Oscar Rodríguez
Diputados federales y senadores de la República se manifestaron para exigir el respeto a los derechos de la defensora oaxaqueña Lucila Bettina Cruz Velázquez y contra la criminalización de la protesta social en el país.
Ante la sentencia que en los próximos días emitirá el Juzgado Sexto de Distrito del Décimo Tercer Circuito Federal con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, la cual definirá la situación legal de la defensora, diputadas, diputados federales, senadoras y senadores de la República exhortaron a la Procuraduría General de la República (PGR) a que “valore los elementos presentados por Bettina Cruz y su defensa, para evitar un encarcelamiento injusto” de la defensora. De igual forma, los legisladores se manifestaron contra cualquier “decisión, iniciativa o acción que pretenda menoscabar los derechos de asociación, expresión y reunión, al inhibir y criminalizar la proesta social”.
Asimismo, manifestaron que el proceso contra la defensora “tiene claros rasgos de persecución, un uso ilegal de la justicia por parte de sus acusadores y de los funcionarios federales implicados”; de igual forma aseguraron que “las imputaciones y el proceso contra Bettina Cruz representan actos de criminalización de la protesta social, que ilustran la situación de riesgo en que trabajan las personas defensoras de derechos humanos, pues a través de su proceso se ha evidenciado el uso desviado del sistema de justicia en contra de ellas, en particular de quienes trabajan en la defensa del territorio frente a la imposición de megaproyectos”.
Cabe recordar que el proceso penal contra la defensora derivó luego de la manifestación pacífica que la APIITDTT realizó el 13 de abril de 2011 frente a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, mediante la cual denunciaron las altas tarifas de luz eléctrica en las comunidades indígenas y su descontento por la complacencia de la CFE frente a los convenios ilegales que permitieron el despojo de territorios indígenas para la construcción de parques eólicos en diversas zonas del Istmo de Tehuantepec.
Casi un año después, el 22 de febrero de 2012 la defensora fue detenida arbitrariamente y luego de ello, recibió auto de formal prisión, acusada de los delitos de privación ilegal de la libertad y delitos contra el consumo y la riqueza nacional. El 24 de febrero de 2012 después de pagar una fianza, la defensora obtuvo su libertad bajo caución, actualmente enfrenta su proceso en libertad y está a la espera de la sentencia del Juzgado Sexto de Distrito de Salina Cruz, Oaxaca.
Los legisladores reconocieron también la defensa del territorio que Bettina Cruz y los pueblos ikjoots y binnizá de la región del Istmo iniciaron desde el año 2007 “frente a los intereses de empresas trasnacionales por ocupar sus tierras ejidales y comunales para instalar generadores de energía eólica”, y manifestaron que el caso de la defensora “se trata de uno de los pocos casos en donde puede emitirse una sentencia que equipara a una protesta con la ‘privación ilegal de la libertad’” a pesar de que ese día la defensora no se encontraba en el lugar de la manifestación sino en la capital del estado de Oaxaca.
Por lo que, “ante el riesgo de que la resolución siente un precedente negativo”, las y los legisladores hicieron un llamado público al Juez Anastacio Ochoa Pacheco para que la emisión de dicha sentencia “evite el uso arbitrario e ilegítimo del aparato de justicia para criminalizar a la defensora”
Dejar una contestacion