Oscar Rodríguez
En Oaxaca dirigentes de organizaciones sociales obligan a campesinos a manifestarse tomando calles y oficinas públicas para exigir al gobierno contratos de obra a favor de empresas constructoras personales.
Lo anterior fue exhibido por el administrador de San Juan Ozolotepec, Carlos Holder, quien denunció que dirigentes de la organización denominada CEPO, Domingo García Mijangos, obligó a Javier Ramos López agente de policía de la comunidad de Santa Catarina Xanagia, a trasladar a la capital oaxaqueña a un grupo de habitantes de su demarcación para tomar la sede de la sede de la Ciudad Administrativa, -donde se encuentran albergas unas 25 dependencias del gobierno estatal-reteniendo al personal sindicalizado, todo ello para establecer una mesa de negociación, donde demandaban la adjudicación de planes de obra a favor de una empresa constructora afin.
De la misma manera reclamaban un aumento de sus participaciones municipales del ramo 28 de hasta 200 mil pesos y urgen ejercer de manera directa los fondos del ramo 33 en su fondo III y fondo IV que superan los 6 millones de pesos.
Holder, puntualizó que la exigencia de tal grupo violenta la ley orgánica municipal, puesto que las obras que se ejecutan en las comunidades están sujetas a una determinación de un consejo de desarrollo municipal, independiente de que deben ser licitadas públicamente mediante esquema de concurso transparente.
“El gobierno de Oaxaca no puede servir a caprichos de grupos para beneficiar a empresas constructoras por encima de la ley por que ello implicaría causar un conflicto de interés”.
Además precisó la constructora busca ser beneficiada con la presión en la adjudicación de obras, el año pasado recibió 5 millones de pesos para ejecutar una pavimentación de concreto hidráulico que no ha concluido.
“Recibieron el anticipo de un millón de pesos por la obra y la pavimentación quedó a medias”.
Dijo que derivado del incumplimiento el gobierno estatal ha iniciado un proceso de sanciones e investigación ante la Secretaría de la Contraloría Estatal para llamar a cuentas a los responsables de tal constructora.
Carlos Holder aclaró que es imposible que una agencia de policía maneje de manera directa los fondos municipales que provienen de la tesorería de la federación porque existen otras prioridades y se requiere de firma de documentos y validación de proyectos.
Resaltó que San Juan Ozolotepec es un municipio que tienen además de la cabecera municipal dos agencias municipales, una agencia de policía y tres rancherías.
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