Oscar Rodríguez
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), que aglutina a decenas de organismos no gubernamentales envió una carta al gobierno de Oaxaca para exigir se otorguen medidas cautelares a la activista indígena Silvia Pérez que ha sido víctima de agresiones y de amenazas de muertes por parte de grupos paramilitares.
Los organismos precisan que se ha ofrecido dinero por su cabeza a grupos de sicarios para ajusticiarla.
Silvia Pérez Yescas, fundadora de Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales (CIARENA), y su labor la ha desarrollado en la zona mixe en donde ha enfrentado a talamontes y caciques.
Según la información recibida, el pasado 19 de agosto de 2014 la defensora fue contactada por una persona cercana, quien le informó que en la comunidad de San José Río Manzo, San Juan La lana, Oaxaca, estaban ofreciendo dinero para matarla “…cuídate mucho están dando cien mil pesos por asesinarte…”
Los organismos sostienen que el jueves 25 de agosto pasado denunciaron el caso en la Fiscalía de Investigaciones en Delitos de Trascendencia Social de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca (FIDTS) bajo la averiguación 14/FIDTS/2014, pero no hay avances de las pesquisas contra los responsables.
Acusaron al Procurador de Justicia Héctor Joaquín Carrillo de falta de compromiso y el condicionamiento para garantizar la seguridad de la defensora.
Asimismo, la defensora informó a la RNDDHM que ha recibido la presencia en su casa de personas que se han identificado como policías. De igual forma, sus vecinos fueron interrogados por personas desconocidas sobre la ubicación de la defensora y su familia. Sin embargo, al informar y cuestionar a la FIDTS sobre el envío de los policías, ésta respondió a la defensora que no ha existido ninguna diligencia ministerial en este sentido.
Cabe mencionar que en días recientes, Silvia Pérez Yescas y sus abogados, revisaron la carpeta de investigación que contiene todos los incidentes de seguridad y agresiones que la defensora ha recibido desde el año 2010 a la fecha, y a pesar de haber pasado un año de iniciada, únicamente se tenían registradas dos diligencias, a las que recientemente se han sumado dos más. Aunado a ello, las agresiones permanecen impunes, evidenciando así la omisión de las autoridades de procuración de justicia del Estado de Oaxaca para que la defensora pueda acceder de manera pronta y sin condiciones a la justicia.
Del 2011 a la fecha, la RNDDHM ha recibido información sobre el incremento de agresiones y actos de hostigamiento contra la defensora y su organización, recibiendo incluso amenazas de muerte. El incremento de estas agresiones derivó en la incorporación de Silvia Pérez Yescas al Mecanismo Nacional de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Gobierno Federal desde noviembre de 2012. Sin embargo, a pesar de que la Junta de Gobierno del Mecanismo dictó medidas de protección a su favor en diciembre de 2012, sólo una de las 5 de las cinco medidas dictadas fue implementada parcialmente.
Posteriormente, en julio de 2013 éste órgano dictó la ampliación de dichas medidas, incluyendo infraestructura de seguridad en su casa y escolta permanente. Sin embargo, las medidas de infraestructura generan enormes costos de energía eléctrica a la defensora, los cuales no fueron considerados por el mecanismo, y ante la imposibilidad de que Silvia pueda asumir dichos gastos, las medidas mínimas de infraestructura hasta ahora implementadas, podrían dejar de funcionar, lo cual aumentaría el riesgo para la defensora, su familia y la organización.
En febrero de 2014 la defensora informó a las autoridades correspondientes sobre su regreso al estado de Oaxaca, luego de haber permanecido desplazada de su comunidad poco más de un año, debido a las agresiones de las que estaba siendo objeto en enero de 2013, pese a ello, Silvia no obtuvo respuestas eficaces por parte de las autoridades del Estado de Oaxaca, ni del Mecanismo del Gobierno Federal.
Contrario a ello, la defensora tuvo que hacerse cargo de la mayoría de los requerimientos necesarios para su regreso, el cual no contó con los protocolos de seguridad. De entonces a la fecha, es la defensora quien primordialmente se ha hecho cargo de su protección y la de su familia.
De igual forma, dicho proceso ha carecido del apoyo de las autoridades para garantizar la reinserción de la defensora en su comunidad en condiciones de seguridad, ya que las medidas que desde el gobierno estatal se implementaron, fueron insuficientes. Son las organizaciones de la sociedad civil quienes han apoyado el retorno de la defensora.
A lo largo de este tiempo, tanto las autoridades estatales como federales han argumentado la falta de recursos para la implementación de medidas de protección eficaces. Lo que evidencia la falta de voluntad política y de coordinación entre las autoridades de los distintos niveles de gobierno.
Ante ello, las 168 defensoras de derechos humanos de 95 diversas organizaciones, ubicadas en 21 estados de la República y el Distrito Federal que conforman la RNDDHM, advierten su preocupación por la vida e integridad física de la defensora y exhortan al gobierno de Oaxaca a realizar de manera inmediata las acciones necesarias para evitar hechos irremediables contra la defensora.
La RNDDHM integrada por 168 defensoras de derechos humanos de 95 diversas organizaciones, ubicadas en 21 estados de la República y el Distrito Federal.
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