Oscar Rodríguez
El gobierno de Gabino Cué, lanzo una llamado a la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para que se desmovilice, advirtiendo que se reservan el derecho de actuar contra los autores de los ilícitos, cometidos en la sede del CDE del PRI y en dos casas de gestión de dos legisladores federales.
En un comunicado refiere que se atenderán las demandas interpuestas por los afectados considerando el material fílmico- documental- que coadyuve a fincar responsabilidades de los hechos delictivos que se configuren contras los responsables, advirtiendo que no habrá impunidad.
En el documento el gobierno de Cué, expresa su más enérgica condena a las hechos de violencia y transgresión del estado derecho desplegados por los maestros de la CNTE y los alumnos de las normales del estado, sobre todo, cuando se mantiene una mesa de diálogo para encauzar sus exigencias.
El gobierno de Cué, sostienen que con los integrantes de la Comisión Política de la Sección 22, ha existido acuerdos y respuestas cabales a sus planteamientos, en el marco de las facultades legales y posibilidades presupuestales que le son propias.
Por ello emite un llamado enfático a los inconformes para que se replieguen y cesen sus acciones vandálicas y disturbios que dañan la paz pública y la gobernabilidad.
“Se les conmina a conducir su derecho a la libre expresión y reivindicación de sus demandas por los cauces institucionales, sobre todo cuando la Administración Estatal se ha mantenido abierta al diálogo y a la construcción de consensos para atender la problemática educativa de la entidad y las aspiraciones de las y los maestros de Oaxaca”, se leé en el documento.
Se expresa que el gobierno de Oaxaca como tutelar de la gobernabilidad en el estado de Oaxaca, el Poder Ejecutivo no promoverá ninguna acción desproporcionada de la fuerza pública en contra del magisterio oaxaqueño, a fin de evitar una escalada de confrontación y movilización generalizada, reservando su derecho de actuar judicialmente a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado, quien atenderá de manera inmediata y diligente las denuncias que los afectados tengan a bien interponer, además de considerar el material fílmico y documental que coadyuve a fincar responsabilidades de los hechos delictivos que se configuren.
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