Oscar Rodríguez
Organismos de derechos humanos de la zona Sur del país, propusieron al gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto una agenda mínima de acciones para evitar un nuevo caso como el registrado en Iguala, donde fueron reprimidos y desaparecidos un grupo de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Los organismos sostienen que el estado de derecho esta vulnerado y advierten de una profunda crisis de derechos humanos que mantiene a la población civil en riesgo de sufrir nuevos ataques violentos.
A nombre de los organismos el Presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) Arturo Peimbert propuso a las comisiones públicas de derechos humanos del país establecer una agenda mínima de acciones para evitar la posibilidad de que puedan ocurrir de nuevo hechos similares al ataque policiaco contra estudiantes de Ayotzinapa, que implicó el asesinato de al menos seis personas y la desaparición forzada de otras 43.
En un documento entregado a la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, reunida en su XLI Asamblea General Ordinaria este 9 de diciembre en la Ciudad de México, el defensor Arturo Peimbert señaló la necesidad de hacer frente a un contexto de inestabilidad y violencia no visto en nuestro país al menos en los últimos 46 años.
El ombudsman oaxaqueño propuso a los organismos de derechos humanos del país establecer un acuerdo para transformar los problemas que dieron origen a la tragedia de Iguala, a partir de un análisis de los diez planteamientos de la Presidencia de la República en materia de seguridad pública formulados para hacer frente a la crisis desatada por el ataque a los normalistas.
En su documento, Peimbert Calvo les llama a impulsar que los ayuntamientos establezcan planes municipales de derechos humanos, a promover la creación de observatorios civiles de derechos humanos en los municipios, y a participar de manera activa en la regulación del uso legítimo de la fuerza pública, aportando su visión a las leyes, reglamentos y protocolos relacionados con ese tema.
En la misiva entregada en la biblioteca del Museo Memoria y Tolerancia, en el centro de la Ciudad de México, igualmente pide a los organismos públicos de derechos humanos vigilar que las corporaciones policiacas actúen con respeto a los derechos humanos y garanticen la seguridad de las personas que ejerzan su libertad de manifestación.
“En el entendido de que la corrupción vulnera derechos humanos como la certeza jurídica, y en casos extremos incluso atenta contra la seguridad y la vida de las personas, como en el caso de Iguala, es de importancia toral la vigilancia desde la perspectiva de los derechos humanos sobre las contralorías, fiscalía o instancias encargadas de combatir ese problema”, advierte el séptimo punto.
También llama a que las comisiones estatales de derechos humanos analicen la planificación gubernamental y los presupuestos destinados a la educación pública, con especial énfasis en las escuelas normales rurales, pues las condiciones precarias en que éstas desarrollan su trabajo no sólo afectan a quienes ahí estudian, sino también a su alumnado futuro.
Asimismo propone trabajar hacia la transformación de los patrones culturales discriminatorios que permiten a una parte de la sociedad considerar criminales “a las y los jóvenes, a las y los pobres, a quienes se manifiestan para exigir el cumplimiento de sus derechos, o a quienes abrazan ideologías y discursos alternativos”.
Advierte que los organismos públicos de derechos humanos deben abrazar el principio pro persona como eje de su actuación, y cita como ejemplo: “la intervención de visitadores de la CNDH que utilizaron sus propios cuerpos como escudo para proteger a un grupo de manifestantes, dibuja de un solo trazo el espíritu que debe animar la acción de quienes participan en estas instituciones”.
Insta a las comisiones estatales a impulsar la construcción o mejoramiento de leyes locales sobre tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial, con la participación de los tres poderes de cada Estado, de especialistas, así como de personas y organizaciones civiles defensoras de derechos humanos.
Les conmina, asimismo, a dialogar con los partidos políticos sobre la necesidad de eliminar el uso de recursos privados en los procesos electorales, y regular de manera estricta su acceso a medios de comunicación masiva.
“En la circunstancia actual, los organismos públicos de derechos humanos tenemos el deber de interpelar a nuestra realidad y pugnar por las transformaciones que sean necesarias para cimentar una sociedad en la que cada persona tenga la posibilidad de vivir plenamente todos sus derechos humanos”, expone.
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