* Para la directora de Amnistía Internacional ha faltado voluntad política del gobierno mexicano para resolver los casos de desapariciones
(CNNMéxico)– La desaparición, el 26 de septiembre pasado, de 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa en la ciudad de Iguala, Guerrero, es una tragedia anunciada desde hace ya demasiado tiempo.
La participación de representantes del Estado en este crimen y la falta de actuación ante la abundante evidencia de la colusión entre las autoridades locales y el crimen organizado fueron algunos de los principales factores que causaron el horror que hoy están experimentado las víctimas y sus familiares.
Representantes de la Procuraduría General de la República confirmaron que los cuerpos encontrados en las primeras seis fosas no pertenecen a los estudiantes desaparecidos. Sin embargo, lo que este trágico descubrimiento pone en evidencia es la negligencia con la que las autoridades mexicanas han tratado la ola de desapariciones que azota al país desde hace años.
Según cifras oficiales publicadas en agosto, todavía se desconoce el paradero de más de 22,000 personas «no localizadas» en todo México. Casi la mitad de ellas desaparecieron durante la administración del actual presidente Enrique Peña Nieto.
El hecho de que, al parecer, vecinos del lugar sabían de la existencia de posibles fosas clandestinas en Iguala desde hace tiempo ilustra la incapacidad de las autoridades de prevenir e investigar las miles de desapariciones reportadas en México. Es esta mezcla de colusión y negligencia la que ha generado una crisis política de gran envergadura en el país.
En el último año, varios representantes del gobierno han citado cifras contradictorias al referirse al número de personas desaparecidas, y nadie parece poder explicar cómo se llegan a aquellas ni que se está haciendo para localizar a estas personas.
Es que, a pesar de haber alcanzado niveles escandalosos, investigar desapariciones no parece ser prioridad para el gobierno mexicano.
En algunos casos, las desapariciones ocurren a manos de bandas criminales. En otros, la evidencia apunta a la responsabilidad de miembros de las fuerzas de seguridad, o a ambos grupos trabajando en colusión, como es el caso de los estudiantes de Iguala.
Los perfiles de las víctimas son tan variados como sus posibles victimarios. Jóvenes, estudiantes, amas de casa, ingenieros, comerciantes, activistas de derechos humanos, periodistas, maestros, abogados y policías «desaparecen» sin rastro y sin que el gobierno tome demasiada cuenta.
Las autoridades a menudo culpan a las víctimas, acusándolas sin pruebas de vínculos con bandas criminales. Así, los esfuerzos del gobierno parecen enfocarse en deslegitimar a las victimas e ignorar su responsabilidad de realizar búsquedas rápidas y efectivas.
Apatía política, falta de voluntad para realizar pesquisas y corrupción en las fuerzas de seguridad son algunos de los ingredientes de una receta tóxica en la que cualquiera es una potencial víctima.
Pero ¿se podrían haber evitado las desapariciones de los estudiantes?
La respuesta es clara: sí.
Las desapariciones se podrían haber evitado si las autoridades tuvieran la suficiente voluntad política para abordar los problemas que permiten que este tipo de abusos ocurran con tanta frecuencia.
Como primer paso para detener esta ola de abusos, las autoridades deben dejar de culpar al crimen organizado por todos los males que afectan al país.
Insistir en que las bandas criminales son responsables exclusivos de todas las desapariciones, a pesar de la abrumante evidencia de colusión de estas con las fuerzas de seguridad y políticas no es más que una forma cobarde de desligarse de responsabilidad para investigar los hechos y encontrar a los responsables.
Asumir esta realidad debería ser un paso hacia una mayor toma de responsabilidad por parte de las instituciones encargadas de realizar investigaciones, a quienes deben darse los recursos necesarios para realizar su trabajo de manera pronta y efectiva. Obtener la confianza de la ciudadanía sólo se puede lograr demostrando eficacia y compromiso para localizar las víctimas y llevar los responsables ante la justicia.
En este sentido, el estado debe mejorar su trato a los familiares de las victimas, quienes actualmente denuncian falta de atención adecuada y un sistemático descuido a la hora de mantenerlos informados sobre el estado de las investigaciones. Las autoridades también deben proteger la labor de los activistas sociales que en muchos casos son hasta asesinados por denunciar casos de abusos y levantar las trabas que se imponen con frecuencia a la labor de los expertos forenses independientes.
Búsquedas rápidas e investigaciones efectivas son el único camino a una justicia verdadera.
Si los responsables de esta ola de horror evaden la justicia, el mensaje que se envía es que estos crímenes están permitidos, que hacer desaparecer a otra persona no conlleva ningún tipo de consecuencia.
Desde que tomó posesión en 2012, el presidente Peña Nieto prometió repetidamente que tomaría medidas para localizar a las miles de personas desaparecidas y no localizadas. En la práctica, aquella promesa no se ha traducido en un plan de acciones efectivas, y la retórica es cada día más preocupante.
La creación de la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, por ejemplo, fue anunciada como una señal de cambio, pero a más de un año, poco se sabe sobre su trabajo y los resultados que ha conseguido.
Y mientras que el gobierno se congratula por tomar medidas de poco alcance concreto, se tapa los ojos ante la participación oficial en cientos de presuntos casos de desapariciones forzosas y ejecuciones extrajudiciales.
En el caso de las desapariciones de los estudiantes en Iguala, por ejemplo, las autoridades estatales y federales estaban claramente al tanto de los vínculos letales entre el crimen organizado, autoridades políticas y las fuerzas de seguridad en el municipio, pero decidieron mirar a un costado.
Tal actitud no es sorprendente. El virus de la impunidad parece impregnarlo todo en México, pero está particularmente presente en el contexto de las pocas investigaciones efectivas que se llevan a cabo sobre las miles de denuncias de abusos a los derechos humanos que se reciben en el país cada año. La justicia para las víctimas y sus familias es solo una ilusión en un clima de violencia, e inclusive persecución, contra quienes denuncian las violaciones y quienes defienden los derechos.
No es una casualidad que ni la Procuraduría General de la República ni las autoridades militares investigaron debidamente la evidencia de las presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de ejército el 30 de junio en Tlatlaya, no muy lejos de Iguala.
Hasta que los medios publicitaron la evidencia testimonial de la actuación militar, las autoridades parecían tener la intención de hacer caso omiso y mantener la impunidad.
Hasta que las autoridades a nivel local, estatal y federal rindan cuentas por el cumplimiento de su obligación de respetar, proteger y hacer cumplir las normas de derechos humanos de todas las personas en México, la impunidad continuará siendo la norma y los abusos y graves violaciones a los derechos humanos continuarán siendo la realidad de miles de personas en el país.
La fórmula es simple: Investigaciones, transparencia y justicia.
Lo demás es pura retórica.
Las opiniones expresadas en este texto pertenecen exclusivamente a Erika Guevara Rosas.
PUBLICACIÓN ORIGINAL: http://mexico.cnn.com/opinion/2014/10/16/opinion-iguala-una-tragedia-anunciada-y-evitable
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