Gabino Cué Monteagudo, no se actúa bajo consigna política ni mucho menos se vulneran los derechos fundamentales de las y los oaxaqueños.
“En Oaxaca se actúa con fidelidad plena al Estado de Derecho, y ningún servidor público, institución u organización social y particulares, pueden actuar o estar al margen de la legalidad”, expresó Carrillo Ruiz.
Finalmente, el titular de la PGJEO señaló que el detenido tiene plena garantía para ser sometido a un debido proceso y contar con el uso pleno de las prerrogativas que la Ley le confiere para su adecuada defensa, puntualizó.
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