Oscar Rodríguez
El padre Alejandro Solalinde, criticó al gobierno federal por intentar criminalizar una protesta social que solo busca reivindicar un derecho humanitario al libre transito.
Exigió la eliminación del programa Frontera Sur que ha impedido que se trasladen en el tren conocido como La Bestia.
Con respecto al enfrentamiento con federales que mantienen un operativo en la región, el clérigo afirmó
“Demostramos que en unidad se pueden logar muchas cosas. Dijimos que íbamos a pasar y lo logramos, pero lo hicimos con el apoyo de hermanos solidarios, del pueblo que está con la lucha de los migrantes”.
Negó que este violentado la ley, “me critican por ser solidaridario y humanitario, lo cierto es que con esta protestas buscamos denunciar las constantes vejaciones que sufren los inmigrantes a su paso para Estados Unidos”.
La caravana de migrantes que logro evadir y romper el cerco montado por el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Policía Federal, se alista para avanzar rumbo al municipio de Santo Domingo Tehuantepec, para después avanzar a bordo de autobuses a la ciudad de Oaxaca.
El contingente con unos 200 indocumentados, provenientes de Honduras; El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Cuba, entre ellos 35 niños y 34 mujeres, pernocto en la parroquia de San Vicente Ferrer, del municipio de Juchitán de Zaragoza, donde los indocumentados recibieron agua y alimentación.
El denominado Viacrucis del Migrante ha recorrido municipios de Chiapas y Oaxaca y buscan avanzar hacia la capital del país y se ser posible a la frontera norte.
En tanto el Comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Ardelio Vargas, rechazó que se vaya a replegar o retirar el operativo montado en la zona del Istmo de Tehuantepec, advirtiendo que se hará valer para sancionar a quienes se encuentren en territorio nacional sin acreditar su estatus de residencia.
Ardelio Vargas encabezó como mando de la policía federal, la recuperación de la ciudad de Oaxaca, cuando en 2006 fue sitiada y tomada por activistas de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y profesores de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que en ese tiempo exigían la renuncia del gobernador Ulises Ruíz.
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