Por Gabriela Ramírez
SemMéxico. 28 de septiembre de 2015.- El gobierno del estado de Baja California deberá responder a catorce recomendaciones sobre la violencia contra las mujeres, si quiere evitar la declaración de la Alerta de Violencia de Género (AVGM).
Organizaciones sociales opinan, “es mejor una acción integral” que la Alerta. Sostienen que ante violaciones graves en definitiva vale pelear por el cumplimiento cabal con lo establecido en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
En un estudio realizado por organizaciones sociales y expertas, tal como lo reglamenta la Ley, se pudo establecer que hasta ahora el gobierno estatal ha sido omiso en la atención y el combate a la violencia contra las mujeres.
El pasado 27 de enero, Mertixell Calderón Vargas, directora y representante de la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos A.C. solicitó la declaratoria de la AVGM para Baja California ante el aumento de feminicidios sobre todo en los municipios de Ensenada, Mexicali y Tijuana.
En la solicitud, la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos A.C argumentó que las autoridades de Baja California insistían en negar el fenómeno de violencia feminicida y que esto aunado a la falta de tipificación efectiva del delito de feminicidio, reflejaba una misoginia institucional.
Destacó que los homicidios de las mujeres se caracterizaban por su brutalidad y refirió la situación de los asesinatos de mujeres transexuales, transgénico, travestis y de hombres homosexuales por su apariencia femenina, por primera vez incluidos en una solicitud de alerta de violencia de género, quienes son víctimas de violencia sistemática derivada de la misoginia y transfobia de las y los servidores públicos.
La solicitud fue admitida el 11 de marzo y se conformó un grupo de trabajo para el análisis de la AVGM integrado por María Guadalupe Días, representante del Instituto Nacional de las mujeres; Guadalupe Anel Ortega, de Conavim; Ricardo soto, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; Silvia López y Marlene Solís del Colegio Frontera Norte; María Graciela Freyermuth, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social; Marta W Torres de la Universidad Autónoma Metropolitana; y Rosa María Aguilar del Instituto de la Mujer de Baja California.
Violencia contra las mujeres en Baja California
El grupo de trabajo luego de un análisis determinó que las autoridades del estado de Baja California han cometido una falta grave al no contar con información exacta de cuántas mujeres, niñas, adolescentes y mujeres indígenas, migrantes internacionales o internas, y de la comunidad LGTTTBI han sido víctimas de algún tipo de violencia, señala el informe publicado en la página de la Conavim.
El documento dice que ha habido en esta entidad un contexto de impunidad crónica y que muestra la falta de interés institucional por asegurar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y a la justicia.
Según las cifras presentadas por la Red y por las autoridades estatales, de 2008 a 2015, 84 mil 750 niñas, adolescentes y mujeres fueron víctimas de delito por actos relacionados con violencia psicológica, física, sexual o patrimonial.
El documento explica que en la entidad en este periodo se iniciaron 677 averiguaciones por homicidio en agravio de 727 mujeres. De ellas, las autoridades sólo pudieron establecer la ocupación de una “bailarina”, dos que estaban relacionadas con la venta de droga y diez que eran trabajadoras sexuales. Datos que se utilizaron para revictimizar a estas mujeres.
Entre el número total de víctimas, 11 eran extranjeras y 113 mujeres bajacalifornianas, pero con respecto a 556 mujeres, no se proporcionó información.
También el informe señala que por el delito de violencia familiar se iniciaron 15 mil 533 averiguaciones con 16 mil 078 víctimas. La mayoría de los casos ocurrieron en Tijuana.
En cuanto al delito de violación, la Procuraduría local refirió haber iniciado 5 mil 594 investigaciones con 5 mil 911 víctimas. La mayoría de los casos tuvieron lugar en Mexicali.
Con respecto al delito de hostigamiento sexual, fueron abiertas 688 averiguaciones con 713 víctimas. En cuanto al delito de trata de personas, entre 2011 y 2015, se iniciaron 106 averiguaciones.
“Llama la atención que en un número importante de casos se desconozcan las circunstancias o características de las víctimas” señala el informe.
En cuanto al estado procesal que guardan todos los casos, se da cuenta de que el 80 por ciento no tiene una sentencia y que eso ha dado lugar a un contexto de impunidad.
Las recomendaciones
Una vez que se configuró un panorama de la violencia contra las mujeres en la entidad, el grupo de trabajo formuló catorce recomendaciones que deberán ser atendidas por el gobierno estatal y el plazo termina el 16 de diciembre.
Las recomendaciones contemplan la aprobación de la reforma correspondiente de la Ley local de Acceso a fin de crear un Banco Estatal de datos que deberá proveer información sobre la violencia contra las mujeres en la entidad; la elaboración y difusión del Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Deberán aprobar la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres; dotar al Inmujer de la estructura, presupuesto y recursos humanos para el desarrollo de sus actividades; crear agencias especializadas en los delitos de feminicidio y desaparición de mujeres, así como agencias especializadas separadas que investiguen los delitos contra la libertad y seguridad sexual, y la violencia familiar.
También tendrán que instalar albergues o refugios para mujeres víctimas de violencia; elaborar y difundir los protocolos especializados en la investigación de delitos contra la libertad y seguridad sexual de las personas, del delito de feminicidio y de la desaparición de mujeres.
Capacitar en materia de órdenes de protección, a las y los servidores públicos encargados de su implementación; institucionalizar el Modelo de Atención de la Violencia contra las Mujeres para el Estado de Baja California 2014; capacitar en materia de derechos humanos con un enfoque de género e interculturalidad, a las y los prestadores de servicios de salud de urgencias y de gineco obstetricia.
También se ha solicitado realizar programas de capacitación permanente para el personal operativo de la Policía Municipal y Estatal en materia derechos humanos, perspectiva de género e interculturalidad; impartir capacitaciones especializadas a todas las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia en la entidad; generar campañas permanentes, hacia hombres y mujeres con el propósito de visibilizar e identificar los tipos y modalidades de violencia; y crear programas de reeducación a hombres generadores de distintos tipos y modalidades de violencia.
El gobernador Francisco Vega aceptó el 12 de junio, cumplir puntualmente las recomendaciones.
Los avances, las organizaciones hacen el trabajo
Mertixell Calderón Vargas, directora y representante de la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos A.C dijo en entrevista con SemMéxico que sí hay avances respecto a estas recomendaciones.
Explicó que han participado en mesas de trabajo con las autoridades estatales, otras organizaciones y universidades para generar soluciones.
Sin embargo destacó que para que muchas actividades se lleven a cabo, es necesario que se asigne un presupuesto y éste llegaría hasta el año que entra, por eso las propias organizaciones están donando su trabajo sobre todo en materia de capacitación, y difusión y creación de campañas, con la finalidad de ayudar al estado a dar respuesta a estas recomendaciones.
“Nosotras aportamos lo que está en nuestras manos, queremos ayudar. Más que una postura de presionar al estado queremos que haya acciones inmediatas para frenar la violencia. El problema no es la falta de voluntad política sino el desconocimiento, en tema de género estamos muy atrasados”, explica Calderón.
Añadió que sí hay avances por ejemplo en que ya hay averiguaciones previas por delitos de feminicidio, y se ha capacitado al personal del Tribunal Superior de Justicia y de la Procuraduría estatal.
Según una entrevista publicada en el diario Zeta de Tijuana el 24 de agosto, el subsecretario general de gobierno Javier Gutiérrez Vidal señaló que consideraba difícil que para diciembre se pueda contar con el Centro de Justicia para la Mujer, pero recalcó que no querían la declaración de la alerta.
“Lo que menos queremos es que se decrete una alerta de Violencia de Género en nuestro estado porque eso diría que no estamos haciendo nuestra tarea. Además crea una serie de conflictos al interior del estado con inversionistas, con gente del extranjero, con turismo”, sostuvo entonces el funcionario, sin hacer mención de las vidas que ha costado el hecho de que no hayan implementado acciones para combatir la violencia a tiempo.
Refirió entonces que se estaba trabajando en la plataforma del Banco Estatal de Datos que estaría listo para octubre; que el programa de trabajo del Sistema Estatal de Prevención y Atención de la Violencia contra mujeres, ya estaba en elaboración.
Respecto a las órdenes de restricción, Gutiérrez Vidal aseguró al diario local que va muy avanzado y que ya se cuenta con teléfonos celulares básicos que solo marcan al número de emergencia para avisar sobre el peligro de violencia.
“Esperamos que logremos que no se emita la alerta, pero si se emite, estaremos muy vigilantes para tomar nota de qué se hace con el presupuesto y cómo se aplica porque el hecho de que haya una declaratoria y de que llegue ese presupuesto, al final no nos garantiza nada” puntualizó Mertixell Calderón Vargas.
Dejar una contestacion