Oscar Rodríguez
La policía de Oaxaca resguardó las oficinas de la sección 28 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (SNTSS) luego de que un grupo de trabajadores disidentes intentó recuperarlo.
Apenas este edifico fue quemado con bombas molotov y el jueves trabajadores de este gremio realizaron un paro técnico de 4 horas para exigir a autoridades estatales y municipales la implementación de medidas de seguridad.
Elementos de la Policía Estatal y de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), resguardaron las oficinas del gremio, evitando que nuevamente fuera sujeto de actos vandálicos por parte de un grupo disidente que se apersonó en las inmediaciones del inmueble para cuestionar el proceso de elección de delegados al Congreso Nacional, y exigir cuentas claras al dirigente.
Los inconformes quienes también bloquearon calles cercanas,- fueron inhabilitados para participar en el encuentro sindical al tener proceso de sanción ante la comisión de orden y justicia de la gremial-.
Los elementos de la policía estatal evitaron con su presencia, un enfrentamiento entre ambos bandos, logrando sacar del edificio a los delegados del SNTSS que amenazaban con ser agredidos por los inconformes.
LISTAS LAS ORDENES DE APRENSION
En tanto la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca (PGJO) dio a conocer que se solicitó a un juez una orden de aprehensión contra cuatro sujetos que tiene identificados como responsables de la quema del edificio, luego de ser captados por una cámara de videograbación ubicada en la calle.
En tanto la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) recibió una queja de miembros de la sección 28 del STSS contra la PGJO, pues temen ser acusados por esta autoridad de ser los causantes del atentado que sufrió la sede de su gremio.
Jenaro Villalobos Sánchez, Odilia Sánchez Galicia y Jacob Santiago Pacheco aseguraron que el líder sindical Hugo Sarmiento Jiménez los acusó falsamente de ser los autores del atentado cometido con bombas incendiarias contra las instalaciones gremiales.
Los denunciantes afirmaron que ese ataque fue un “auto atentado” del dirigente gremial para destruir documentos que revelan manejos irregulares de los fondos sindicales, por lo que exigieron a las autoridades una investigación a fondo del asunto.
La acusación de Hugo Sarmiento –dijeron los quejosos– “hace a nuestros compañeros culpables de un delito serio, terrorismo, por lo que demandamos a las autoridades esclarecer el origen de ese ataque, que cometieron individuos enviados por el propio Sarmiento”.
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