Oscar Rodríguez
El procurador General de Justicia de Oaxaca (PGJO), Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, rechazó la versión de la Procuraduría General de la República (PGR) en el sentido de que un grupo de choque ligado con los maestros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) frustró una acción anti crimen en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca, con la detención y desarme de 5 elementos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI).
Dijo que no hay ninguna denuncia o evidencia de la delincuencia común o del crimen organizado en el zócalo de la ciudad donde se encuentra el plantón magisterial desde hace 5 meses.
“No tenemos ninguna denuncia por levantones, secuestros o cobros de piso por parte de la delincuencia organizada”.
Carrillo Ruiz, mostro extrañeza por la presencia de los elementos federales, sin previa notificación a las autoridades estatales.
Sin embargo, aceptó que los elementos federales detenidos por los maestros no tenían ningún rastro de haber consumido alcohol o drogas y negó la pérdida de armas tras su captura por parte de los docentes de la CNTE quienes entregaron sus armas y placas al Ministerio Público Federal.
Afirmó que por su retención se integro una averiguación previa por los delitos de lesiones contra quienes resulten responsables.
Sin embargo y de acuerdo con el vocero de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) Mohamed Otaki Toledo, los elementos federales retenidos fueron sorprendidos realizando trabajo de contrainteligencia, por que hacían preguntas y tomaban fotografías.
Dijo que tras su captura y desarme, los efectivos fueron atados de pies y manos y fueron trasladados a una de las oficinas localizadas en las instalaciones de la CNTE ubicada en la zona del centro histórico de la ciudad de Oaxaca, donde fueron puestos boca abajo hasta que fueron entregados a autoridades del gobierno estatal.
Otaki Toledo, calificó la presencia de los elementos federales en el plantón como un claro intento de provocación del gobierno federal por infiltrarse en su movimiento y buscar criminalizar la protesta social.
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