El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría General de la República (PGR) investigan la presunta comisión de delitos fiscales y evasión de impuestos en la refinería “Antonio Dovalí Jaime”, donde la Sección 38 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) que encabeza Mario Carlock Villalobos es señalada de desaparecer la Comisión de Contratos, usufructuar una caja de ahorro y ser al mismo tiempo proveedor de servicios de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Las indagatorias fueron iniciadas a partir de que se detectaron facturas fiscales que no cumplen con los requisitos fiscales, por un monto superior a los 7.2 millones de pesos, mismos que se cobran a Pemex por concepto de transporte de personal.
También investigan el manejo de una caja de ahorro inexistente, operada por la sección 38 que encabeza Carlock Villalobos y que anualmente tiene un promedio de utilidades de 15 millones de pesos.
Según las indagatorias, los préstamos a los trabajadores petroleros, a una tasa del 4 por ciento, no provienen de una caja de ahorro, pues nadie hace depósitos, sino de las mismas cuotas sindicales que aportan a la Sección 38 del STPRM.
Las primeras indagatorias son del conocimiento de la Procuraduría General de la República, a cuyos agentes del Ministerio Público fueron entregadas facturas originales y certificadas en las que se demuestra la falsificación de documentos y la probable evasión de impuestos.
Del caso también tiene conocimiento Concepción Guadalupe Pinelo López, titular de la Administración Local de Auditoría Fiscal del SAT, ante quien fue presenta una más de las denuncias desde el mes de marzo y cuyo expediente es compartido por las autoridades fiscales federales.
En la refinería también se investiga cómo fue desaparecida la Comisión de Contratos Sociedad Civil de la Sección 38 del Sindicato Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, cuyo capital económico quedó perdido al crearse una nueva empresa en la que ya no aparecen los activos, entre ellos recursos económicos, camiones y hasta estaciones gasolineras.
El SAT y la PGR también investigan la posible simulación de contratos para evadir el pago del Impuesto Sobre la Renta y, por si fuera poco, consideran que la misma legislación impide a quienes son servidores públicos de Pemex realizar trabajos como proveedores y prestadores de servicios.
Las investigaciones también incluyen el cobro a la Terminal Marítima de la paraestatal de acuerdo con la denuncia presentada ante el Servicio de Administración Tributaria y al Procuraduría General de la República.
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