Óscar Rodríguez
El gobernador de Oaxaca Gabino Cué, propuso a la Cámara de Diputados local una reforma constitucional de alto calado que comprende modificaciones -a 46 artículos, así como la derogación de 5 y la creación de 2 nuevos preceptos-, para crear la fiscalía estatal de justicia, un órgano anticorrupción y una adecuación para empatar las elecciones locales con las federales, lo que permitirá que haya un gobernador de 2 años.
Cué, dijo que la propuesta de reforma no solo busca armonizar la Constitución de Oaxaca con las Leyes Nacionales, sino mejorar sustancialmente el marco legal vigente.
Detalló que la propuesta tiene como propósito marchar a la vanguardia en el proceso de transformación y evolución constitucional que impera en la República, a través de un ejercicio de innovación jurídica que reconoce y respeta las particularidades y la diversidad de Oaxaca.
A principio de su administración Gabino Cué, presentó una reforma constitucional que creo la salas Constitucionales en materia de derechos humanos y reorganizó el aparato de gobierno para hacer las eficaz, mas independiente del resto de los poderes.
En conferencia de prensa, Cué expresó que la iniciativa que presentará a la Legislatura local- permitirá continuar fortaleciendo la vigencia del Estado de Derecho en la entidad, a través de la modernización de los servicios de procuración de justicia y el combate frontal a la corrupción.
Dijo que no hacerlo, significaría condenar a Oaxaca a condiciones de estancamiento y atraso frente a las exigencias crecientes de una sociedad que se expresa y se moviliza intensamente, en una búsqueda incesante de mayor equidad, de justicia imparcial y expedita.
Aseguró que con esta iniciativa se busca imprimir un mayor dinamismo al proceso de construcción y consolidación del régimen democrático, mediante la adopción de nuevos mecanismos de competencia político-electoral, la instauración de cambios sustantivos en los periodos de gestión gubernamental, además de la posibilidad de establecer mecanismos de reelección en cargos de representación popular.
Precisó que en materia de Derechos Humanos se plantea homologar los postulados de máxima protección vigentes en la Constitución Federal, donde los principios de pro-persona, el de universalidad, interdependencia y progresividad, constituyen la base para la máxima protección de los derechos humanos.
En materia político-electoral se propone la ampliación de los derechos políticos de los ciudadanos, así como la implementación de reglas más claras y equitativas para la competencia partidista.
Se sugiere que la próxima legislatura y los ayuntamientos a elegirse en 2016 homologuen su calendario al 2018, con el propósito de dar cumplimiento al mandato constitucional emanado de la reforma política de 2014. Serán los partidos políticos –dijo el mandatario oaxaqueño– quienes determinen el periodo del próximo gobernador para establecer si se elige por un periodo de 6, 5 o 2 años, lo que permitiría reducir de 4 a 2 años la celebración de comicios en la entidad, además de generar economías significativas al reducir el número de procesos electorales, y sobre todo, abatir las movilizaciones sociales inherentes a la contienda partidista.
En la propuesta se incorpora la figura de candidatos independientes a cargos de elección popular por el principio de mayoría relativa, con el otorgamiento de prerrogativas para la realización de sus campañas.
Asimismo, se establece que los oaxaqueños en edad de votar y ser votados, tienen el derecho supremo de no ser discriminados en las elecciones de autoridades municipales, fundamentalmente en aquellos municipios que se rigen por los sistemas normativos indígenas, mejor conocidos como “usos y costumbres”.
Con esta iniciativa se prevé la cancelación del registro para los institutos políticos estatales que no obtengan -al menos- el 3% del total de la votación válida emitida en los comicios para elegir Gobernador y Diputados Locales; asimismo los partidos políticos locales que pierdan su registro y los partidos nacionales que no alcancen el 3% de la votación válida en el proceso electoral anterior, no tendrán derecho a financiamiento público.
Se propone además la formalización de competencia electoral a través de coaliciones y candidaturas comunes, así como sancionar a los partidos políticos y candidatos que en su propaganda político-electoral, difundan expresiones que calumnien a las personas.
Y se pone a consideración, la reelección -por un periodo adicional de 3 años- para los diputados locales, presidentes municipales, regidores y síndicos, que fueron electos bajo el principio de mayoría relativa.
En materia de Transparencia, propone la creación de una renovada Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, órgano especializado autónomo que tendrá la responsabilidad de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados.
Bajo la regulación de este órgano autónomo, toda la información en posesión de cualquier institución gubernamental, persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes.
Referente a la Procuración de Justicia del Estado de Oaxaca, se propone la creación de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, órgano autónomo que habrá de sustituir a la Procuraduría General de Justicia del Estado.
La persona que funja como Fiscal General será elegida por el Congreso local, a partir de una terna propuesta por el Titular del Poder Ejecutivo, con una duración de 4 años en el cargo.
En este rubro también se prevé la creación de dos Fiscalías especializadas; una para la atención de delitos electorales y otra en materia de combate a la corrupción, cuyos titulares puedan ser nombrados y removidos por el Fiscal General de Justicia del Estado, y en su caso, objetados por el Congreso del Estado.
Para que la ciudadanía oaxaqueña tenga certeza absoluta que ningún gobierno solapará conductas indebidas de sus servidores públicos, en último término se propone la creación de un Sistema Estatal en Materia de Combate a la Corrupción.
Por lo que, con este propósito, se propone además la expedición de la Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, la instauración de una Fiscalía Especial con autonomía funcional y la implementación de los mecanismos jurídico-administrativos, de coordinación y participación ciudadana, que contribuyan a la prevención y combate eficiente de las prácticas indebidas en el servicio público.
También se plantea la fusión de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo y de Fiscalización, para crear el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas, y se contempla el fortalecimiento de los órganos de control interno de los Tres Poderes del Estado, de la Auditoría Superior del Estado y los Municipios, facultándolos para prevenir e investigar las responsabilidades administrativas cometidas por los servidores públicos, además de resolver en el caso de infracciones administrativas no graves.
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