LIBERTAD PARA NESTORA: ¡Dos años de injusticia e impunidad!

¡Exigimos liberación inmediata de la defensora comunitaria Nestora Salgado!
10 de agosto 2015.
C. Enrique Peña Nieto
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
PRESENTE
A través de la siguiente comunicación nos ponemos en contacto con Usted para unirnos a la exigencia nacional e internacional de la liberación inmediata e incondicional de la defensora comunitaria Nestora Salgado, originaria de la comunidad de Olinalá en el estado de Guerrero, México.
Es de nuestro conocimiento que la defensora comunitaria y dirigente de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de Olinalá, fue detenida ilegal y arbitrariamente el 21 de agosto de 2013. Asimismo, siete elementos más de la CRAC-PC fueron detenidos y tres más se encuentran bajo proceso, libres bajo caución, por eventos relacionados y otros más de criminalización.
La detención de la defensora se realizó tras un aparatoso operativo integrado por miembros del Ejército Mexicano, la Marina, la Policía Estatal y Policía Municipal de Olinalá, sin que se le mostrara orden judicial de detención emitida por alguna autoridad competente, ni se le informara de las razones de su detención.
Desde un inicio, dicha detención estuvo plagada de irregularidades que evidenciaron flagrantes violaciones al derecho a la libertad personal, en el marco de falta absoluta de respeto y garantía al debido proceso legal y otras violaciones a sus derechos humanos.
Luego de haber sido trasladada en las primeras horas a la ciudad de Chilpancingo, sin ser presentada ante un Juez en ese lugar; no contó tampoco con asistencia consular por ser también ciudadana estadounidense y no fue auxiliada por algún abogado de elección. Posteriormente, Nestora Salgado fue llevada a la ciudad de Acapulco por algunas horas, en donde se le tomó declaración preparatoria en indefensión e incomunicación.
Es de nuestro conocimiento que desde antes de su detención existía orden expresa y escrita firmada por el entonces Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil de Guerrero para detener a Nestora en el penal de máxima seguridad de Nayarit, y a tal efecto fue trasladada a ese lugar en un avión del entonces gobernador Ángel Aguirre.
De acuerdo a la ley mexicana y a la interpretación constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el único facultado para autorizar un traslado, previa solicitud del fiscal debidamente fundada y motivada es el juez, sin embargo, el Código Procesal Penal de Guerrero incluso no otorga siquiera facultades al juez para autorizar el traslado de una persona no condenada a un penal de máxima seguridad.
En dicho penal se le calificó administrativamente, sin revisión judicial, como presa peligrosa, colocándola en régimen de máxima seguridad y confinamiento solitario, esto imposibilitó la comunicación efectiva con sus familiares y defensa, lo que tuvo graves consecuencias en su salud física y mental.
Desde su detención, elementos de seguridad pública estatal y castrense irrumpieron en la casa de justica de El Paraíso, en Ayutla, Guerrero, deteniendo a elementos de la CRAC-PC quienes se encontraban a cargo de las personas detenidas y bajo el sistema de reeducación comunitaria; por ello les imputaron 3 causas estatales por delitos de secuestro y liberaron a quienes habían sido detenidas por el sistema de seguridad y justicia indígena reconocido bajo la Ley 701 del Estado de Guerrero.
Por otra parte, con los mismos hechos, denunciantes, argumentos y evidencias se le abrió un proceso penal federal por delincuencia organizada, duplicando los procesos penales. Sin embargo, el 30 de marzo de 2014, Nestora Salgado fue exonerada por el Poder Judicial federal, el cual a través del Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Primer Circuito con residencia en Chilpancingo revocó el auto de formal prisión por delincuencia organizada, en modalidad de secuestro, y ordenó su libertad inmediata respecto de ese delito, reconociendo la legalidad de las funciones de la policía comunitaria de Guerrero.
Sin embargo, esto no redundó en su liberación y los procesos estatales siguen su curso, produciendo una violación del principio non bis in idem (al ser juzgada en dos fueros distintos por los mismos hechos), lo que dificulta su defensa y acceso a la justicia. Toda persona tiene derecho a la seguridad jurídica, así como el derecho de toda persona detenida a un proceso justo, imparcial y equitativo.
Asimismo en enero de 2015, el entonces Gobernador Interino del Estado de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, consideró a Nestora Salgado García como presa política manifestando públicamente que debía ser liberada inmediatamente. Para ello, hizo pública la solicitud al titular de la Fiscalía General de Guerrero, Miguel Ángel Godínez Muñoz, del desistimiento de la acción penal contra la defensora comunitaria1. Pese a ello y a las pruebas insuficientes y contradictorias la defensora continúa en prisión. Recientemente el Gobernador de Guerrero, expresando que busca la liberación de Nestora, impulsó una ley de “amnistía”, sin embargo, la justicia es la exigencia que hasta el día de hoy reclama la defensora, su familia y sus representantes.2
Cabe mencionar que el 28 de enero de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a la defensora Nestora Salgado, considerando que se encuentra en una situación de gravedad, urgencia y ante la inminencia de sufrir daños irreparables a los derechos a la vida y a la libertad personal, originados por las condiciones de detención en las que se mantenía a Nestora en Nayarit. Asimismo, ordenó investigar el origen de esta situación, mediante la cual la defensora ha sufrido graves afectaciones a su salud.
En mayo de 2015, Nestora Salgado, en el marco de implementación de las medidas ordenadas por la CIDH, y ante la reticencia del Estado mexicano para trasladarla de penal para salvaguardar su vida, la defensora inició una huelga de hambre que duró un mes. Posteriormente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que se produjeron graves violaciones de derechos humanos durante su detención y recomendó que fuera trasladada al Centro de Readaptación de Tepepan en la Ciudad de México.
Asimismo, el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ordenó incorporar a Nestora a dicho mecanismo, sin adoptar medidas efectivas que atiendan el problema de su criminalización y privación injusta de libertad.
La huelga de hambre emprendida por Nestora y las reuniones que se realizan para implementar las medidas cautelares ordenadas por la CIDH visibilizó la falta de voluntad política para la liberación de la defensora, a pesar de que no se cuenta con las pruebas necesarias para sostener las acusaciones que se le imputan y que se han evidenciado graves violaciones al debido proceso que invalidan lo actuado por la justicia guerrerense.
Además, el Presidente del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, y los Relatores sobre la violencia contra la mujer, la Tortura, los Defensoras/es de Derechos Humanos, la Independencia de los Jueces y Abogados, los Pueblos Indígenas, y la Salud han recibido información sobre la situación de la defensora y firmado una acción urgente dirigida al Gobierno Mexicano pidiendo la libertad de la defensora comunitaria.
La detención ilegal y arbitraria de Nestora Salgado es a todas luces un ejemplo de la criminalización contra las y los defensores de derechos humanos en México en represalia a la labor en defensa de los derechos de los pueblos indígenas y por el ejercicio de su derecho a regirse bajo sus propios sistemas normativos como autoridad indígena.
Evidencia de ello es también la detención de los otros policías comunitarios integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC): Bernardino García Francisco, Ángel García García, Eleuterio García Carmen, Abad francisco Ambrosio, Florentino García Castro y Benito Morales Bustos, integrantes de la Policía Comunitaria de El Paraíso y Samuel Ramírez Galvez, integrante de la Policía Comunitaria de Zitlatepec, quienes desde 2013 se encuentran también encarcelados de manera arbitraria, así como la detención de Marco Antonio Suastegui, Vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (CECOP) quien se encuentra preso desde junio de 2014.
Es por ello, que a dos años de la injusta detención de la defensora exigimos al Gobierno Federal y a las autoridades del Estado de Guerrero:

• La inmediata e incondicional liberación de la defensora Nestora Salgado García y de los demás presos políticos del estado de Guerrero.

• Reparación integral del daño para la defensora y su familia.

• Garantías de seguridad para la familia de la defensora y sus defensoras/es.

• Acto público de reconocimiento de responsabilidad por parte de las autoridades del estado de Guerrero para la defensora, su familia y la comunidad afectada por la detención ilegal de la defensora.

• Cese a la criminalización contra las y los defensores de derechos humanos en el estado de Guerrero.

Atentamente,

Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM)
Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras)
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas y Todos»(RedTDT).

C.c.p Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación de los Estados Unidos Mexicanos.
C.c.p. Arely Gómez, Procuradora General de República (PGR).
C.c.p. Roberto Campa Cifrían, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
C.c.p. Sara Irene Herrerías, Coordinadora Ejecutiva Nacional del Mecanismo de Protección para Personas
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (SEGOB).
C.c.p. Rogelio Ortega Martínez, Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero.
C.c.p Miguel Ángel Godinez, Fiscal General de Estado de Guerrero.
C.c.p Magistrada Lambertina Galeana Marín, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Guerrero.
C.c.p Ramón Navarrete Magdaleno, Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CODDEHUM).
C.c.p. Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
C.c.p.Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (SEGOB).
C.c.p. Sr. Michel Forst, Relator Especial sobre la situación de defensoras/es de los derechos humanos de la ONU.
C.c.p. Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU.
C.c.p.Sr. José de Jesús Orozco, Relator sobre los Derechos de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la CIDH.
C.c.p. Sra.Tracy Robinson, Relatora sobre los Derechos de las Mujeres de la CIDH.
C.c.p. James Cavallaro, Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad.
C.c.p Anthony Wayne, Embajador de Estados Unidos en México.
C.c.p John Kerry, Secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamerica.
C.c.p. Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México.

1 La Jornada “Se desiste gobierno de Guerrero de acción penal contra Nestora Salgado”: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/01/08/se-desiste-gobierno-de-guerrero-de-accion-penal-contra-nestora-salgado-2713.html

2 Proceso “Ortega ofrece abogar por una ley de amnistía para lograr la liberación de Nestora Salgado”: http://www.proceso.com.mx/?p=407943