Jesusa Cervantes / Proceso
MÉXICO, D.F. (apro).- La extinción de dominio en los casos de enriquecimiento ilícito, la participación ciudadana en el nuevo Sistema Nacional de Combate a la Corrupción y que el Tribunal de Justicia Administrativa investigue y sancione los casos graves, así como aumentar a cinco años la prescripción de los ilícitos, son parte de los primeros acuerdos de PRI, PAN y PRD para aprobar una nueva ley de combate a la corrupción.
El perredista Julio César Moreno, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, confió en que el martes próximo se elabore con esas coincidencias el dictamen para ser votado el jueves 26 en el pleno.
Durante la sesión de hoy de la comisión, la secretaría técnica dio a conocer los temas en que ya existe coincidencia y destacó que sigue como punto de conflicto la exigencia de PAN y PRD para que el titular de la Secretaría de la Función Pública sea ratificado por el Senado de la República.
El coordinador de los panistas, Ricardo Anaya, insistió en que no votarán los cambios constitucionales en materia de combate a la corrupción si el PRI no acepta la ratificación del encargado de la SFP por parte del Senado.
Otro punto de desencuentro es el rechazo del PRI a crear dos nuevas leyes: una en materia de corrupción y otra de responsabilidades administrativas. El partido en el poder pretende que ambos temas se incluyan en una sola norma.
A su vez, el PRD había sostenido que no iría con los cambios si no se incluía la extinción de dominio en los casos de enriquecimiento ilícito, pero este punto ya fue avalado por el PRI, e incluso forma parte del documento que hoy se distribuyó durante la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales.
Entre las coincidencias dadas a conocer este día destaca que se faculte al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para que investigue y sancione las faltas administrativas graves.
Además, el que se expida una ley general que establezca las bases de coordinación del Sistema Nacional para Combatir la Corrupción.
El sistema anticorrupción tendrá la participación de por lo menos cinco integrantes: el auditor superior de la Federación, el titular de la Fiscalía de Combate a la Corrupción, el presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información, un representante del Consejo de la Judicatura Federal, y como nuevo elemento el PRI aceptó a un representante del Comité de Participación Ciudadana.
La reforma en materia de combate a la corrupción considera la modificación de varios artículos de la Constitución, por lo que su aval requiere el voto de las dos terceras partes de la Cámara de Diputados, de ahí que PRD, PRI y PAN deban ceder en sus posiciones, pues ningún partido logra por sí solo la mayoría absoluta.
Auditorías “en tiempo real”
Otro de los temas en que ya existe consenso es en que la ASF realice auditorías en “tiempo real” y en que pueda auditar órganos autónomos e incluso fiscalizar fideicomisos, fondos y mandatos públicos y privados.
También se aceptó que la ASF pueda promover acciones ante las autoridades competentes derivado de la fiscalización en tiempo real, pues en la actualidad este organismo audita acciones ejercidas dos años atrás.
Igualmente, PRI, PAN y PRD han coincidido en que la Cámara de Diputados designe, con dos terceras partes de los presentes, a los titulares de los órganos de control interno de las entidades autónomas; incluso se les cambiaría el nombre por “auditoría preventiva y contraloría interna”.
En las reformas también se prevé la propuesta de Enrique Peña Nieto dada a conocer hace un par de semanas y que consiste en que los servidores públicos no sólo presenten su declaración patrimonial, además su declaración de intereses, es decir, que reporten si tienen vínculos con alguna empresa y que los actos de su cargo público pudieran beneficiar a la rama privada de la que forman parte o tienen relación.
Por último, a la ASF se le otorga la facultad de denunciar ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción y ejercitar demandas ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa por faltas graves de servidores públicos e incluso particulares.
En los subsecuentes días los partidos políticos seguirán negociando los puntos en que los que aún no hay consenso; en tanto, el IFAI y organismos de la sociedad civil recibirán un documento con los primeros acuerdos alcanzados
Publicación original: http://www.proceso.com.mx/?p=396399
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