Oscar Rodríguez
El presidente de la Comisión de Protección Ciudadana y Seguridad Pública del Congreso Local de Oaxaca, Carlos Alberto Ramos, adelantó que presentará un punto de acuerdo ante el pleno para enviar un exhorto a la Secretaría de Gobernación para que se trasladen a Oaxaca las fuerzas federales para garantizar la seguridad, luego de que el paro de policías estatales ya cumplió 11 días.
El legislador dijo que las mesas de diálogo con el grupo inconforme siguen estancadas derivado de la falta de acuerdos para darle celeridad, ya no a las demandas sociales y económicas de los uniformados, sino a las de tipo político.
Ramos aseguró que el paro de labores de los policías estatales fue motivado a un desdén y tratamiento inadecuado que no dieron desde hace 6 meses las autoridades encargadas al frente de la Secretaria de Seguridad Pública para resolver los reclamos por falta de equipo, uniformes y retención de pago de viáticos.
“Se originó el paro por un tratamiento inadecuado que hubo de parte de las autoridades parda darle atención a los reclamos y creció el conflicto por la falta de los mecanismos adecuados para dialogar y establecer acuerdos”.
En tanto, el legislador Fredy Gil quien fue atacado en la red de Twiter por el Secretario de Seguridad Pública Estatal Alberto Esteva, de financiar el conflicto de los policías, respondió asegurando que los legisladores solo intervinieron como mediadores para acercar al grupo inconforme con quienes tenían que hacerlo para dialogar y desahogar sus planteamientos.
Sin embargo, abundó, hubo errores de parte de algunos, tal es el caso del propio Secretario de Seguridad que equivocó el mensaje, lanzando llamadas de represalias, lo que originó que la mesa de acuerdos y solución que se había dispuesto el pasado fin de semana se rompiera, sin posibilidad de restablecerse.
Por otro lado el Comisario de Policía, Transito y Vialidad del ayuntamiento de la Ciudad de Oaxaca, anunció la aplicación del operativo “Centauro” a lado del Ejército Mexicano para garantizar la seguridad a los ciudadanos con recorridos pie-tierra y patrullajes en colonias conflictivas con altos índices de inseguridad.
El martes marcharon familiares de los policías para exigir respuesta a sus demandas y no represión del gobierno a los uniformados.
En tanto el gobierno de Oaxaca afirma haber pagado 2.5 millones de pesos en viáticos rezagados, también refiere que ha pagado un bono de 600 policías de tropa, y ha autorizado un Incremento de $25.00 a $35.00 pesos diarios a la prestación del apoyo de alimentación al personal operativo desplegado en el interior del estado, por un monto total de 5.3 millones pesos.
De la misma forma sostiene que ha entregado uniformes tácticos a personal operativo de la Policía Estatal y anunció que presentará un proyecto de pensión y retiro para el personal de la SSP, a partir de un análisis de la disponibilidad presupuestal para este rubro; aunado a que actualmente los elementos mayores de 60 años cuentan con el 100% de su salario, sin estar en activo y como un reconocimiento a su trabajo se incorporaron al Consejo de Decanos de la dependencia y realizar un proceso de homologación de prestaciones, cuyos resultados serán informados oportunamente a los interesados.
El gobierno de Oaxaca por ello lanzó un enérgico exhorto a los policías paristas a deponer actitudes y en lo inmediato regresar a sus labores.
Indicó también que ante la actitud beligerantes los policías paristas se reserva el derecho actuar para sancionar los delitos y faltas en las que están incurriendo.
Y dijo que de acuerdo al Código Penal los policías en paro están incurriendo en los delito de Coalición de Funcionarios, Motín, Daños, Robo Conspiración y Rebelión.
Aunado a lo anterior, de acuerdo a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Oaxaca, se configuran una serie de Faltas Administrativas al no observar los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, respeto a los derechos humanos y no cumplir y hacer cumplir con diligencia las ordenes que reciban con motivo del desempeño de sus funciones, al realizar conductas que desacreditan su persona o la imagen de las instituciones, dentro o fuera del servicio y al no conducirse con dedicación y disciplina sujetándose a los principios de jerarquía y subordinación.
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