Oscar Rodríguez
El ayuntamiento de la Villa de Zaachila, le exigió a la Auditoría Superior del Estado (ASE) y a la Procuraduría General de Justicia (PGJO), fincar responsabilidades contra el ex alcalde priista Noé Pérez.
Dijo que la administración 2008-2010 de la Villa de Zaachila a cargo de Pérez dejó un desfalco e irregularidades: obras sin concluir y sin expedientes, deudas, problemas laborales, además de 10 demandas civiles, seis demandas laborales, 17 quejas ante la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca, seis denuncias administrativas, 22 amparos, dos averiguaciones previas y cuatro expedientes por robo en el palacio municipal entre otros.
Lo que llama la atención, -dijo – es que dentro de la misma administración señalada, laboraron como parte del equipo Fernando Nava y Dainzú Martínez Juárez, este último ahora funge como líder el Consejo Municipal de Partido social Demócrata (PSD) y aún con el historial planteado, ahora exige y supuestamente desarrolla un Plan de Acción para denunciar las irregularidades de ex munícipe Adán López Santiago, “Sí Adán López Santiago tiene que pisar la cárcel por la serie de irregularidades, lo tendrá que hacer, como lo tendrán que hacer sus cómplices y todo aquel que pretenda tapar las irregularidades que se están cometiendo”, manifestó en conferencia de prensa en días pasados.
Dentro de los argumentos presentados por los pesedistas está una supuesta factura de una camioneta Ford, que se señaló está a nombre del ex edil Adán López Santiago, sin embargo el Presidente Municipal Constitucional de la Villa de Zaachila, Raciel Vale López expresó que dicho planteamiento es falso y mostró cuatro facturas de las camionetas adquiridas para el servicio de Seguridad Pública, entre las que aparece también la del supuesto vehículo adjudicado como pertenencia a López Santiago, lo que demuestra que tanto Fernando Nava y Dainzú Martínez Juárez mienten, y sólo están generando una cortina de humo, sin embargo lo que es verdad sin lugar a duda, es que los ex priístas aunque cambien de partido no tienen la calidad moral para exigir cuentas, cuando está demostrado que ese grupo cometió durante su administración una serie de irregularidades en las que aún no se han tomado cartas en el asunto y por las cuales se les debe aplicar todo el peso de la ley.
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