El Diputado Federal Carol Antonio Altamirano, Vicecoordinador del PRD en la Cámara de Diputados, exigió que de aprobarse la disminución en los ingresos, al bajar 2 dólares en el precio del barril de petróleo “sea el gobierno federal quien asuma el costo; primero porque existen áreas en donde tiene reservas suficientes, segundo porque sería completamente injusto afectar los proyectos de impacto regional o las modificaciones que impulsan los diputados, y tercero, porque está obligado a asumir una reducción del gasto, con metas claras en materia de austeridad”
No puede ser que el gobierno federal se quede “sin hacer ninguna aportación ni sacrificio, cuando el impacto al presupuesto será por 8, 200 millones de pesos, considerando tan sólo las cifras de la aprobación a la Ley de Ingresos en Cámara de Diputados
Además, explicó el diputado oaxaqueño, “debe tenerse en cuenta que la decisión del senado afectará la Recaudación Federal Participable, porque con menores ingresos petroleros, la RFP será necesariamente menor, en perjuicio de los gobiernos locales”.
Por esa razón el PRD considera que lo procedente sería hacer un ajuste de 8,200 millones de pesos en el gasto “tan sólo para asimilar el ajuste al precio del petróleo”
Los planteamientos concretos en este escenario serían tres:
Primero “que la disminución a los ingresos no afecte al gasto federalizado, ni disminuya la cobertura a proyectos y prioridades de alto impacto regional”. No es justo que las entidades sean quienes paguen el ajuste cuando el gobierno federal dispone de amplios márgenes de maniobra para hacer ajustes.
Segundo “que si se producen afectaciones a la RFP, como es previsible de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal, entonces se establezcan mecanismos compensatorios”.
Tercero, que el gobierno federal asuma, en el gasto de sus dependencias, el recorte correspondiente.
En este punto debe decirse que existen áreas con gastos no prioritarios, como por ejemplo los gastos médicos de la alta burocracia y que pueden eliminarse sin afectar la operación. Existe la posibilidad de realizar un recorte al gasto superfluo y establecer mayores medidas de austeridad.
Además existen dudas sobre el gasto social en un año electoral, con áreas con incrementos notorios; como la Dirección General de Participación con 1,506 millones de pesos y la Dirección de Desarrollo Comunitario con 518 millones, ambas en SEDESOL; que parecen incluir dinero para mecanismos de operación clientelar.
Además, existen proyecciones que parecen sobre estimadas como las ADEFAS, con un monto de 30 mil millones de pesos, el doble del ejercicio anterior. También, subrayó el diputado “existe un sobre cálculo de la tasa de interés para el pago de la deuda, que puede ajustarse y liberar los recursos necesarios sin mayor problema.
En conclusión, dijo el diputado, “Si el gobierno federal avala los ajustes del Senado de la República, lo correspondiente es que los ajustes sean con cargo a sus proyectos y gastos”
Ahora la Cámara de Diputados es la facultada para hacer cambios, aplicando medidas de austeridad y revisando las áreas donde es posible realizar ajustes que liberen los recursos necesarios, dejando intacta la posibilidad de que se realicen adecuaciones adicionales por parte de la Cámara de Diputados “en beneficio de las zonas del país con mayores carencias”, concluyó.
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